Banalización del terrorismo. Covite y caso Alsasua

08.02.2020 | 21:12

en el diario El País de 15 de febrero pasado aparecen unas amplias declaraciones de Consuelo Ordóñez, presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), en las que se explaya de forma detallada y contundente contra Pablo Casado, por las comparaciones que este ha hecho entre los independentistas catalanes y ETA, al llegar incluso a decir que los primeros aplican la estrategia y método de la extinta organización terrorista. La señora Ordóñez ha reaccionado precisamente por considerar que esas manifestaciones del líder del Partido Popular incurren en una utilización espuria del concepto de terrorismo, y en una banalización del mismo que perjudica a las víctimas, al "mezclar cosas que nada tienen que ver".

La tesis que voy a desarrollar a lo largo de estas líneas es que esto que la señora Ordóñez critica a Pablo Casado, con razón, es exactamente lo que ha hecho Covite en el caso de Alsasua.

En primer lugar, es un hecho claro que en el caso citado Covite intervino precisamente para que fuera posible reorientar el caso a través de la Audiencia Nacional, al ser competencia de esta un posible caso de terrorismo. Esa posibilidad la brindó Covite con su denuncia, como acusación popular, solo tres días más tarde de los hechos, al considerarse legitimada en la medida en que, según sus estatutos, que ponen la persecución del terrorismo como objetivo principal, podía presentarse como persona afectada y constituirse en parte procesal.

Esta intervención de Covite, es importante aclararlo, no era la primera en la causa, pues ésta se hallaba ya abierta en el Juzgado de Instrucción nº 3 de Pamplona, donde constaban los atestados de la Guardia Civil y de la Policía Foral sobre las agresiones sufridas por dos guardias civiles y sus parejas en el bar Koxka de Alsasua la madrugada del 15 de octubre de 2016. Estos atestados daban pie, como mínimo y en función de los indicios, a un proceso penal por lesiones, atentado a la autoridad y, en su caso, por el delito de odio. El proceso por vía ordinaria de jurisdicción navarra, competente en el caso, abarcaba todo el arco posible de delitos, excepto el de terrorismo. Pero en ese momento inicial, la denuncia de Covite fue admitida por el Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional (auto de 25 de octubre de 2016) a través de su entonces magistrada titular Carmen Lamela, que se dirigió al Juzgado de Instrucción de Pamplona que instruía la causa para que se inhibiera, como así hizo mediante auto de 8 de noviembre. Unos días más tarde, el 10 de noviembre, la instructora Lamela ya actuaba como tal, "para el conocimiento de los hechos denunciados por Dña. Consuelo Ordóñez Fenollar, en nombre y representación de Covite".

La Guardia Civil no hubiera podido conseguir el mismo resultado, pues la Asociación que la representaba era consciente de que las agresiones daban lugar a delito de lesiones y atentado, con posible alegación de alteración del orden público, pero no de terrorismo. También sabía que no cabía el delito de odio, pues un guardia civil no pertenece a una minoría étnica o religiosa: si sufre una agresión física ya se incluye el elemento agravante de lesionar a un miembro de una fuerza de seguridad y orden público en el delito específico de atentado contra la autoridad.

Pues bien, de toda esta inicial trayectoria del proceso se deduce que Covite se empeñó en modificar el curso procesal del asunto e introducir en todo lo que le afectaba, sobre todo a efectos del impacto externo, la acusación de terrorismo y odio. Se había conseguido poner en el escaparate de toda España a ocho jóvenes de Alsasua como terroristas dignos de aparecer en la portada de La Razón (7-12-2016) como peligrosos delincuentes, o como miembros de "la otra manada" (El Mundo en entrevista con la víctima y testigo María José Naranjo, 14-5-2018). La presunción de inocencia era ya inexistente para una parte muy amplia de la opinión pública. De una forma simple, rápida e intensa, es decir, banal, se había catalogado a estos jóvenes de terroristas. En suma, se habían mezclado cosas que nada tienen que ver y se había propiciado un clima de culpabilidad extrema que están sufriendo los acusados e, indirectamente, sus familias, además de tener que oír, mientras están en prisión, que no se les "distingue" de las víctimas: cualquiera diría que todos están en libertad y el debate es meramente teórico.

Después de año y medio en la fase de instrucción, con tres de los acusados en prisión y otros cinco en libertad provisional, se celebró el juicio y la Audiencia Nacional dictó sentencia, el 1 de junio de 2018, en la que se pronunció en contra de la pretensión de Covite de condenar a los acusados, tanto de terrorismo como de odio. El recurso de apelación contra esta sentencia lo debe resolver la propia Audiencia Nacional, a través de su Sala de Apelación, que se encuentra, precisamente en estas fechas, deliberando sobre la misma.

En los recursos presentados para esta segunda sentencia se debate sobre la autoría, la participación, las agravantes aplicadas, pero está claro que, en contra de lo que se ha dicho, no pasamos de terrorismo a "gravísimos delitos", sino de terrorismo a lesiones y atentado contra la autoridad. Esta conclusión es el punto de llegada que tenía haber sido el punto de partida. Además del terrorismo, Covite contempla la investigación y prevención de la radicalización. Para ello, puesto el caso en sede judicial, era suficiente el escenario navarro, pues nada le impedía a esta asociación estar al corriente, opinar, presentarse y cumplir sus objetivos.

La inesperada intervención de la señora Ordóñez ante Pablo Casado me ha dado pie a pergeñar este comentario, que se une al artículo que publiqué en este mismo DIARIO DE NOTICIAS de Navarra el pasado 2 de septiembre, titulado Una oportunidad para Alsasua (http://www.noticiasdenavarra.com/2018/09/02/opinion/una-oportunidad-para-alsasua). Quisiera que este de hoy fuera una segunda parte. Me cuesta entender las razones por las que tras casi dos años y medio de condena ya cumplida por algunos de los acusados a Covite le parece (ojalá no sea así, esté yo equivocado e incluso esté siendo injusto al pensarlo) que tienen que cumplir diez o doce. Quiero creer que estamos a tiempo de recapacitar, de hacer un balance y de poner entre todos algo muy necesario siempre, pero especialmente en este caso: sentido común.

El autor es profesor de la Universidad del País Vasco