Estas reflexiones/propuestas surgen de mi experiencia profesional en estos últimos 5 años; por una parte, en el Instituto Navarro de la Juventud y, actualmente, desde mi puesto como trabajador social en una unidad de barrio de Pamplona. De dicha experiencia, una de las conclusiones más claras que puedo sacar es sobre la urgencia de incorporar cuanto antes nuevas medidas y alternativas de acceso a la vivienda en nuestra comunidad. Sé que éste es un tema complejo, que exige planteamientos a largo plazo, medidas innovadoras y herramientas diversas, así como mantener aquellas otras ya implementadas que van funcionando: ayudas Emanzipa y David, bolsa de alquiler, etcétera. Y, sobre todo, tengo claro que el tema requiere de voluntades políticas conjuntas.

Desde la crisis de la burbuja inmobiliaria han pasado ya más de 15 años, y vemos cómo cada vez viene siendo más difícil, si nos fijamos en la población joven navarra, que ésta pueda emanciparse y desarrollar sus propios proyectos vitales de autonomía y transición a la vida adulta. Según la Encuesta de Emancipación de la Población Joven en Navarra de 2023, sólo 3 de cada 10 jóvenes menores de 30 años en Navarra habían conseguido la emancipación plena en 2023. Por otra parte, cada día vemos cómo, desde un mercado de vivienda regulado por la ley de la oferta y la demanda, las personas usuarias de nuestros servicios sociales llegan a pagar en Pamplona y alrededores cuantías de hasta 350-400 € por una habitación individual en piso compartido; y para algunas familias, pensar en alquilar un piso completo es algo inalcanzable. Ello está conllevando que muchas personas y familias continúen en la pobreza. Pero es que, además, dicha situación tampoco incide solo en las personas usuarias del sistema de servicios sociales; afecta, además (y ahí se dio un cambio de paradigma) a muchas personas trabajadoras: a los y las trabajadoras pobres, término acuñado ya hace varios años, referido a quienes reciben un salario laboral pero que, principalmente, por afrontar unos costes tan altos por su alojamiento, quedan sin margen económico para terminar el mes y recurren a los servicios sociales a solicitar ayudas económicas. Y el drama se acentúa si tienen personas menores a cargo.

El censo de solicitantes de vivienda protegida en Navarra ha registrado un aumento significativo en los últimos años, llegando a las 20.800 solicitudes en los primeros meses de este año 2025. La necesidad es evidente.

Considero que si hubiera más medidas y más efectivas desde las políticas públicas de vivienda, o si las viviendas del mercado que se arriendan no fueran instrumentos para la especulación, ello repercutiría en tener unos servicios sociales más eficaces para la intervención social, menos tensionados, y dejar de ser los y las trabajadoras sociales, en muchas ocasiones, meros tramitadores de tantas ayudas económicas (de emergencia, extraordinarias…) para las familias a quienes el coste del alojamiento les ahoga. Y además (y esto es grave y exigiría reflexiones profundas y medidas de cambio) muchas de esas ayudas acaban satisfaciendo el deseo de personas particulares, arrendadoras que se aprovechan y abusan de la falta de vivienda efectiva, inflando abusivamente los alquileres y realquileres.

Y es que, y ahí hay otro elemento para la reflexión, en el fondo, en Navarra el dinero público se asigna y circula (SMI, rentas garantizadas, etcétera); pero en gran parte es para destinarlo a pagar un techo y acaba saciando los intereses de aquellos propietarios y propietarias que especulan con precios desorbitados por arrendar sus viviendas. Y aunque la renta garantizada de Navarra, después de la renta de garantía de Ingresos del País Vasco, es la segunda más alta de todo el Estado, quienes la cobran en nuestra comunidad no dejan de seguir manteniendo una situación de exclusión o riesgo de estarlo. Ello se debe a que lo percibido choca con unos precios altísimos e inasumibles de alquiler de pisos y de habitaciones para personas solas, sobre todo en las denominadas Zonas de Mercado Residencial Tensionadas. Estas zonas abarcan al 68% de la población residente en Navarra.

Así, es urgente que las medidas se pongan en marcha ya. Considero que nuestro sistema de servicios sociales ha sido, y lo sigue siendo a fecha de hoy, rehén de un sistema de vivienda que debería haber hecho su trabajo, ya que en muchos años atrás, lo implementado no ha sido suficiente, sobre todo para los grupos más vulnerables (jóvenes y personas con bajos recursos económicos en situación de exclusión o riesgo de estarlo).

Este año 2025 se aprobará una nueva Estrategia Foral de Juventud. Es imprescindible que un elemento clave de dicha Estrategia sea la apuesta clara por impulsar la emancipación juvenil, articulando medidas conjuntas desde GN: Formación y Empleo, Vivienda y Juventud y contando con el compromiso de toda la sociedad. Además, está previsto en el Acuerdo Programático de Legislatura del Gobierno de Navarra 2023-27 contar con una nueva Ley Foral de Juventud antes de acabar esta legislatura. Uno de sus ejes centrales debería ser la promoción de un mayor acceso de las personas jóvenes a la vivienda, para que puedan emanciparse y desarrollar sus propios proyectos de vida autónoma, propia y/o familiar. Es prioritario y también urgente, apostar por ello.

A la vista de lo expuesto, las nuevas normativas y medidas de vivienda en Navarra deberán arrojar medidas innovadoras, valientes y decididas, sobre todo pensando en las zonas tensionadas (limitando el coste de los alquileres, etcétera). Los avances en las políticas públicas de vivienda en Navarra exigirán una mayor inversión económica, ampliar el parque de vivienda pública, y/u otras alternativas y modelos de acceso a la vivienda social. Será necesario hincar el diente a todo ello con voluntad y generosidad (ojalá se cuente con el apoyo de todos los grupos políticos de nuestra comunidad) y redoblar los esfuerzos por potenciar unas nuevas políticas de vivienda que sean más efectivas y que aseguren aquellos derechos que hoy aún no se garantizan. El problema es sistémico. La solución también deberá serla, además de transversal y coordinada. Y una última petición a todos los grupos políticos del Parlamento navarro: el desarrollo legislativo en materia de Vivienda y de Juventud pendiente antes de acabar esta legislatura debería buscar, a través de medidas progresistas y con dotación económica suficiente, un avance en derechos de ciudadanía, una mayor justicia y cohesión social y comunitaria y nuevas oportunidades de promoción y autonomía para quien más lo necesita y para la juventud: el presente y el futuro de nuestra sociedad. No podemos perder esta oportunidad. Nuestra comunidad no puede permitirse una mayor fractura social.

El autor es trabajador social