uando en marzo de 2020 el virus se propagaba de forma imparable y España quedaba confinada, la normalidad desaparecía de nuestras vidas y se decretaba la paralización de la actividad económica, creíamos que ese trance sería más o menos intenso, pero no podíamos imaginar que iba a durar más de un año.
La economía española ya llevaba tiempo mostrando una pérdida de vigor en su crecimiento que revelaba una serie de debilidades. En 2014, el PIB creció al 1,4% dejando tras de sí lo que había sido un período muy bajista con el PIB negativo saldándose en clave negativa desde 2008 hasta 2013, excepto en 2010. En 2015, el PIB resurgía con fuerza creciendo al 3,8%. El tirón turístico, con diversos factores que se conjugaron a favor de España como destino prioritario de los turistas europeos e internacionales, constituyó un revulsivo. En 2016, el PIB siguió creciendo, aunque con menor empuje, al 3%, cediendo en 2017 al 2,9%, pero en 2018 frenó su ímpetu con un 2,4%, que en 2019 se reducía al 2% hasta que en 2020 el PIB se desplomó un -11% que constituyó un bombazo en nuestra línea de flotación económica. Resumiendo, antes del año de la pandemia, la economía española ya estaba decayendo y el covid-19 fue la puntilla.
La economía española está enferma. Por un lado, la deuda pública no ha parado de crecer y sigue desbocada: la deuda cierra el primer trimestre en el máximo histórico de 1,393 billones de euros. La deuda del conjunto de las administraciones públicas subió en el primer trimestre hasta el máximo histórico, alcanzando el récord del 125,3% del PIB. Son máximos históricos en términos absolutos y la cifra más elevada en términos relativos desde 1881. Hay que remontarse al siglo XIX para encontrar un endeudamiento sobre el PIB tan elevado, según la base de datos histórica del Fondo Monetario Internacional. De este modo, la deuda pública ha rebasado los máximos previos que se encontraban en 1902, cuando la deuda de las administraciones alcanzó el 123,6% del PIB. Ahora, 119 años después los pasivos públicos contabilizados en el protocolo de déficit excesivo (método usado por Bruselas para contabilizar la deuda) superan ese hito en casi dos puntos porcentuales hasta alcanzar el 125,3% del PIB.
Para hacernos una idea del problema gravísimo que tiene España con su deuda, nos podemos retrotraer a 2007, el año previo a que estallara la crisis financiera: la deuda pública se elevaba a 383.798 millones de euros que, sobre el PIB de aquel año, 1.075.539 millones, suponía el 35,7%. En los años siguientes, saldados todos ellos con impactante déficit público desde 2008 hasta 2019, fue acrecentándose y en 2014 con un montante de 1.039.388 millones equivalía al 100,7% del PIB. En 2019, la susodicha deuda pública se cuantificaba en 1.188.859 millones de euros que sobre 1.244.757 millones de PIB representaba el 95,5%. Es evidente que España no ha aprovechado los tiempos de bonanza económica para cuadrar los guarismos públicos.
Por otro lado, el déficit público, entre 2008 y 2019 fue tomando unos perfiles muy temerarios. En 2008, se cifró en 50.731 millones de euros, en 2009 en 120.576 millones y esa tónica continuó, aunque con guarismos algo menos estruendosos, en los años siguientes, concluyendo 2019 con un déficit de 35.195 millones. En conjunto desde 2008 a 2019, el déficit público acumulado fue de 825.216 millones de euros. El déficit público, en todo caso, no viene dado por una insuficiencia de ingresos tributarios, que es lo que se esgrime como pretexto para forzar improcedentes subidas de impuestos y amenazantes advertencias de reformas fiscales, que son más bien simples y precarios remiendos, sino por un exceso de gasto público desorbitado en el que tienen un peso excesivo las ineficientes estructuras políticas que empantanan a España en un lodazal del que somos incapaces de salir. De nuevo se desperdiciaron años de bonanza de nuestra economía para ajustar el desaguisado de las cuentas públicas.
Las miras cortoplacistas en busca del voto y pregonando subsidios a diestro y siniestro prevalecen ante lo que debieran ser alcances a medio y largo plazo que propulsaran la velocidad de la economía española, promoviendo un hábitat confortable para su relanzamiento. Sin visión a largo plazo y sin planes de consolidación fiscal, España está sentenciada para los próximos años y corre el peligro de convertirse en el furgón de cola de Europa.
Para poner en contexto estos datos de deuda pública es importante tener en cuenta que el déficit público de 2020 fue de 123.072 millones de euros (11,0% del PIB). El gran aumento del déficit en 2020, fruto del contexto de la pandemia, se ha producido por una caída de los ingresos públicos del 5,0% interanual y un aumento del gasto público, incluyendo intereses pero no las ayudas a Sareb, del 10,1%. Sin contar los intereses, el gasto público aumentó un 11,4%. Este aumento de deuda evidencia que los retos que la economía española debe afrontar en los próximos años son de una gran envergadura y están muy relacionados entre sí. El gobierno tendrá que abordarlos con una estrategia de reformas estructurales a largo plazo que deberá dar a conocer con el tiempo y la claridad suficientes para que todos los agentes económicos puedan analizar cómo les va a afectar.
El Gobierno ha reconocido que el descuadre anual de las cuentas públicas alcanzará este año el 8,4 % del PIB, por lo que se necesita un crecimiento de la economía más que notable para amortiguar este impacto sobre la deuda pública.No olvidemos que la deuda per cápita en España es de 29.424 euros. Cada ciudadano de este país debemos esa cantidad de dinero. Querámoslo o no, formamos parte de un Estado peligrosamente endeudado, el quinto país más endeudado del mundo. ¿Podemos dormir tranquilos?
*El autor es economista
