El último anuncio deSánchez en materia de vivienda, con la propuesta de beneficios fiscales para los propietarios que no incrementen el precio del alquiler cuando se renueven los contratos, no solo ha servido para abrir una nueva grieta con sus socios sino para volver a poner en primer plano un problema real. Navarra por el momento no se plantea aplicar la medida del Gobierno central porque, en el ejercicio de sus competencias, ya cuenta con sus propios beneficios fiscales ligados al alquiler en determinadas condiciones.
La vivienda es un asunto complejo, por la cantidad de agentes que intervienen y sobre todo por la presión del mercado, pero debería ser abordado desde el punto de vista de las personas y de garantizar desde lo público el derecho a la vivienda como algo esencial, optando por construir más vivienda pública accesible, para la venta o el alquiler. Pero la realidad es que cuando miles de personas, aquí y en el resto del Estado, no pueden pagar un piso en propiedad por el elevado coste del mercado libre y la escasa oferta de vivienda pública, el alquiler es la única opción. Un alquiler que no se cubre ni de lejos con la oferta de pisos protegidos y precisa de propietarios dispuestos a dejar sus viviendas para ese uso. En ese mercado hay de todo, pero es cierto que la mayoría son pequeños propietarios que en muchos casos completan sus ingresos con lo que sacan con esa renta.
Enfrentar a propietarios con inquilinos no parece una buena opción, porque los unos se necesitan a los otros. Mejor regular para que el mercado sea más justo, limitar sí o sí los precios excesivos y exigir que quien tenga vivienda vacía la saque en alquiler para satisfacer el derecho básico a otro ciudadano o ciudadana. Solidaridad se llama, y también se da en algunos casos.