La Junta de Gobierno Municipal acaba de adjudicar por subcontratación la limpieza viaria en Pamplona. El grueso de la operación, un lote de 108 millones de euros, para la limpieza básica, corresponde a FCC. La pregunta que nos hacemos es:
1) ¿Es la forma ambientalmente más adecuada de la gestión de dicho residuo?
2) ¿Es la forma de gestión más adecuada desde el punto de vista económica y social?
Desde el punto de vista ambiental, se debe priorizar la prevención. Una herramienta eficaz es el sistema de depósito devolución y retorno de envases (SDDR), implantado en la mayor parte de los países europeos, y que ha demostrado que evita el abandono de botellas de bebidas y otros envases en la vía pública. Dicho sistema legislativamente debe implantarse en el Estado español para noviembre de 2026. Actualmente se está realizando en Sangüesa una prueba piloto del SDDR cuyos datos servirán para que el Ministerio decida las características de la implantación a nivel estatal. 120 organizaciones sociales se han organizado para apoyar el SDDR y solicitar a ayuntamientos y mancomunidades su colaboración. ¿El Ayuntamiento de Pamplona ha apoyado esta campaña?
Evitar el abandono de envases también evita que pasen al río y finalicen en el mar. A pesar de la importancia de la prueba, su carácter pedagógico y su repercusión estatal, los medios de comunicación no se hacen eco de ella. ¿Por qué?
La contratación a FCC se ha realizado para 8 años. ¿Ha tenido en cuenta el Ayuntamiento la disminución de los residuos de envases que se van a producir a causa de la implantación del SDDR? ¿No hubiera sido más lógico hacerla para menos tiempo?
Desde el punto de vista económico y social, la gestión de los residuos viarios debe ser pública en todos los sentidos, es decir, directa, sin acudir a las subcontrataciones. Si bien las contratas tienen una lógica en casos especiales, en el presente caso la limpieza viaria no responde a dificultades técnicas ni de especialización. La limpieza no requiere trabajadores especializados y puede ser realizada por sectores socialmente desfavorecidos, aquellos que en una empresa privada tienen difícil entrada. Evitar las subcontrataciones disminuye el coste para las instituciones públicas.
Las empresas tienen el objetivo de la obtención de lucro, el mayor posible, con los efectos negativos sobre los trabajadores y sobre el servicio final prestado. Se sigue desmantelando lo público, lo común, y las instituciones deben dar un servicio al ciudadano, sin considerarlo un negocio. Los ciudadanos acabamos convertidos en clientes, en este caso de FCC.
La realidad es que el modelo de gestión no ha cambiado con los cambios de gobierno, y las instituciones “progresistas” siguen gobernando al servicio del capital. Las contrataciones privadas fomentan las presiones de los grupos empresariales sobre políticos y técnicos de las administraciones, sucumbiendo a veces y dando lugar a episodios de corrupción. Son habituales las donaciones de las grandes empresas constructoras a los partidos políticos. Evitar las subcontratas es evitar sobornos. Otra posibilidad hubiera sido recuperar plantilla municipal para algunas zonas o barrios de la ciudad y separar la adjudicación en diversos lotes para posibilitar que entraran empresas sociales o locales
El interés general de los ciudadanos por la prestación de servicios adecuados, especialmente en los campos sociales y ambientales, choca con el interés privado de las empresas, exclusivamente económico.
En representación de la Compañía de las 3R
