ue el Gobierno central admita ahora, más de tres años después, que el despido del periodista Patxi Zamora de la empresa Iberia, donde llevaba más de 30 años de trabajo como auxiliar de vuelo, se debió a sus ideas políticas es un enorme escándalo democrático. Lo único bueno de este reconocimiento público de la persecución laboral de una persona por sus forma de pensar y participar en listas electorales de ANV de su localidad es que se pone lápiz y papel y membrete oficial a lo que era un secreto a voces. Un episodio de guerra sucia de los aparatos políticos y policiales del Estado, entonces bajo gobierno del PP, que vulnera los principios constitucionales y los valores de cualquier sistema democrático. El episodio vital de Patxi Zamora durante estos tres años ha sido surrealista con una sucesión de capítulos del serial kafkiano que puso en marcha el despido de quien también ejerció como portavoz de Kontuz!, un colectivo social dedicado a la labor de investigación y denuncia de la corrupción con apariencia de legalidad en el anterior régimen de Navarra. Cuando se hizo público el caso escribí en febrero de 2018 una columna en este mismo espacio de DIARIO DE NOTICIAS que titulé Un despido que apesta a cloacaUn despido que apesta a cloaca y esa percepción se ha confirmado ahora. Un ejemplo más de cómo el Gobierno central sigue negándose sistemáticamente a asumir su responsabilidad democrática en la aplicación de medidas excepcionales al margen de las reglas de juego democrático. Y ha coincidido en la misma semana en el que el Congreso bloqueó una vez más una iniciativa del PNV -y otra de Geroa Bai en el Senado- para reabrir el caso de Mikel Zabalza y en la que un informe de la cátedra de Derechos Humanos de la UPV denunciaba las importantes y graves deficiencias en la investigación policial y judicial sobre la desaparición del joven navarro José Miguel Etxeberria Naparra. Aquel todo es ETA que se impuso acríticamente y que supuso en muchos casos la superación de las líneas rojas de la democracia durante años bajo la excusa de la lucha contra el terrorismo de ETA, dio paso después a un nuevo todo vale contra opciones políticas incómodas o cualquier tipo de protesta laboral o social o ejercicio de libertad de expresión y de opinión con la aprobación de leyes de regresión antidemocrática que se aplicaron con dureza penal y multas económicas a miles de ciudadanos. El caso de Patxi Zamora es uno más, aunque quizá uno de los más evidentes de la puesta en marcha de una estrategia policial y política para joder la vida a una persona como venganza por sus actuaciones y opiniones. Ha llegado al Congreso, al Senado, al Parlamento Europeo y si la Justicia española no rectifica y reabre el caso con esta nueva información, llegará también al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El resultado está claro: con Patxi Zamora se ha vulnerado la Constitución, sus derechos civiles y políticos democráticos, se ha vulnerado la legislación laboral y sus derechos laborales y se han vulnerado los compromisos internacionales del Estado español en el ámbito de la protección de los derechos de las personas. Impresentable. Tiempo de verdad, justicia y reparación para Zamora. Por eso, como ya escribí hace tres años, el desenlace se presenta verdaderamente interesante.