Ninguna expulsión sin respuesta

En las últimas semanas, a las habituales noticias de sucesos en las que se resalta el origen nacional y/o étnico de la persona investigada o detenida se ha unido la publicación de una nota emitida por la Policía Nacional en la que se justificaba la expulsión de cuatro personas extranjeras “Con la finalidad de aumentar la seguridad ciudadana y evitar que estos ciudadanos extranjeros siguieran cometiendo delitos en territorio nacional (...)”. Con la clara intención de normalizar y justificar la expulsión en beneficio de la seguridad la nota seguía: “se realizó un dispositivo específico para localizarlos y detenerlos y proceder a su expulsión(...)”.

No nos sorprende, conocemos bien estas prácticas, pero hacer noticiable una práctica brutal desde una perspectiva de protección del bien común nos indigna. Todas estas noticias, que proliferan cada vez más, están creando un caldo de cultivo en el que prejuicios, discriminaciones estructurales y punitivismo encajan de manera perfecta.

Efectivamente, la expulsión de una persona extranjera es una herramienta legal recogida en la Ley de Extranjería. Las situaciones en las que la ley permite expulsar a una persona extranjera son diversas: por encontrarse en “situación irregular”, por trabajar “sin tener papeles”, por ocultar o falsear información sobre datos personales, por participar en actividades contrarias al orden público previstas como graves en la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana y sí, también por haber cometido un delito que esté castigado con una pena superior a un año. También el Código Penal permite la expulsión de personas extranjeras por la comisión de delitos con independencia de que estén, o no, en situación administrativa regular. Obviamente, para llevar a cabo estas expulsiones se prevén procedimientos y garantías que, según dice la noticia, en esta ocasión se han respetado escrupulosamente.

Sin embargo, la legalidad de esta práctica no la hace ni legítima, ni ética, ni respetuosa con la dignidad humana. En una perversa vuelta de tuerca, el Estado espera que la sociedad legitime esta práctica utilizando como estandarte la expulsión de ciudadanos indeseables, que es mejor que no estén, los delincuentes, los malos, los otros. Ahí, en el castigo, en el delito, donde por lo general todas las sensibilidades políticas y sociales se unen y se tocan, ahí, el Estado se hace fuerte para legitimar sus prácticas.

Mientras, comprobamos cómo el sistema sigue generando una narrativa para justificar el castigo como única medida válida y legítima, castigo que alimenta y sustenta discriminaciones estructurales. Las sucesivas modificaciones de la legislación de extranjería y del Código Penal se han alineado para poder permitir y justificar las expulsiones de personas que son condenadas a penas privativas de libertad superiores a un año. Pero no solo eso, sino que además, la combinación de dichas leyes son una trampa que aboca a la irregularidad a muchísimas personas migrantes.

Pero además, en la noticia que nos ha traído a publicar este artículo de opinión, sin ningún tipo de pudor se justifica la expulsión de estas personas en la existencia de antecedentes policiales, ni siquiera penales, lo que evidencia que además, en el caso de las personas extranjeras, ni siquiera el principio de presunción de inocencia les ampara.

Por ello, no podemos olvidar ni dejar de señalar, tampoco en estos casos, que la legislación de extranjería y todas las prácticas orientadas a facilitar las expulsiones de personas extranjeras son el último escalón del racismo institucional, reflejado no sólo en la legislación de extranjería, sino en otras muchas leyes, como el Código Penal o las leyes de seguridad ciudadana.

Creemos que acabar con el racismo estructural pasa por invertir la lógica del castigo, construir una alternativa posible al actual sistema que nos categoriza, nos discrimina y nos oprime, para luego justificar las múltiples violencias estructurales.

Por eso, resulta imprescindible seguir construyendo redes de apoyo y solidaridad mutua que nos sostienen, y desde las cuales pretendemos generar alternativas donde todos los proyectos de vida puedan ser habitados en condiciones de dignidad e igualdad.

Firman este artículo*: Libertad Francés (Salhaketa Nafarroa), June San Millán (Salhaketa Nafarroa), Uhaina Apeceche Murue (Salhaketa Nafarroa), Zuriñe Redondo Molinero (Salhaketa Nafarroa), Yoli Arciniegas Orozco (Salhaketa Nafarroa, Maje Martínez (Salhaketa Nafarroa), Laura Indart Lasheras (Salhaketa Nafarroa), Flavia Navarrete Álvarez (SOS Racismo Nafarroa), Aleyda Gaspar González (SOS Racismo Nafarroa), Beatriz Villahizán Lagunas (SOS Racismo Nafarroa)