ecía Patricia Fanlo, portavoz de Salud del PSN-PSOE en el Parlamento de Navarra, en un artículo publicado el día 13 de enero, que el copago farmacéutico penaliza a las personas vulnerables, y acusaba al entonces presidente del país, Mariano Rajoy, de atentar contra uno de los pilares de nuestro sistema de salud público al aprobar el Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.
Explicaba así mismo que el copago, además de ser injusto socialmente, tampoco contribuye a la sostenibilidad del sistema porque la no adherencia y el abandono de los tratamientos provocan un aumento de la morbilidad y de sus complicaciones, haciendo que haya más ingresos hospitalarios, más graves, y un mayor riesgo de muerte.
Hasta aquí estamos totalmente de acuerdo con su planteamiento.
Finalizaba el artículo con un anuncio sobre una medida que ha tomado el Gobierno de Pedro Sánchez el día 1 de enero de 2021, anunciando el fin del copago, gracias al cual más de 200.000 navarros y navarras verán asegurados sus medicamentos.
Algo ha olvidado la Sra. Fanlo, porque en este intervalo de tiempo sucedieron cosas que paso a relatar.
Un informe del Defensor del Pueblo del Estado de 2015 afirmaba que: “Constatada la insuficiente protección que ofrece la actual normativa estatal básica a determinados supuestos, y en tanto haya ocasión de revisar su contenido, las administraciones autonómicas han de articular medios adicionales de garantía que alejen la posibilidad de que los pacientes abandonen sus tratamientos médicos por dificultades económicas insuperables. En esta línea, algunas comunidades autónomas, aunque no la mayoría, han establecido programas de subvención o prestación compensatoria para este fin”.
En esa línea, en julio de 2017 el Gobierno de Navarra acordó unas medidas para garantizar, mediante subvenciones, la adherencia terapéutica a “estos colectivos que son especialmente vulnerables ya que tienen dificultades para cumplir los tratamientos debido al desembolso económico que supone (en ocasiones hasta del 40%)”.
Y se hizo por el procedimiento de subvenciones, a pesar de que complicaba la aplicación de la reducción del copago, para evitar el riesgo de que el decreto foral fuese recurrido por el Estado, ya que en aquel momento estaba recurrida y pendiente de sentencia la Ley Foral de 2012 (que finalmente fue anulada por el Tribunal Constitucional).
Se estimó entonces que la medida tomada beneficiaba, aproximadamente, a 242.000 personas, de las que 197.000 eran personas en activo con rentas inferiores a 18.000 euros al año, y fuimos por ello la primera comunidad de todo el Estado que financió el copago de pacientes activos. Otras 45.000 eran pensionistas con rentas inferiores a 6.000 euros. A los pensionistas con rentas de entre 6.000 y 18.000 euros no se les cambiaron sus condiciones para que se siguieran beneficiando del tope máximo de copago que era de 8,23 euros al mes. Se establecieron igualmente las cuantías: para las personas beneficiarias con rentas que no superaban los 6.000 euros eran iguales a la diferencia entre el importe de lo pagado cada mes y 2,6 euros. En el resto de personas beneficiarias, las ayudas se correspondieron con la diferencia del importe pagado cada mes y 8,23 euros. Dicho de otro modo, las cantidades que pagarían serían 2,6 y 8,23 euros respectivamente.
El Gobierno de Navarra hizo entonces una clara apuesta por la equidad en salud al abordar el tema del copago, reafirmándose en las competencias en Salud que le competen, y que no siempre son respetadas ni defendidas como se debiera.
Lamentamos que la Sra. Fanlo haya olvidado o decidido ocultar este hecho que supuso una notable mejora en la situación económica y sanitaria de muchos navarros y navarras.
La autora es parlamentaria de Geroa Bai
