En la sociedad de rápida transformación en la que nos ha tocado vivir, parece razonable la aparición de propuestas novedosas que, mirando hacia el futuro con la luz del pasado y del presente, hagan planteamientos tendentes a lograr mayores cotas de satisfacción real de las necesidades ciudadanas mayoritariamente manifestadas.
La disciplina económica no podía faltar a esa cita y, en concreto, haré referencia a dos planteamientos analíticos aparecidos en estos años. Por un lado, está la Economía del Postcrecimiento o Economía del Bienestar Sostenible y, por otro, la visión teórica del Estado Emprendedor.
La primera de ellas, continuadora de la Economía del Bienestar, postulada ya hacia 1968, se ancla hoy a su sostenibilidad en términos financieros, científicos, medioambientales, técnicos y de recursos necesarios para lograr un cumplimiento aceptable de las necesidades de la población a largo plazo. De ahí, el enunciado de Economía del Bienestar Sostenible.
Resulta conveniente, en mi opinión, aproximar a este marco teórico diferentes investigaciones que distintos economistas del mundo académico vienen realizando, como es el caso de Mariana Mazzucato y Rainer Kattel, para acercar los avances teóricos a las pragmáticas políticas económicas que distintos niveles del sector público puedan implementar.
Estos dos investigadores han publicado, recientemente, un artículo en el diario El País, en donde plantean la función del sector público como agente económico proactivo, más que como corrector de los fallos del mercado. Una función, la de corrector, que, si se aplicase al límite siguiendo algunas teorías de las nuevas corrientes ultraconservadoras, sería en unos niveles mínimos de actuación y protagonismo.
Y es problemático que ese ultraliberalismo económico esté cada vez más presente en los medios de comunicación y en la política rompiendo la matriz de valores presentes en el ideario predominante desde el siglo XIX y consolidados y aplicados con éxito a partir de la Segunda Guerra Mundial.
El avance teórico propuesto por Mazzucato y Kattel como soporte, a mi juicio, del tránsito hacia el postcrecimiento o bienestar sostenible, se fundamenta en seis variables identificadas como capacidades imprescindibles a desarrollar por el sector público, como vehículo necesario, aunque no suficiente, para lograr con éxito esa transición.
Esas seis capacidades del sector público sugeridas por esos autores son:
1- Contar y desarrollar con una conciencia estratégica, entendiendo esta como la asunción y práctica de un conocimiento reflexivo de las cosas en el ámbito temporal del largo plazo.
2- Migrar hacia el establecimiento de una visión y actuación flexibles, en términos de la adaptabilidad de la agenda y planes y, por lo tanto, de las prioridades.
3- Potenciar la creación de coaliciones, asociaciones y acuerdos, tanto públicos como público privados.
4- Impulsar la autotransformación en el sentido de efectuar una actualización continua de habilidades, estructuras organizativas y modelos operativos de los organismos públicos.
5- Realizar una experimentación y resolución iterativa de problemas, de tal manera que se evolucione desde la repetición negativa a la progresión positiva y mejora permanentes.
6- Impulsar la cultura de la orientación a los resultados en toda la estructura y herramientas del sector público.
Podemos condensar estos seis elementos en la conocida expresión “I”, la innovación de procesos, que, habitualmente, se refiere al mundo de la empresa, siendo conscientes de cuán diferentes son y han de ser los objetivos empresariales respecto a los objetivos y prioridades públicas, especialmente en lo que se refiere el horizonte temporal. El corto plazo, a veces inmediato, en la empresa, y el largo plazo deseable para el sector público. Es decir, estamos hablando sencillamente de la necesidad de innovar el sector público, su concepto, sus objetivos y su metodología de funcionamiento.
Ahora bien, pasar de la simplicidad de un escrito a la complejidad de una acción contundente y necesaria como para transformar el sector público e incrementar la innovación en el mismo en los términos descritos, va más que un trecho.
Y ese esfuerzo, imprescindible por otra parte para adecuar la Administración Pública a los tiempos actuales y sobre todo futuros, en el que, –no olvidemos–, están, fundamentalmente, implicadas las personas, es decir, los ciudadanos, los funcionaros y los decisores, afecta a múltiples principios. Entre todos los posibles, destaco la priorización de los objetivos ligados al bienestar sostenible, lo que implica diseñar y adoptar las políticas económicas coherentes con la consecución de dichos objetivos, así como actuar con suficiente rigor, también mediático, en pos de ello.
En definitiva, todo lo expuesto nos atañe a todos, pero parece adecuado encomendar al sistema educativo y a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial hacer lo posible y lo imposible para la transmisión de conceptos y entrenamiento en los factores de comportamiento resumidos como la consolidación de una visión a largo plazo, reforzada desde un punto de vista solidario y colaborativo frente al insensible individualismo en este mundo global y tecnológico. En definitiva, desterrar aquella máxima proclamada por el poeta del Siglo de Oro español Luis de Góngora y Argote: “Ande yo caliente y ríase la gente”.
*El autor es economista
