el día 28 de septiembre se celebra el Día Internacional del Derecho a Saber, iniciativa promovida por la ONU con el objetivo de concienciar a la ciudadanía sobre su derecho a conocer a la información generada por la actividad pública y, desde la capacidad obtenida de esa información, a participar e implicarse en los asuntos públicos.
La información elaborada por los poderes públicos para el ejercicio de sus funciones pertenece a la ciudadanía. Este es el fundamento de nuestro derecho a saber. Pero para saber, las instituciones públicas han de permitir y facilitar el acceso a la información que poseen, lo que exige que se tornen transparentes en su actividad. Entonces, la transparencia impide o previene corruptelas y malas prácticas, genera confianza de la ciudadanía en sus instituciones públicas, y permite la participación ciudadana en el quehacer público.
En Navarra podemos celebrar este Día Internacional del Derecho a Saber congratulándonos de que el pasado 23 de agosto entraron en vigor la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, y la Ley Foral 7/2018, de 17 de mayo, que crea la Oficina Anticorrupción, leyes que el legislador foral ha promulgado en respuesta al creciente movimiento social reclamando ética y transparencia en la acción de gobierno y en la gestión de los asuntos públicos.
Y es que, en nuestro país, como reacción a los sucesivos casos de corrupción que han ensombrecido la gestión pública, es ya un imperativo social poner fin a la opacidad que tradicionalmente ha presidido el quehacer de los responsables y gestores públicos y que ha propiciado corruptelas y malas prácticas, incluso durante la actual época de democracia. Lamentablemente han tenido que transcurrir cuarenta años de democracia para que se aprueben las vigentes leyes de transparencia con las que se pretende, además de poner freno a la corrupción, impulsar una democracia avanzada, pues, parafraseando a Norberto Bobbio, la democracia no es otra cosa que la gestión de lo público en público. Y, en efecto, solo cuando la actuación de los responsables y gestores públicos se somete a un escrutinio continuo por parte de la ciudadanía a la que sirven, rindiendo cuentas de su actuación, es cuando se puede hablar de democracia avanzada y participativa.
Sin embargo, para hacer realidad una democracia avanzada y participativa no basta con la existencia de leyes de transparencia y de buen gobierno, pues las leyes por sí solas no tienen efectos taumatúrgicos; no son una varita mágica que con su mera promulgación haga que las administraciones, universidades y demás entes públicos se vuelvan transparentes y los gobernantes y gestores observen los principios de ética y reglas de conducta propias de un buen gobierno. Además, es imperioso educar y sensibilizar en el valor de la transparencia a los políticos y altos cargos de los entes públicos. También hay que educar a las personas particulares para que ejerzan su derecho a saber visitando cotidianamente las sedes electrónicas y, en su caso, solicitando el acceso a aquella información o documentos públicos que les puedan interesar, bien por razones familiares, laborales, profesionales, comerciales, etcétera, bien para el control de los políticos y gestores, o bien porque la información fundamenta decisiones que afectan a la comunidad donde viven. Para que la cultura de la transparencia avance es imprescindible que la ciudadanía ejerza su derecho a saber.
También es preciso disponer de instrumentos de seguimiento, control y evaluación del cumplimiento por las administraciones y demás sujetos obligados de los mandatos legales de transparencia. Los Consejos y los Comisionados de Transparencia se han acreditado como un mecanismo apto para velar por la transparencia en la acción de gobierno, así como para fomentar el ejercicio por la ciudadanía de su derecho a saber. De ahí que el legislador foral haya creado en Navarra un Consejo de Transparencia, instituido como un órgano colegiado imparcial e independiente para procurar que la transparencia en la actividad pública no se limite a un buen deseo sino sea una realidad, y para impulsar el ejercicio por la ciudadanía de su derecho a saber.
Puede dirigirse al Consejo de Transparencia de Navarra, de forma presencial o electrónica, cualquier persona que considere que una administración, entidad o institución pública o un grupo de interés no cumple con sus obligaciones de publicidad activa, o que la solicitud de información que ha cursado a una administración no ha sido satisfecha debidamente. La reclamación ante el Consejo no es una pérdida de tiempo pues esas reclamaciones, tras su rápida tramitación, prosperan en un porcentaje mayoritario. Además, la Ley Foral de Transparencia ha dotado al Consejo de los mecanismos necesarios para que las resoluciones que dicte en el ejercicio de sus funciones se cumplan por las administraciones obligadas. Exhorto, pues, a la ciudadanía a que haga uso de este órgano, de cuya utilidad no debe dudar.
El autor es presidente del Consejo de Transparencia de Navarra
