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Aval constitucional a una ley necesaria

20.05.2021 | 01:01
Aval constitucional a una ley necesaria

El aval definitivo del Tribunal Constitucional a la ley navarra para reconocer y reparar a las víctimas del terrorismo ultraderechista, de la guerra sucia del Estado y de los abusos policiales confirma que el Gobierno de Navarra tiene plena legitimidad para satisfacer los derechos de estas víctimas incluso sin que exista sentencia judicial y con todas las garantías, ya que este amparo a los damnificados no supone una invasión de competencias reservadas a la justicia ni vulnera garantías constitucionales como el derecho a la tutela judicial efectiva. Esta constatación, pese a su aparente obviedad, ha necesitado de seis largos años de batalla política y judicial y una sentencia del Tribunal Constitucional tras un recurso presentado por el PP y Ciudadanos contra esta normativa foral aprobada la pasada Legislatura por el Parlamento de Navarra por el impulso del Gobierno de Uxue Barkos. De hecho, el alto tribunal es contundente en su sentencia al establecer que la ley no pretende, porque no podría esclarecer posibles delitos, sino constatar la existencia de víctimas y su eventual derecho a reparación. Una memoria y justicia pendientes que condenaba a estas personas y a sus familiares al limbo de saberse y sentirse víctimas de segunda. De hecho, supone un varapalo para quienes desde el mismo inicio del proceso para su gestación han tratado de impedir que la ley viera la luz, utilizando para ello premisas y razonamientos falsos con el único objetivo de imposibilitar que víctimas de graves vulneraciones de derechos humanos por intervención de fuerzas y cuerpos policiales obtengan un mínimo reconocimiento y reparación. Los hechos que trata de poner en valor esta Ley Foral –el reconocimiento y la memoria de personas que fueron víctimas de la violencia ultra, parapolicial y de la guerra sucia– están asumidos y reconocidos y rechazados por la inmensa mayoría de la sociedad navarra. Forman parte también de esas décadas de violencia que ha sufrido este país con ETA como principal protagonista. Es imposible negar que ha habido agresiones y asesinatos de grupos de ultraderecha, que ha habido detenciones ilegales y personas torturadas por funcionarios públicos y que ha habido terrorismo de Estado. No solo está documentado, sino que hay sentencias y condenas judiciales que lo corroboran, tanto de los tribunales ordinarios y altos tribunales del Estado como de la UE. En realidad, la ley solo pretende la equiparación de todas las víctimas de las violencias y trata de poner fin a una injusticia política e institucional en el trato de las personas y familias que han sufrido el terrorismo, la persecución, las torturas y los malos tratos más allá del terrorismo de ETA. No puede haber ni admitirse en una sociedad democrática –más aún en el caso de Navarra, donde hay todavía miles de víctimas del genocidio franquista desaparecidas– víctimas de primera o de segunda, ni menos aún una división de las víctimas por intereses partidistas. La ley es necesaria si lo que se pretende es construir una sociedad desde valores democráticos. Una sentencia que ampara a las víctimas y supone un gran paso en materia de memoria y convivencia.

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