Ya no se habla de cambio en Navarra. En una época era la palabra que más se repetía en comunicados y discursos, antes y también después del vuelco electoral del 2015. Este hecho de carácter histórico vino precedido y fue posible por el cambio que se había producido en los centros de trabajo, en la calle y en el sentido común de la gente. Seis huelgas generales, varias sectoriales en los servicios públicos así como multitud de iniciativas populares fueron decisivas para cambiar la correlación de fuerzas y mandar, tal y como reclamaba uno de los eslóganes que coreábamos en las manifestaciones, a los ladrones fuera de las instituciones.
El cambio de Gobierno era una oportunidad para la democratización de la gestión pública, así como condición necesaria aunque no suficiente para cambiar la orientación de las políticas públicas. Es por ello que tras las elecciones del 2015 el ámbito sociosindical reclamó que el cambio institucional se plasmara en un cambio social real. ¿Y qué ha sucedido desde entonces?
En la agenda democratizadora se ha creado una oficina anticorrupción, se ha terminado con los convenios a dedo en el Servicio Navarro de Empleo, se han implementado políticas en defensa de distintos colectivos, se han normalizado las relaciones institucionales, se ha avanzado en memoria histórica y atención a las víctimas de abusos policiales... Entre las asignaturas pendientes, las siguientes: acabar con el sesgo patriarcal en la justicia y otras instancias públicas; el respeto a los derechos lingüísticos mediante un nuevo estatus para nuestra lengua propia; la eliminación de discriminaciones en el Tribunal Laboral, el Patrimonio Sindical o la contratación de empresas como VW, ámbitos donde se sigue vetando a LAB por su carácter de clase y combativo; y la necesaria revisión de un Amejoramiento impuesto sin consulta popular hace ya 40 años.
Respecto a las políticas públicas, los avances han sido menores y han exigido un gran esfuerzo. Por ceñirme tan sólo al ámbito sociolaboral, los principales logros en los que LAB ha sido copartícipe son los siguientes: publificación de servicios como las cocinas hospitalarias, reversión de parte de los recortes de la fase 2008-2015, eliminación del mileurismo (desaparición del nivel E) y mejoras sociales en la Administración, establecimiento de cláusulas sociales en la contratación pública así como cláusulas laborales en la Ley de Administración Local, creación del primer convenio navarro de Intervención Social, y dignificación del ciclo 0-3 años –a falta de concretar un convenio propio que regule las condiciones laborales–.
Sin embargo, podemos decir que el grueso de las políticas públicas no ha variado excesivamente desde 2015. Por una parte, a causa de las limitaciones estructurales (Amejoramiento) y las, en teoría, coyunturales (medidas de austeridad) impuestas por Madrid; por la otra, a causa de la falta de voluntad política de los partidos que han hegemonizado el Gobierno en las dos legislaturas –Geroa Bai y PSN, respectivamente– para tomar cualquier medida que afecte a los intereses de la patronal, el Opus Dei y demás poderes fácticos.
Durante la pandemia del covid y ahora en la postpandemia han aflorado las consecuencias del continuismo del Gobierno de Navarra post-2015 en política presupuestaria. Los cambios en fiscalidad han sido escasos y, en consecuencia, no se ha invertido lo necesario para desarrollar los servicios públicos en ámbitos como educación, los cuidados y la sanidad. La mayoría de las residencias de tercera edad siguen privatizadas y las trabajadoras llevan ya una docena de días de huelga por la creación de un convenio provincial. El movimiento feminista, por su parte, ha puesto en marcha una ambiciosa dinámica para el reconocimiento del derecho universal a los cuidados y la creación de un sistema público comunitario.
En este contexto, la exitosa huelga del 15 de febrero ha revivido las luchas sindicales del ciclo 2008-2015, ha incorporado a una nueva generación de empleadas públicas y ha puesto en marcha una dinámica de huelgas y movilizaciones en el sector público con tres citas: manifestación el sábado 18 de marzo por la sanidad pública, huelga en Osasunbidea el 23 por una carrera profesional integral y huelga en la enseñanza el 3 de abril para reducir los ratios y mejorar la atención al alumnado.
Esta lucha por el desarrollo de los servicios públicos puede y debe convertirse en una nueva palanca por el cambio. Desde el punto de vista de la democratización, representa un pulso entre los intereses y formas de hacer de un régimen que sigue latente, representado por el sindicato médico; y los intereses del conjunto de la plantilla –también del personal médico– canalizados a través de su representación sindical en la negociación colectiva. La cesión del PSN ante un lobby corporativo, conservador y reaccionario –obviando los pretextos de falta de presupuesto o limitaciones legales, utilizados reiteradamente para negar derechos al conjunto de la plantilla– ha sido la última gota para los y las trabajadoras de los servicios públicos, actor fundamental en el ciclo movilizador 2008-2015 que ahora se vuelve a activar para exigir la recuperación del poder adquisitivo y otras mejoras laborales, así como una apuesta estratégica (más personal y medios) por desarrollar unos servicios públicos que garanticen los derechos de la ciudadanía navarra.
Así pues, tenemos una oportunidad para avanzar por el cambio político y social en Navarra. Para que, tal y como sucedió en el 2015, obtengamos en la calle avances que luego se plasmen a nivel institucional. ¡Seguimos!
*El autor es portavoz de LAB en Navarra
