En 2025 en el Estado español se han perdido más de 400.000 hectáreas debido a los incendios forestales, la mayoría de ellos declarados a finales de julio y principios de agosto. Estos fuegos, imposibles de apagar y con un potencial de destrucción inmenso, han estado alimentados por el cambio climático, tal y como acaba de concluir un grupo de 13 especialistas del World Weather Attribution (WWA).
El cambio climático, provocado principalmente por la quema de combustibles fósiles, hizo 40 veces más probables y un 30% más intensas las condiciones de calor, sequedad y viento que alimentaron unos incendios forestales que acabaron con la vida de ocho personas, según un estudio de atribución elaborado por el WWA.
Desgraciadamente, estos incendios son una señal de lo que está por venir. A día de hoy, un aumento de 2º C de calentamiento global a finales de la década de 2030 es un pronóstico muy realista, y es lo que se baraja por parte de los científicos, que son 3º C en la península Ibérica y más de 4º C en época estival.
No acabamos de creernos que nos encaminamos hacia uno de los peores escenarios que describe el Panel Intergubernamental de Naciones Unidas (IPCC). Esto debe formar parte de un cambio de paradigma a nivel institucional e informar y formar a la ciudadanía desde la ciencia.
En este contexto un Pacto de Estado es un anuncio coherente con el mayor reto que vivimos como humanidad: la emergencia climática. Cualquier pacto debería estar basado en el conocimiento científico, y que sea mucho más ambicioso que las políticas y objetivos actuales. Junto con ello, hacen falta, como dice la organización Greenpeace, medidas de adaptación, prevención y gestión de riesgos climáticos, como, por ejemplo, planes de adaptación al calor extremo. El cambio climático ha triplicado las muertes por calor, que se producen de forma mayoritaria en las ciudades. Es prioritario impulsar los planes municipales de adaptación al calor.
Para reducir la amenaza que suponen los eventos meteorológicos extremos es imprescindible aumentar la ambición climática con medidas que reduzcan las emisiones y frenen el avance del cambio climático.
También hay que reforzar los medios de investigación de las fiscalías de medio ambiente para localizar a los responsables y conocer las causas y motivaciones de los incendios forestales, así como proteger a los afectados climáticos, personas que pierden su vivienda por incendios o inundaciones, y garantía de seguros accesibles y fondos de compensación rápida tras las catástrofes.
El presidente Pedro Sánchez ha anunciado 10 medidas para impulsar un Pacto de Estado contra la emergencia climática. La que más se ha amplificado es la creación de una agencia estatal de protección civil y emergencias para mejorar la coordinación ante los eventos extremos, como los incendios o las inundaciones. Otra de las medidas importantes anunciadas tiene que ver con las altas temperaturas, y se plantea crear, en colaboración con los gobiernos autonómicos y ayuntamientos, una red estatal de refugios climáticos en las ciudades y pueblos.
El grueso de las propuestas está relacionado con los incendios forestales. En este sentido, Pedro Sánchez ha hecho énfasis a lo largo de todo su discurso en la necesidad de priorizar la prevención, con lo que hay que mantener y aumentar “los medios técnicos y humanos necesarios para combatir eventos extremos”. En la misma línea, las propuestas del Gobierno español pasan por “fomentar la agroforestería, la ganadería extensiva, la agricultura regenerativa, el pastoreo y el riego eficiente”.
Algunas de las propuestas lanzadas son interesantes, pero deberían de ir más lejos. Concretamente, tal y como señala Rebelión Científica en un artículo publicado en la revista Climática, medidas como la creación de una agencia estatal de emergencias, una red de refugios climáticos o fondos de reconstrucción, no responden a la profundidad de la crisis ni a la magnitud de la transformación sistémica que recomiendan los expertos para limitar el alcance de las catástrofes climáticas. De hecho, las propuestas del Gobierno español por “fomentar la agroforestería, la ganadería extensiva, la agricultura regenerativa, el pastoreo y el riego eficiente” son medidas necesarias, pero no integran la reforma global del sistema agrario que se necesita o de planificación de la gestión territorial que deje de considerar el campo como zona de sacrificio.
Una de las cuestiones más críticas de la propuesta, a pesar del anuncio de que la construcción de este pacto va a ser participativa, es que en la hoja de ruta no se establezca claramente que sea un proceso abierto y participativo. Y es que es absolutamente necesario también democracia participativa vinculante, con instrumentos como las asambleas ciudadanas por el clima permanentes, es decir, con voz real en la gobernanza ambiental.
La propuesta de Pacto de Estado frente a la emergencia climática recibió el pasado viernes 5 de septiembre un serio varapalo en el Congreso de los Diputados, no solo por la dificultad de que se sumen al acuerdo el principal partido de la oposición, el PP, que gobierna la mayoría de las autonomías, sino porque los partidos que apoyaron la investidura de Sánchez han sido muy críticos ante la propuesta que han calificado de simple “planteamiento táctico”, “cortina de humo” e iniciativa “propagandista”. Varias de estas formaciones que respaldaron la investidura –como BNG, PNV, ERC, EH Bildu y Junts– han advertido, además, contra la recentralización de competencias que podría suponer ese pacto.
No hay que esperar a los negacionistas para un acuerdo que nunca van a aceptar. Así que mejor sería que el Gobierno central presentara una propuesta mucho más ambiciosa.
El autor es experto en temas ambientales y Premio Nacional de Medio Ambiente
