El desalojo del asentamiento de Aranzadi no creo sinceramente que resuelva nada; simplemente desplaza el problema. Cerca de un centenar de personas migrantes han sido expulsadas con una respuesta de emergencia que apenas alcanza para tres noches en albergues, pensiones o habitaciones de hotel. Un parche breve para una realidad mucho más profunda.Nadie discute que los recursos sociales son limitados, pero sí cabe cuestionar una intervención que parece pensada más para retirar el problema de la vista que para abordarlo. Además, el momento elegido no es casual: la víspera de una posible regularización extraordinaria por parte del Gobierno.
Mientras unos abren vías de integración, otros optan por el desalojo. El Ayuntamiento sabe que la medida no es impopular. Que hay una parte de la ciudadanía que no quiere ver ni asentamientos ni a quienes los habitan. Y ha aplicado aquello de “a grandes males, grandes remedios”, sin detenerse en los matices. Porque detrás hay historias distintas, y jóvenes que buscan formarse, trabajar, salir adelante. Ya ocurrió en el campamento tras el Tenis. Y sigue pendiente la antigua ikastola Jaso. El problema no desaparece, se mueve. Algunos se irán, otros no, otros llegarán. Muchos volverán a lame calle y serán mirados con recelo, marcados como si formaran parte de un “grupo maldito”, después de haber sido desalojados de forma indiscriminada. Pamplona se arriesga a consolidar algo más preocupante que un conflicto puntual: un prejuicio hacia la inmigración magrebí que no es solo institucional, sino también social. Y eso sí que no se soluciona con un desalojo.
