En una entrevista por las Asociaciones por el Derribo del Monumento de Navarra a sus muertos con la consejera Ana Ollo, esta dijo que la mayoría de las razones esgrimidas para exigir la demolición del edificio se habían hecho desde un “punto de vista emocional”. Y apuntaba la necesidad de concitar otros enfoques. Exactamente, los de naturaleza legislativa, jurídica y administrativa. Es decir, una llamada a la racionalidad. Y eso es lo que parece que ha hecho el tripartito en estos últimos tiempos, en especial, la trilateral de abogados de Bildu, en su artículo publicado en DIARIO DE NOTICIAS.
De ello podría desprenderse, no un desprecio hacia la emoción, pero sí de duda hacia las emociones como motor de la conducta y que el tópico de que las emociones nos ciegan sigue intocable. No extraña. Hablamos de actitudes viscerales, olvidando que el cerebro es una víscera. Y se dice que el corazón nos pierde, aun sabiendo que ni habla, ni piensa, ni siente. Como describía el reconfortante Ambrose Bierce: “el corazón es una bomba muscular automática que hace circular la sangre”.
Se puede aceptar que no haya “emociones racionales”; sí inteligencia emocional (Coleman), entendida como profilaxis para atemperar los latigazos que el cerebro nos pide cuando la vida no nos sonríe. En efecto. A nadie le gusta recordar que sus abuelos, sus padres o sus tíos fueron asesinados o que sus abuelas y tías fueron violadas por unos matones. Que ese recuerdo nos ocasione unos calambres de tristeza infinitos no significa que ciegue el intelecto y oscurezca la racionalidad. Menos aún que no se sepa lo que pensamos y decimos cuando exigimos la demolición del monumento. ¿Que lo hacemos desde una perspectiva emocional? Y ¿qué creen que hacen quienes piden lo contrario? ¿Acaso, quienes exigen esa imposible resignificación del Monumento se basan sólo en una racionalidad fría, libre de recuerdos capaces de generar en su organismo instantes de emoción? Lo mismo sucede con los políticos profesionales. Cuando piensan y defienden qué hacer con el edificio en modo alguno se ven libres de esas connotaciones. Al parecer, estas asociaciones a ellos no les mengua su lucidez. Ya.
En un estado emocional convulso es posible que sea más difícil pensar con frialdad. Pero esto no es más que una premisa usada cuando interesa y contra quienes nos importa descalificar. Bien sabemos que pensar no basta para actuar correctamente. Lo que es inaceptable es acusar a los iconoclastas de que la emoción les nubla el juicio y a los iconófilos, no. Como si estos tuvieran acceso a la verdad objetiva y universal por ósmosis, no permitiendo que su subjetividad emocional, al recordar al abuelo carlista y falangista, les ciegue el intelecto. Otro ya suspicaz.
Con relación a la perspectiva legislativa puede que las leyes estén exentas de cualquier zurrapa emotiva. Se olvida que las leyes no las hacen ni ángeles, ni demonios, sino seres humanos. Preguntemos. En su elaboración, ¿acaso abandonan su caja personal de resonancias sentimentales? Es bien sabido que muchos jueces las interpretan anteponiendo sus creencias al dictum de la ley. ¿Por qué, entonces, confiar tanto en el aparato legislativo, jurídico y administrativo? Resulta irónica la situación, porque han sido las asociaciones quienes más han recordado al poder político la existencia de una Ley de Memoria Democrática, que contemplase la demolición de los edificios de exaltación fascista.
Si se repasan las leyes que se han dictado por los distintos gobiernos autonómicos y centrales el espectáculo no puede ser más bochornoso. Es la imagen de un fracaso absoluto. ¿De la emoción o de la racionalidad?
Porque, efectivamente, ese ha sido su comportamiento estos años respecto al monumento en Navarra: no citar el edificio por su nombre en la ley de memoria de Navarra; no hacer nada para hacer lo mismo en la ley estatal; no hacer nada para recurrir decisiones como la del TAN; no hacer nada para apelar sentencias judiciales, como la que se apoyaba en que se había eliminado la simbología golpista, siendo esto falso; no hacer nada para modificar la catalogación municipal de protección del edificio; no hacer nada para evitar el juicio contra quienes trataron de que se conociera la existencia de las misas carlofranquistas en la cripta (sino lo contrario), celebradas hasta antes de ayer; no hacer caso a las asociaciones de Memoria para reclamar lo que pedían: la no utilización del edificio y la llamada de atención pública poniendo el acento en el carácter golpista del Monumento (cerrado por democracia») o no gastar dinero público en su mantenimiento, etcétera, etcétera. En definitiva: no-ha-cer-na-da.
Ninguna de esas leyes democráticas afectaron a la realidad denunciada. Ni la magistratura, ni la clase política se tomaron en serio el hecho antidemocrático que supone mantener en pie una arquitectura fascista. ¿Por causa de la emoción que experimentan al contemplar esos símbolos y edificios?
En Navarra, se han elaborado tantas leyes, normativas y órdenes para borrar de nuestras calles y edificios símbolos de enaltecimiento de golpistas que ya no merece la pena enumerarlas. Peor. Cuando se hace, será para recordar que el Monumento a los Caídos nunca ha figurado en ellas como edificio de exaltación fascista.
Nadie olvida que el Tribunal Administrativo de Navarra (TAN), que no forma parte de la judicatura, rebautizó el edificio de Los Caídos descarnándolo de su significado golpista. Y al estar rebautizado, antes de que llegara esa ola resignificadora, ya no exalta ni enaltece golpistas. De alucinar. Racionalmente, claro. Una ingente base legislativa convertida en nada por una decisión administrativa, redactada bajo la inspiración, no sólo de la racionalidad de un discurso jurídico, sino, también, de la emoción política de quien dictó dicho bautismo. Las leyes plasman lo que el pragmatismo de los políticos consideran oportuno sobre un determinado asunto. No se mueven por una ética de los principios, sino por una ética de las consecuencias. Y cuando las consecuencias se miden por los réditos políticos, malo.
Ahora, resulta que la jurisprudencia establecida por buena parte de jueces de ideología del régimen franquista es la que hay que tener en cuenta para, a partir de ella, actuar y buscar soluciones que vistan de seda la mona franquista. De este modo, y como recordaba en estas páginas, el director del Instituto de la Memoria y Convivencia, M. Zabalza, “parece más que evidente la filosofía y la concreción técnica del legislador y del posterior desarrollo normativo del Ejecutivo. Si además tenemos en cuenta lo establecido por numerosas sentencias de organismos judiciales, el marco de actuación, en materia de memoria democrática y patrimonio cultural, es claro”. Claro, evidente y filosófico. El asunto es más sencillo. Digan que ni su razón, ni su emoción coinciden con las de las víctimas y asunto concluido.
Firman este artículo: Víctor Moreno, Orreaga Oskotz, Clemente Bernad, Carlos Martínez, Carilina Martínez, Laura Pérez, Ángel Zoco, Ramón Urtasun y Txema Aranaz Del Ateneo Basilio Lacort
