El derecho a reparar

La historia de una idea que cobró fuerza como salvación dinamizadora en los años de la Gran Depresión se convirtió en mantra de la sociedad de consumo -comprar, usar, tirar, volver a comprar- y se ha transformado en seria amenaza medioambiental.

El pasado 26 de noviembre el Parlamento Europeo aprobó una ley que garantiza a los ciudadanos europeos "el derecho a reparar". La propuesta del órgano legislativo de la UE apuesta por limitar los productos de usar y tirar, obligando a los fabricantes a asegurar la reparabilidad de los dispositivos electrónicos o, al menos, a informar sobre su vida útil.

De esta forma, la UE dice sí al derecho a reparar por el mismo usuario un producto de consumo gracias a la aprobación de un nuevo plan que otorgará una información más clara y detallada sobre su fiabilidad y la reparación en caso de ser necesario.

La base principal de este nuevo plan de acción reside en que los usuarios tengan la oportunidad de conocer mejor el producto que compran y hacer del mercado único uno más sostenible. Con ello no sólo se garantiza una mayor transparencia, también la posibilidad de reparación por ellos mismos y ampliar su vida útil, además de poner sobre la mesa la necesidad de que los fabricantes ofrezcan piezas de los productos para su reparación, entre otras cuestiones, que se incluyen: poner fin a la obsolescencia prematura de los productos; establecer un verdadero derecho a la reparación en Europa; y encaminar el mercado hacia la economía de la reutilización.

El marco de este plan, compuesto por una serie de recomendaciones a los agentes económicos e institucionales, incluye una serie de medidas entre las que destacan un nuevo sistema de etiquetado para ofrecer una información clara y precisa, siendo visible incluso antes de realizar la compra del mismo. Gracias a ello, el comprador tendrá una mayor información sobre si se trata de un consumible reparable y fiable.

Lógicamente, el sí al derecho a reparar en la UE es el paso previo al necesario para convertirlo en una cuestión de obligado cumplimiento. A día de hoy, se trata de una serie de recomendaciones que deberán ser convertidas en normativa aplicable por la comisión y adoptadas por el derecho interno de cada uno de los estados miembros.

Será por tanto la Comisión Europea la que deba redactar normativamente un etiquetado obligatorio, que sea visible desde un primer momento, y que contenga información fácil de comprender para los consumidores sobre la vida estimada de cada dispositivo y del nivel de reparabilidad que tiene en el momento de la compra, tal y como ha aprobado el Parlamento Europeo, independientemente de que antes los propios países empiecen a aplicar criterios en esta línea.

Francia será el primer país europeo que adopte estas medidas, obligando a los fabricantes a informar sobre el índice de reparación en una escala del uno al diez. Esta normativa se aplicará tanto a lavadoras, televisores, smartphones, ordenadores portátiles y máquinas cortacésped.

A partir de enero del próximo 2021 todos los productos deberán estar bien etiquetados con toda la información necesaria para el cliente que opte por comprar un producto. El índice de reparación tendrá una puntuación del uno al diez junto a un indicativo de color verde que identifique claramente la puntuación.

Hoy en día, la obsolescencia programada está presente en todos los aparatos electrónicos que compramos. En el Estado español, el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, incluye, dentro de las obligaciones para los fabricantes, que estos aparatos sean diseñados y producidos de forma que se prolongue lo máximo posible su vida útil, pero no penaliza la obsolescencia programada. Los fabricantes aseguran que cumplen esa norma y creen que la renovación de aparatos también se produce, además de porque dejan de funcionar, porque no cumplen sus expectativas, no se ajustan a nuevas tecnologías o prefieren un nuevo modelo.

Según una encuesta del Eurobarómetro en 2017, un 77% de la ciudadanía de la UE preferiría reparar sus bienes antes que comprar otros nuevos, pero en última instancia los reemplazan o se deshacen de ellos ante las dificultades para subsanar las averías. Y más del 90% estima que los productos deben estar claramente etiquetados para indicar su durabilidad.

El derecho a reparar se ha convertido en una amplia reclamación en Estados Unidos, donde 20 estados lo han regulado. Sus promotores argumentan que la solución de averías sería más barata y rápida, que habría más talleres tecnológicos disponibles para los usuarios, que se reducirían los residuos y que se favorecería la innovación.

Actualmente, el 80% de los impactos ambientales de cualquier producto se pueden evitar en la fase de diseño. El problema es que se diseñan productos con fallos o con muy poca durabilidad para que el consumidor vuelva a cambiar de artículo y pagar por otro. Por tanto, una primera exigencia debería ser que el producto sea diseñado de forma que no haya piezas de calidad deficientes que haga que se deterioren prematuramente, que sean demasiado frágiles para el uso normal del dispositivo o que tenga un ensamblado con materiales que impidan su apertura para la reparación.

En segundo lugar, que reparar el producto o sustituir los consumibles o baterías sea posible y tenga un coste notablemente inferior al de comprar un producto nuevo.

En tercer lugar, que los fabricantes informen claramente de la vida media prevista del producto, las posibilidades de reparación o cómo se debe proceder para el correcto reciclaje.

Uno de los retos de la economía circular es alargar la vida útil de los productos. El modelo actual basado en producir-consumir-tirar no es sostenible más tiempo. Es por ello que se hace necesario transformar la forma actual de producir.

El autor es experto en temas ambientales y Premio Nacional de Medio Ambiente