Modelo policial en Navarra

Recientemente se ha hecho público que el Gobierno de España y la Generalitat ampliarán el número de Mossos d’Esquadra hasta los 25.000 efectivos en 2030, frente al actual techo de plantilla, que en 2021 se fijó en 22.000 policías. Así se ha decidido en la Junta de Seguridad de Cataluña, que es el órgano competente en cada territorio para coordinar la actuación de las policías autonómicas y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y que, en el caso de Navarra, se reunió por última vez allá por 2011. Increíble.

Durante estos trece años, la Policía Foral ha ido asumiendo funciones y competencias que hoy en día la colocan –tal y como decidió el Parlamento por amplia mayoría– como la policía referente en materia de seguridad pública en nuestra comunidad. A esto debe añadirse la recuperada competencia de tráfico, a pesar de resistencias de quienes han olvidado –curiosamente– que era competencia propia de Navarra desde 1928 hasta que se la adjudicó el Estado en 1961.

A los retos de adecuar la plantilla al incremento de la carga de trabajo de los últimos años y a la esperada asunción de la competencia plena de tráfico, se añade que la organización va envejeciendo: las jubilaciones detraen ya una treintena de personas al año (lo que hasta no hace mucho tiempo suponía una promoción entera de policías forales). De esta forma, se distorsiona el equilibrio entre efectivos y carga de trabajo. Y ante esta situación, nos encontramos con que la última oferta pública de empleo para 2025 no contempla ninguna plaza de ingreso para Policía Foral, por lo que las últimas promociones justamente sirven para cubrir jubilaciones.

Desde APF, entendemos que es obligación del Gobierno de Navarra y del Gobierno central convocar la Junta de Seguridad para abordar la composición numérica total de la plantilla de Policía Foral y, a partir de ahí, establecer los procesos y calendarios de convocatorias de OPE. Este es el mensaje que estamos trasladando continuamente a nuestra consejera y al director general de Interior, quienes responden que desde el Ministerio no les conceden citas, que están alargando la convocatoria sin ningún motivo aparente… excusas inocentes que demuestran cierta incapacidad para gestionar, dando a entender que algo turbio y difícil de digerir se está gestando. Ante la inacción, la falta de transparencia y la nula información, surge la especulación. ¿Por qué no se reúne la Junta de Seguridad de Navarra, cuando en otros territorios se hace con total normalidad? Si la culpa no es del Gobierno central (que la ha celebrado con otra comunidad como es Cataluña), habrá que pensar que el Gobierno de Navarra no quiere desplegar la Policía Foral, ni tan siquiera para cumplir con la competencia de tráfico; y, por ese motivo, ni convoca la Junta de Seguridad ni aprueba la OPE para la organización.

No puede ser que se apueste por la Policía Foral –seña de identidad de nuestro autogobierno, que además descuenta su coste de la aportación que realiza Navarra al Estado a través del Convenio Económico– y no se adecuen sus recursos materiales y menos aún los humanos. Resulta por lo tanto incongruente y contradictorio querer llevar el peso de la seguridad pública (la Policía Foral asume más del 50% de los delitos estratégicos) sin dotarla de medios adecuados (su plantilla responde al 26% del total de policías operantes en Navarra). Asumir el grueso de la criminalidad con la menor ratio policial está llevando a la organización al borde del colapso físico y mental, a su asfixia operativa y al consiguiente detrimento en el servicio que presta a la ciudadanía.

Señores del Gobierno navarro, fíjense en la CAV y Cataluña, comunidades que sí apuestan por su policía y la sitúan en ratios congruentes con su servicio. Y si esto implica repliegues de otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o dimensionar policías locales, sean valientes: no alimenten ni retiros dorados a unos ni funciones que no corresponden a otros.

No convocar la Junta de Seguridad, además, implica fricciones competenciales con policías obredimensionadas por ejercer tareas de otras, ante la indiferencia y dejación política. ¿No es hora de reordenar las funciones y competencias de cada cuerpo, atendiendo a lo establecido en la Ley de Policías de Navarra, aprobada en el Parlamento navarro y expresión de la voluntad popular?

Finalmente debemos hacer referencia al Plan Estratégico de la Policía Foral, presentado recientemente por la consejera: un brindis al sol si no hay personal para desarrollarlo. ¿Qué grado de cumplimiento ha tenido el anterior? ¿Qué proyectos se heredan en este y se heredarán en el siguiente? Nos tememos que quede en agua de borrajas, adornando anaqueles de despachos políticos que se conforman con bonitas palabras. No olvidemos que la seguridad pública es un pilar fundamental en la calidad de vida y ejercicio de la libertad, cuando resulta que en Navarra los índices de criminalidad aumentan y la preocupación social empieza a barruntarse. Pónganse a trabajar, señores mandatarios, ahí sí nos encontrarán.

Firman este artículo: Santiago Arraiza, Oscar Espinosa, Laura Beltrán, Alfonso Zubiri, Zoraida Hoyos, Javier Hernández, JM Martínez Pasamar, Eduardo Perea, Cesar Lima, Iván Gorricho, Eduardo Fulgencio, Rafa Molinero y Kiko Jiménez Delegados de APF (Agrupación Profesional de Policía Foral)