ue en 1936 hubo una gran represión en Navarra por parte de los sublevados, nadie lo puede poner en duda; que la hubo también en el resto de Euskalherria, tampoco nadie lo puede negar, aunque en este caso los represores fueron tanto los de izquierdas primero, como lo de derechas a continuación.
Del mismo modo tampoco nadie puede negar que durante la República se produjeron duros enfrentamientos y asesinatos entre gentes de derechas y de izquierdas, fruto de planteamientos ideológicos diversos. Hubo intentos de imposición por la fuerza de sus políticas partidistas. Y es que, en los años treinta del siglo XX, casi nadie estaba exento de recurrir a la violencia para imponerse al adversario o para impedir su triunfo. La lucha por la democracia brillaba por su ausencia.
El profesor Fernando Mikelarena, investigador de la represión, en un reciente artículo en el diario Deia, arremete contra el carlismo de Euskalherria a través de los casos concretos de unos personajes siniestros y disidentes, sin hacer distinción entre dos concepciones distintas del carlismo navarro. Menciona, entre otros, a elementos como Benito Santesteban, Martínez Barasáin, Jaime del Burgo o Marcelino Ulibarri, todos ellos conocidos disidentes tradicionalistas que aceptaron la unificación y, consecuentemente, bien pudieran calificarse como franquistas o, cuanto menos, próximos a FET y de las JONS.
El señor Mikelarena habla de responsabilidades de la llamada Junta Central Carlista de Guerra de Navarra por crímenes cometidos en la retaguardia, sin hacer distinción entre esta Junta disidente y la Junta Nacional Carlista de Guerra, dirigida por Manuel Fal Conde y adicta al rey carlista Alfonso Carlos y al regente Javier de Borbón Parma, que se opuso y desautorizó a la junta navarra. Pero es que el propio carlismo navarro tampoco formaba un solo bloque; estuvo dividido entre los que se adhirieron a dicha junta navarra y a los militares -a Mola primero y a Franco después-, y los que se opusieron al dictador. Por eso, el regente Javier y Manuel Fal Conde serían expulsados por Franco del territorio español.
De hecho, el jefe carlista, Joaquín Baleztena, adicto a Alfonso Carlos, a Javier y a Fal Conde, emitió un comunicado que se publicó de forma destacada en El Pensamiento Navarro del 24 de julio de 1936, llamando a los carlistas no solo a no ejercer actos de violencia, sino también a evitar que se cometiesen en su presencia.
La Junta Central Carlista de Guerra de Navarra -de la que también formaba parte discordante Baleztena-, la presidía, de facto, José Martínez Berasáin que, con sus afines y subordinados -como su sobrino Benito Santesteban-, eran de los adictos al Movimiento, tal como lo explica el investiador Javier Ugarte: "los pragmáticos navarros, especialmente Martínez Berasáin, comenzaron a maniobrar [€] mantuvieron un contacto con Franco [€] y reforzaron sus lazos con los conservadores Oriol o Rodezno, muy próximos a Franco."
Pues bien, teniendo en cuenta que la mayor parte de los requetés habían marchado voluntarios al frente de batalla, en la retaguardia quedaron algunos que, desobedeciendo las órdenes de Baleztena de evitar la violencia, la ejercieron. Tal fue el caso de los mencionados disidentes que aceptaron a Franco en contra de la mayor parte de los carlistas que siguieron a su rey.
En el artículo publicado por Fernando Mikelarena en Deia, incluye también en los crímenes a la Junta de Guerra Carlista de Vizcaya, presidida por José María Oriol Urquijo (otro colaboracionista con el franquismo y disidente del carlismo javierista). No se queda ahí, y, de pasada, amplía los crímenes cometidos a: San Sebastián, Bilbao y Santander.
Lo que no dice el profesor Mikelarena es que antes de la llegada de las fuerzas navarras al resto de Euskalherria, las fuerzas fieles a la República y al gobierno de Euskadi, especialmente los izquierdistas, asesinaron a otra ingente cantidad de personas, entre los cuales había muchísimos carlistas, viejos y jóvenes (igual que ocurrió en las retaguardias republicanas de otras zonas como Cataluña, investigadas por Solé i Sabaté, o en el País Valenciano, estudiadas por Vicent Gabarda). Las cárceles, las comisarías, y los cuartelillos de Seguridad de Esuskadi se llenaron de hombres, mujeres y niños desafectos -carlistas o no-, hasta el punto de tener que habilitar algunos barcos-prisión como el Altuna Mendi o el Cabo Quilates. En Guipúzcoa se cometieron asesinatos múltiples en la cárcel de Ondarreta, en el cementerio de Polloe o en el fuerte Guadalupe de Fuenterrabía. En Vizcaya ocurrió lo mismo en las cárceles de Larrínaga, El Carmelo, Los Ángeles Custodios, La Galera o el cementerio de Derio, además de los asesinados en muchos de los pueblos de estos territorios vascos.
Pero es que los carlistas no sólo fueron perseguidos durante la República y la guerra por los milicianos izquierdistas. Por causa de su oposición a Franco, luego serían perseguidos también por la dictadura que éste implantó, tal como constato en mi libro: La rebeldía carlista. Memoria de una represión silenciada (1936-1955). Posteriormente, militantes del Partido Carlista también serían represaliados, tanto por la dictadura hasta la muerte de Franco, como durante la Transición por el nuevo régimen de la monarquía que el dictador nos dejó en herencia: detenciones, multas, consejos de guerra y encarcelamientos. El último acto represivo en Euskalherria fue en 1980, cuando la candidata al Parlamento Vasco por EKA (Euskalherriko Karlista Alderdia), María José Larrea Jáuregui, fue procesada por un tribunal militar acusada de injurias a las Fuerzas Armadas por un artículo publicado en la prensa donostiarra.
El autor es doctor en Historia. Autor de 'La rebeldía carlista. Memoria de una represión silenciada (1936-1955)'
El jefe carlista, Joaquín Baleztena, emitió un comunicado llamando a los carlistas no solo a no ejercer actos de violencia, sino también a evitar que se cometiesen en su presencia
