Cómo nos daña el rechazo de los migrantes

Esta semana hemos escuchado unas declaraciones en este sentido, inaceptables e incomprensibles, impropias de un responsable público. Afirmaciones cargadas de prejuicios que deshumanizan a este grupo de personas, atribuyéndoles calificativos despectivos e insultantes que los denigran, los cosifican y los sitúan como una amenaza. Sorprende que UPN, partido al que pertenece el autor de las mismas, no haya salido ya a desmarcarse o lo haga tarde, porque me consta que muchos de sus votantes y afiliados en absoluto las comparten.

He releído un artículo de Daniel Innerarity, titulado “La democracia de la migración”, en la que acertadamente reflexiona sobre hasta qué punto nos daña el rechazo de los migrantes y los costes de la no migración. Creo que la ausencia de contranarrativas ante el tratamiento estigmatizador, contribuye a extender y a apuntalar un marco interpretativo que explica el fenómeno desde una única perspectiva de carácter securitaria y criminalizadora. Por eso, quiero señalar algunos de los costes de la no migración para nuestra comunidad, sobre los que Innerarity nos sugiere pensar.

Navarra es una de las cinco comunidades en la que más ha crecido su PIB en el periodo 2013-2023 por el crecimiento de la población migrante. De las 316.000 personas afiliadas a la Seguridad Social que hay actualmente, el 13%, casi 39.000 son de origen extranjero, un peso superior si consideramos que muchas personas migrantes ya tienen la nacionalidad española. El empleo migrante se concentra en sectores clave de nuestra economía, como la industria, los servicios, la construcción, los cuidados y la agricultura. En muchas zonas rurales representan una fuerza laboral esencial y en la Ribera de Navarra, el dinamismo demográfico se sustenta en buena medida en la inmigración de trabajadores sin cualificación. El emprendimiento cooperativo en Navarra concentra el 35% de participación migrante. El colectivo migrante es responsable de 4 de cada 10 nuevos empleos que se crean en Navarra y será clave para mantener las pensiones. Por cada euro que Navarra invierte en servicios y políticas públicas para la población migrante, esta devuelve dos en términos económicos.

Pero más allá de estos datos que corroboran su papel en el desarrollo económico y territorial, la población migrante enriquece a nuestra sociedad desde un punto de vista ético, cultural y social, fortaleciendo los valores humanos universales y transformando positivamente la convivencia. La presencia de la población migrante impulsa a la sociedad a reflexionar sobre principios como la dignidad humana universal (más allá del origen) y también sobre la empatía, la hospitalidad y la justicia social, valores centrales del humanismo.

Por eso, además de ofrecer información sobre los costes de la no migración, es necesario realizar una reflexión colectiva que frene los discursos estigmatizadores, por lo que resulta prioritario rechazar el marco interpretativo que sitúa a estos colectivos como el otro, asociándoles al conflicto y a la violencia.

En el caso de los menores migrantes no acompañados, es todavía más evidente el que rechacemos de manera contundente ese relato de criminalización. Tenemos una obligación legal y moral de atención, un compromiso con los derechos humanos, que la sociedad navarra comparte y legitima mayoritariamente. Una obligación que están eludiendo algunas comunidades autónomas de manera irresponsable e inhumana. Una obligación que es además perfectamente asumible para una sociedad como la nuestra.

Dado que algunas comunidades, principalmente del PP, no se están dotando de las plazas suficientes, el Gobierno de España ha fijado de acuerdo a unos criterios objetivos y justos, que cada comunidad tiene capacidad para acoger a 33 menores por cada 100.000  habitantes, lo que se traduce en que nuestra comunidad puede disponer de 223 plazas para atender a estos menores. Hay ahora mismo 168 menores no acompañados tutelados y en virtud al RDL de acogida obligatoria a los menores que hay en Canarias y Ceuta, a lo largo de los próximos 12 meses podrían llegar un máximo de 118 más.

Trabajamos con entidades sociales de infancia y sus profesionales que dan lo mejor de sí para atenderles y ofrecerles un futuro mejor. También lo estamos haciendo con los Ayuntamientos donde vamos a abrir nuevos recursos y con las organizaciones que operan allí. Con la Confederación Empresarial de Navarra y con Caja Rural en proyectos de empleo, con las Federaciones de Balonmano, Baloncesto y Fútbol… A todos ellos mi agradecimiento. Y aunque tenemos que seguir mejorando su atención, los datos son también elocuentes. Un 67% de los menores que tutelamos en el año 2019 están trabajando y son muchos los proyectos personales de éxito. La mayoría de estos jóvenes no han mantenido conductas de riesgo o delictivas en su vida. Por lo tanto, no podemos suponer que cada vez que se abre un centro de acogida en un determinado lugar, esos adolescentes vayan a cometer actos delictivos. Es una obligación de todos, partidos políticos, Administración y sociedad garantizar los derechos de estos menores ante su situación de especial vulnerabilidad. En esa tarea seguirá trabajando el Gobierno.

La autora es consejera de Derechos Sociales, Econonía Social y Empleo