stamos viviendo una pandemia global y globalizada, y absolutamente transversal. Una pandemia que no distingue entre edades, géneros, razas, etnias o procedencias. Es una crisis mundial donde todas y todos somos afectados y trabajamos en la misma línea. Y esto, si conseguimos hacerlo consciente e interiorizarlo, podría convertirnos en una sociedad verdaderamente inclusiva y tolerante. Ojalá sea así.
Sin embargo, también debemos ser conscientes de otras cosas. Por ejemplo, de que las medidas de confinamiento no son iguales para todas las personas: no es lo mismo disponer de un hogar propio con todas las comodidades que estar en una situación de hacinamiento o escasez de espacio, en una vivienda o incluso una habitación de alquiler. También somos conscientes de que la recesión económica que nos espera va a golpear, de manera más especial, a determinados colectivos: personas sin contrato legal, personas en situación administrativa irregular… Son, sin duda, quienes peor pueden pasarlo en los próximos meses, e incluso años. En ambas cuestiones, miramos con especial preocupación a las personas migrantes, que son uno de los colectivos que peor pueden vivir esta situación de confinamiento y el escenario posterior.
Entre las personas migrantes, pongamos el foco de forma concreta a las que no tienen permiso de trabajo. Son estas personas las que, por el sistema legal actualmente en vigor, quedan desamparadas, al obligarlas nuestro propio sistema a subsistir en la economía sumergida mientras suman antigüedad para ser ciudadanas y ciudadanos de pleno derecho. En muchos casos, ni siquiera tienen derecho a ayudas, tampoco a las de mayor emergencia, por no sumar un número de meses en el padrón o no haber podido cotizar a la Seguridad Social.
Sin embargo, la crisis del COVID-19 ha puesto de relieve el enorme papel que estas personas hacen en nuestro sistema sociosanitario y en nuestra economía en general: cuidadoras, limpiadoras, asistentes domésticas y un largo etcétera de empleos (predominantemente feminizados) se están demostrando básicos en este momento. También comprobamos que el cierre de fronteras y la imposibilidad de desplazamientos deja a nuestra agricultura sin mano de obra.
Es cierto que las medidas adoptadas por el Gobierno central permiten que las personas que tuvieran un permiso de trabajo en vigor antes del 14 de marzo, y aunque les haya caducado desde entonces, puedan trabajar en la agricultura. También permite que jóvenes de entre 18 y 21 años con permiso de residencia pero sin permiso de trabajo puedan ser contratados para labores agrícolas. Estas medidas pueden y deben ser ampliadas, sin cortapisas, permitiendo la regularización exprés y la obtención de permisos de residencia y trabajo a las personas migrantes que, habiendo entrado en España antes del 14 de marzo, estén en situación administrativa irregular.
Por otro lado, hemos vivido el ofrecimiento masivo de personas migrantes que, sin tener homologados sus títulos sanitarios y sociosanitarios, se han ofrecido para trabajar en estos sectores, cuyos profesionales se han visto tan golpeados por el COVID-19. En este sentido, solicitamos la relajación del sistema en la homologación de títulos para facilitar la incorporación de estas personas a centros sanitarios y residenciales lo antes posible y de manera regularizada. Si precisamos del esfuerzo y del trabajo de estas personas, deben poder ofrecerlos con plenos derechos de ciudadanía. Podemos y debemos mirarnos en el ejemplo de Portugal, que ha entendido perfectamente la actitud social, humana y humanitaria que debe guiar las políticas públicas en esta materia en los momentos que vivimos. Pero también creemos oportuno ir más allá. Porque en tiempos excepcionales caben medidas excepcionales; y sería muy positiva la regularización de personas migrantes que de facto están aquí y están ofreciendo su esfuerzo y trabajo.
No solo lo merecen ahora: merecen también ir asegurando sus coberturas sociales y garantizando su estabilidad económica para el futuro. Incluso, y éste es un mensaje para los economicistas, podemos asegurar que una medida así incorporaría verdad a los números reales de nuestra economía; supondría más cotizaciones a la Seguridad Social y más ingresos por IRPF. Sin duda, dos argumentos de peso hasta para quienes obvian las cuestiones sociales en sus anhelos de recuperación económica.
Podemos Ahal Dugu
