Francia cerrará el año siendo el país europeo con el mayor déficit público ya que arrojará en 2024 un descubierto en sus cuentas públicas equivalente al 6% del PIB, su mayor nivel desde la crisis de las primas de riesgo europeas de 2010-2011. Los franceses están en un callejón de difícil salida ya que, según los últimos datos de la OCDE, crecerá en torno al 1 %. Un cóctel poco favorable que hará que la euforia olímpica de París se baje como un suflé.
Francia cerró el año 2023 con un descubierto en sus cuentas de 154.000 millones de euros, lo que supone el 5,5% del PIB del país mientras que en la eurozona fue del 3,6%. La deuda también sorprendió al acabar en los 147.400 millones de euros, es decir, en el 110% del PIB a principios de 2024, frente al 90% en la eurozona, a pesar de que la presión es mucho mayor en Francia: El nuevo gobierno francés ha puesto a funcionar toda la maquinaria económica para poder corregir esta situación en la segunda economía del euro.
¿Cómo ha pasado Francia del déficit público del 4,4% previsto inicialmente para finales de 2024 al 6 %? Se trata de una deriva de 50.000 millones de euros, sin precedentes fuera de un período de crisis. La situación financiera de Francia es tan preocupante que justifica un plan de austeridad de 60.000 millones de euros en un año, que incluye 40.000 millones en recortes de gastos y 20.000 millones en nuevos ingresos fiscales, para reducir el déficit al 5% del PIB en 2025. El primer ministro propone que para reducir la deuda habrá que rebajar en dos tercios el gasto público. Además, su gobierno quiere congelar las pensiones de los jubilados durante seis meses, pretendiendo que los pensionistas contribuyan a la recuperación de las finanzas públicas y ahorrar unos 4.000 millones de euros. El gobierno, además, ha anunciado que quiere recortar los puestos de trabajo de los funcionarios y fusionar los servicios públicos. El Gobierno de París va a obligar también a las regiones, municipios y departamentos a contribuir al esfuerzo presupuestario en 2025, les está pidiendo una reducción de 5.000 millones de euros, lo que ha provocado una airada protesta entre los funcionarios y electos locales de las regiones y municipios franceses. El diputado socialista Philippe Brun denunció un proyecto de austeridad con recortes en los servicios públicos y también consideró inaceptables ciertas subidas de impuestos, como las de la electricidad. “Es un presupuesto en el que, de hecho, se quita a los pobres para dárselo a los ricos”.
Francia ya no puede ocultar su problema: en 2022 había 9,1 millones de personas en situación de pobreza monetaria, es decir, tenían unos ingresos mensuales por debajo del umbral de la pobreza, es decir, 1.216 euros para una sola persona. El coste de la pobreza para los poderes públicos asciende a algo más de 118.000 millones de euros al año, según la encuesta publicada por el colectivo Alerte, que agrupa a 43 asociaciones, entre ellas Acción contra el hambre. No resulta fácil convencer al Gobierno de que se preocupe por la pobreza, dijo el economista Noam Leandri, presidente de Alerte. Lejos de las ideas preconcebidas impregnadas de la retórica de Macron que cree que la lucha contra la pobreza cuesta una cantidad disparatada de dinero y contraviene los objetivos de reducción de la deuda pública, el colectivo Alerte demuestra el impacto económico positivo de estas políticas. El coste de la inacción contra la pobreza es mayor que el coste de la acción.
Mientras la economía francesa va por mal camino, la economía española sigue siendo la sorpresa positiva dentro de la eurozona, ya que el PIB del tercer trimestre ha vuelto a sorprender a los analistas con un crecimiento el 0,8%, duplicando la de Francia que apenas creció un 0,4 % gracias al impulso de los Juegos Olímpicos. Además, el PIB anual español ha crecido un 3,4%, aunque se espera un impacto negativo en el cuarto trimestre por efecto de la DANA. No obstante, la economía española está creciendo cuatro veces más rápido que la de la zona euro. El medio británico Financial Times ha recogido la noticia titulada ”El crecimiento español se dispara mientras la eurozona tropieza”, en la que cuenta que España está a punto de convertirse en una de las economías avanzadas con mayor crecimiento este año. Desde el citado medio señalan que el crecimiento español está impulsado por una combinación de inmigración, turismo, inversión extranjera y gasto.
¿Por qué España mejora y Francia empeora? Quizá la clave esté en la descentralización. La centralización no es eficiente. La principal desventaja de los estados unitarios es la falta de flexibilidad, ya que todas las decisiones se toman desde una sola entidad y no tienen en cuenta las distintas sensibilidades regionales. El Congreso de Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa ha pedido a Francia que prosiga su descentralización, que clarifique el reparto de competencias entre el Estado y las autoridades subnacionales. El esquema político francés ha consistido en una descentralización administrativa, no en una descentralización política, por lo que las colectividades territoriales no tienen capacidad de autogobierno y la función desempeñada por el Prefecto, en cuanto autoridad nombrada por el Estado y sujeta al poder jerárquico del ministro del Interior, ha constituido el exponente más claro del sistema administrativo centralizado en Francia.
En un Estado unitario, es difícil para el gobierno tomar decisiones acertadas para todo el país, ya que no hay una comprensión adecuada de las necesidades locales y regionales. Hasta Italia ha dado luz verde a una reforma que concede más autonomía a las regiones, que a partir de ahora podrán administrar parte de los impuestos que antes transferían al Estado y gestionar algunas competencias. Francia tiene pendiente otra revolución y es la de la descentralización política. Hay territorios cuyas colectividades con fuerte personalidad no han perdido nunca su motivación histórico-política pese a que no son incentivadas por el Estado francés por su carácter disgregador. Ya va siendo hora de que regiones históricas como Normandía, Bretaña, Alsacia, Aquitania, Córcega, Cataluña o País Vasco, entre otras, reivindiquen su autonomía y recuperen sus parlamentos y su capacidad de decisión política.
El autor es economista