Según el Diccionario Etimológico Castellano, esta expresión se refiere a “la actitud de quien persiste empecinadamente en cometer errores, incluso a sabiendas, por orgullo o por mantener las apariencias”. Lo anterior viene a cuento del recién cumplido primer aniversario de la ponencia parlamentaria navarra encargada de adecuar el Amejoramiento (Lorafna) a la realidad social y al sentir de la ciudadanía navarra del siglo XXI. Pero vayamos por partes.
Hace casi 11 años, en septiembre de 2014, el Parlamento Foral debatió en sesión extraordinaria sobre el autogobierno de Navarra. Poco después, en noviembre de 2015, se realizó un pleno monográfico sobre el derecho a decidir. A pesar de la pompa y boato que acompañó a todo esto, pocas decisiones fueron las tomadas y las adoptadas carecieron de concreciones prácticas. Fueron meros brindis al sol.
Más adelante, el gobierno de Uxue Barkos, 2015-2019, recogió en su programa el compromiso de “abrir un proceso participativo y parlamentario al objeto de reformar el Amejoramiento para definir el estatus político de Navarra, incluir nuevas competencias y avanzar en el reconocimiento de derechos sociales, dándoles el mayor rango posible, haciéndolos efectivos en su cumplimiento y sometiendo la propia reforma a refrendo ciudadano”. Pero todo quedó en puro verbo, pues no hubo ni proceso participativo, ni reforma del Amejoramiento, ni ampliación de competencias, ni refrendo ciudadano alguno. Nuevo brindis al sol.
En la legislatura siguiente, 2019-2023, bajo la batuta de María Chivite, se acordó la “creación de una ponencia en el Parlamento de Navarra que estudie la actualización de la Lorafna, dentro del marco constitucional vigente”. Lo anterior se concretó en la realización de unas jornadas parlamentarias en las que varios profesores universitarios y expertos ligados al ámbito de la historia y el derecho ilustraron a sus señorías con sus amplios conocimientos. Ahí quedó todo.
Así hemos llegado a la actual legislatura en la que de nuevo se ha constituido una Ponencia para tratar de la reforma del Amejoramiento. Ésta, tras varias reuniones previas de carácter organizativo, comenzó hace un año a recibir a las personas propuestas por los distintos grupos parlamentarios. Hasta la fecha han pasado por allí 16 ponentes y se prevé que pasen otros 6 más antes de julio. Un ritmo de trabajo excesivamente lento para las casi 100 comparecencias solicitadas, pues si se pretendiera realizar todas en esta legislatura, habría que triplicar la intensidad del trabajo de sus señorías. ¿Será esto posible? Mucho me temo que no, debido a la complicada situación política que estamos viviendo y a que dentro de muy poco los esfuerzos de los grupos van a estar centrados en los nuevos calendarios electorales.
Resulta curiosa la lista de 22 personas que han comparecido ya o van a hacerlo hasta julio, pues 18 son hombres (81,8%) y solo 4 son mujeres (18,2%). No menos sorprendente es leer sus profesiones, pues 21 de ellos son profesores-doctores-catedráticos de universidad, ligados mayormente al mundo del derecho. Se ve que en la posible reforma del Amejoramiento las aportaciones a hacer desde los distintos ámbitos sociales (feminista, sindical, ecologista, derechos humanos, migración…) y profesionales no académicos (médicos, sociólogas, técnicos agrícolas, trabajadoras sociales…) no tiene mayor importancia. ¿Pero cómo lograr el objetivo perseguido de “adecuar la Lorafna a la realidad social y al sentir de la ciudadanía navarra del siglo XXI”, si se excluye la presencia y propuestas que puedan hacerse desde todos estos ámbitos?
El debate que se está haciendo, además de masculinizado y sobreacademizado, está siendo cansino en grado sumo. No es de extrañar así que no despierte mayor atención ciudadana. Por el contrario, parece como si la desidia y la pasividad fuera el objetivo a lograr. Sumemos a ello que todo lo anterior se está haciendo de una forma opaca y distante, encerrado tras los muros del Parlamento, sin que se atisbe interés alguno en trascender esas paredes e impulsar el debate en la sociedad y sus distintos ámbitos sociales y ciudadanos, pues bien se sabe que la política es una cosa demasiado seria como para dejar que la monopolicen los políticos.
El marco institucional levantado durante la Transición en Nafarroa fue un auténtico tocomocho. Amadeo Marco y Martín Villa, orgullosos fascistas de amplio historial, negociaron mano a mano el decreto de enero de 1979 con el que se realizaron las primeras elecciones forales. Según los votos de las personas que vivían en la merindad de Pamplona valdrían la mitad que los de las de Olite o Sangüesa. Y así, con tan solo un 26,80% de los votos, la UCD obtuvo un 57,14% de los asientos de la Diputación (4 de 7 diputados). Martín Villa y Amadeo Marco sabían que el control de ésta era esencial en la etapa que entonces se abría. Y así fue.
Junto a ello, se excluyó de este proceso a los dos diputados discrepantes (HB y Amaiur) y a un tercio de la representación de izquierdas y nacionalista existente en el Parlamento Foral. A quien sí se le reservó lugar fue al PSOE-PSN, quien tuvo que tragarse para ello previamente los sapos de la renuncia a lo que hasta la víspera había defendido: unidad territorial vasco-navarra, oficialidad del euskera, ikurriña… Como guinda a este fraude, Nafarroa sería la única comunidad histórica del Estado a quien se negó el derecho a refrendar el texto “amejorado” finalmente acordado.
El andamiaje institucional actual cuenta así con un déficit democrático substancial, pero nada indica que exista intención alguna de subsanar lo anterior. Mientras tanto, nos marean con doctas comparecencias y escenarios parlamentarios, pero la voz de la ciudadanía sigue siendo marginada. La ponencia lleva todo el camino de convertirse, una vez más, en una reedición del día de la marmota foral. Llevamos ya tres legislaturas de puro postureo, sin querer coger el toro por los cuernos. Da la pinta que es lo que quieren.