Hace unos días conocimos que Navarra ha sido el territorio del Estado en el que más ha aumentado el precio de la vivienda. Según los datos del INE, en el segundo trimestre de este curso el precio medio de las viviendas subió interanualmente un 10,3%. Lo que hace un año valía 100, hoy vale 110,3. Lo que valía 100.000, hoy cuesta 110.300. Lo que costaba 200.000, hoy cuesta 220.600. Sólo en doce meses.
Sabemos, aun sin los datos en la mano, que la evolución de los salarios no sigue ni de lejos la evolución de los precios de la vivienda. Y todavía menos entre las personas trabajadoras jóvenes.
Podemos cruzar, eso sí, los datos de estructura salarial que facilita el Ministerio de Trabajo y los datos del precio de vivienda publicados por el INE. Desde la salida de la pandemia, el derecho para el acceso a la vivienda es una aspiración cada vez más inalcanzable en Navarra. En 2022, el salario medio aumentó un 2,57%, mientras que el precio de la vivienda lo hizo un 7,2%. Más del doble. En 2021, el salario medio se incrementó un 1,66% y la vivienda se encareció en un 5,2: más del triple.
Si atendemos a los datos que facilita el Ministerio de Trabajo, con el aumento salarial pactado en los convenios colectivos se demuestra que la labor de presión y negociación de los sindicatos repercute positivamente en la clase trabajadora con mejores condiciones y mejores salarios pero, aun así, no alcanza para ajustar las injusticias del mercado. El porcentaje medio de subida pactada en los salarios de los convenios colectivos en Navarra subió un 4,10 en 2023 y un 3,54 en el primer semestre de este año.
Los gobiernos progresistas tendrán más fácil reeditarse si la ciudadanía siente que la política sirve para cambiar sus vidas. Dicho de otra manera, los gobiernos de contención ante la extrema derecha deben actuar de manera seria y decidida ante problemas como el de la vivienda. Tenían cuatro años para cambiar la percepción de la ciudadanía y el primero ya se ha desperdiciado.
Desde CCOO urgimos al Gobierno de Navarra y a la consejería correspondiente a poner en marcha, de una vez por todas, la ley de vivienda y la declaración de las zonas tensionadas para topar el precio del alquiler. Es necesario acabar con el trasvase de renta entre quienes no pueden acceder a la compra y quienes compran con la intención de especular. En este modelo, en vez de repartir la riqueza, se castiga a quien menos tiene y se premia al que menos necesita. También los precios de compra deben contar con un razonamiento que evite una burbuja especulativa que, si explota, pagarán como siempre los de abajo.
Celebramos el paso dado por el Ayuntamiento de Pamplona para poner coto a las licencias de viviendas para uso turístico. Es un paso necesario, pero insuficiente si no se persigue el alquiler vacacional irregular. Si la vivienda es un bien de mercado, la vivienda no es un derecho. Por eso, la especulación no puede tener cabida en el sector inmobiliario. Los buitres que estrujan cada día más los bolsillos de las personas trabajadoras deben sentir la presión de las instituciones en sus espaldas.
Los gobiernos tienen que decidir: o gobiernan para que unos pocos se forren a costa de la precarización de la mayoría, o hacen pedagogía y legislan a favor de la justicia social, resolviendo este problema de manera valiente. Los gobiernos que se reeditaron hace un año están pasando de puntillas por encima de un reto de Estado.
Hay que obligar a poner en el mercado las viviendas vacías para acabar con el tensionamiento. Los grandes propietarios de vivienda deben contar con un régimen especial que les condicione a destinar una parte de su patrimonio inmobiliario en beneficio de los sectores sociales más desfavorecidos. Es hora de cumplir con la Constitución del 78 y su artículo 128. “Toda riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”.
Además, el presupuesto destinado a favorecer el acceso a la vivienda en cualquiera de sus modalidades debe incrementarse para frenar el descontento colectivo. El parque de vivienda público debe crecer, porque, al mismo tiempo, será capaz de dar respuesta a los grupos más desfavorecidos y también podrá controlar las fluctuaciones disparatadas del mercado. No hay proyecto de vida alguno para las personas jóvenes si no hay un techo en el que cobijarse.
Instamos a las personas trabajadoras, y especialmente al colectivo juvenil, a tomar conciencia ante una injusticia que está marcando de manera directa a varias generaciones. Hay que movilizarse y concienciar a amigos y familiares sobre un problema que puede marcar el devenir de nuestra sociedad.
El autor es secretario de Juventud de CCOO de Navarra
