Casi dos días ha tardado Feijóo en salir a valorar la imputación de Montoro, pese a que se trata de un asunto de tremendo calado. No en vano, estamos ante una instrucción judicial contra el último ministro de Hacienda del PP, sobre quien pesa la sospecha de que su bufete cobró unos 11 millones de euros de empresas gasistas, eléctricas y renovables que pagaban este dineral en comisiones para que el ahora investigado influyera en las decisiones del Gobierno de M. Rajoy.

Es decir, un escándalo mayúsculo y organizado que supuestamente ha derivado en un lucro cuantitativamente muy superior al que al parecer proporcionaban las mordidas a Koldo y Ábalos. Repuesto del sofoco, Feijóo se ha limitado a decir, a través de la red social X, que “lo que haya que investigar, que se investigue”. Una reacción muy comedida de quien ve la aguja en el ojo ajeno pero no aprecia la viga en el propio.

Después de semanas de comparecencias públicas casi diarias exigiendo la dimisión de Sánchez por la causa judicial en fase inicial que afecta a Cerdán, el presidente del PP ha optado por ordenar que se levante un cortafuegos con Montoro. Una doble vara de medir la corrupción que en el fondo evidencia el golpe que supone este procedimiento para el PP, pese a su insistencia por desentenderse del problema.