Estimados responsables del Departamento de Tráfico del Ayuntamiento de Pamplona, me dirijo a ustedes para manifestar mi indignación tras el incidente ocurrido el 15 de noviembre, cuando la grúa retiró el vehículo de mi madre, que se encuentra en situación de minusvalía con una discapacidad de 75 y dificultades graves de movilidad, según indica la tarjeta que el gobierno le otorgó. Mi madre está diagnosticada de Parkinson, enfermedad degenerativa. Bastante costó que le reconocieran la dependencia, cuando la tengo que vestir, cambiar pañales, hacer la compra y cocinar para ella. Soy el conductor habitual de dicho coche, que suponía estaba debidamente autorizado para estacionar en plazas reservadas a personas con discapacidad. El día en cuestión, mi madre, que es la titular de la autorización, acudió a su cita médica y, al no estar al tanto de que la placa de minusválido estaba caducada, el vehículo fue retirado por la grúa, resultando en una multa y un coste adicional de 200 euros. El vehículo estaba estacionado en la zona de la capilla del Hospital de Navarra en zona de minusválidos, “infracción grave” pone en la multa. Les sugiero que tengan un archivo de personas dependientes, un registro para evitar estas estupideces.

Como ya he mencionado, mi madre es una persona con movilidad reducida, y el coche es indispensable para su día a día. La situación no sólo ha supuesto una gran incomodidad para ella, sino también un gasto innecesario que no hace más que sumar dificultades a una vida ya bastante complicada.

Quisiera señalar que, al ser enfermero, acudí al servicio de urgencias del centro donde trabajo para pedir prestada una silla de ruedas y poder atender esta situación, la cual devolví el mismo día. Quiero agradecer a mis compañeros celadores y jefa de unidad por su comprensión. Con mi madre en silla de ruedas porque, además de Parkinson tiene el tobillo roto y cruzando media Pamplona, acudí al depósito para retirar el vehículo. Lo que subraya lo absurdo e irónico de todo este proceso: en lugar de recibir apoyo por parte de las instituciones, nos encontramos con barreras adicionales. No sólo se me imponen sanciones y cargos por un simple olvido administrativo, sino que además el sistema parece más interesado en penalizar a las personas con discapacidad y sus familiares que en proporcionarles soluciones reales a sus necesidades. Deberían ustedes enviar las tarjetas a los domicilios, actualizadas.

Agradecería una reflexión seria sobre este tipo de situaciones, que no hacen sino evidenciar la falta de sensibilidad y de apoyo efectivo a las personas con movilidad reducida. En vez de ayudar, el sistema burocrático y las sanciones administrativas parecen generar más obstáculos, cuando lo que realmente necesitamos son facilidades y comprensión.