Hace unos días, el señor López de Uralde, de Caídos Irauli, preguntaba: ¿quiénes fueron víctimas en el franquismo? La respuesta es sencilla, ya que las leyes de Memoria Histórica, foral y estatal lo dicen: las víctimas del franquismo son “las personas que fueron perseguidas, encarceladas, torturadas e incluso perdieron sus bienes y hasta su propia vida en defensa de la democracia y la libertad”.
Para mayor concreción, el artículo 3 de la Ley de Memoria Democrática detalla un listado de quiénes son esas personas y reconoce como víctimas a sus familiares hasta cuarto grado, es decir, las biznietas y les reconoce una serie de derechos legales. Parece mentira que el articulista no conozca esta definición legal. Salvo que no esté de acuerdo con ella y pretenda cuestionarla.
López de Uralde, a continuación, realizaba una disertación academicista sobre las diferentes formas de procesar la memoria de la represión fascista y, en clara oposición a lo dispuesto en la legislación de Memoria Histórica, defiende que se deben mantener en pie los símbolos franquistas, para que no se pierda la memoria de lo que defendían e hicieron los fascistas. Es decir, es necesario mantener los símbolos por motivos pedagógicos.
Como es sabido, las leyes de Memoria Histórica ordenan la retirada o eliminación de los símbolos franquistas y disponen que, si no lo hacen los propietarios, las administraciones públicas lo ejecutarán subsidiariamente, incluso imponiendo multas coercitivas. Nada dicen las leyes de que se puede, ni mucho menos debe, mantener los símbolos por motivos pedagógicos. Por el contrario, dicen las leyes que la eliminación de los símbolos franquistas es necesaria “en defensa de la dignidad de las víctimas”. Así se ha venido haciendo en Navarra desde que, en 2003, el Parlamento aprobó la ley foral de símbolos. Lo que fue ratificado en 2013, con la ley foral de reconocimiento y reparación de las víctimas del franquismo y en 2022 por el Congreso con la aprobación de la ley de Memoria Democrática.
Según dijo la consejera de Memoria en el Parlamento, durante estos 22 años, son casi trescientos los símbolos franquistas, laureadas, estatuas, cruces, placas votivas, placas de calles, monumentos, etcétera, retirados o eliminados de las calles, plazas, parques y montes de Navarra, bien por sus propietarios o por orden de Ayuntamientos y del Gobierno de Navarra.
Las leyes de Memoria Histórica ya prevén que, para que no se pierda la memoria de lo que hicieron los fascistas, se deberán implementar “distintas medidas relacionadas con los diferentes ámbitos educativos y de formación del profesorado, la investigación, divulgación y otras formas de sensibilización, con el objetivo común de fomentar, promover y garantizar en la ciudadanía el conocimiento de la historia democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas”. Sin embargo, nada dicen de que, para ello, sea necesario mantener los símbolos franquistas. Cuestión distinta es que esa disposición educativa no se haya implementado y la juventud no tenga ni idea de quién fue Franco.
También prevén, para que no se pierda la memoria, que los lugares de represión, como fosas, cárceles, conventos, escuelas, etcétera sean protegidos y significados como “Lugares y Espacios de Memoria”, al igual que aquellos otros de reconocimiento y reparación, como memoriales, placas, parques, etcétera, que se vayan creando a lo largo de la geografía navarra. Incluso prevén subvenciones para su levantamiento y mantenimiento. En estos años, estas previsiones legales y el empeño de las asociaciones memorialistas y las víctimas están logrando que esa memoria se recupere, poco a poco, en cada cuneta, pueblo y ciudad de Navarra. La defensa del mantenimiento de los símbolos franquistas, para la resignificación crítica de los mismos, es una postura revisionista de las leyes de Memoria Histórica. Su aceptación supone que todo lo que se ha hecho por la retirada de esos casi trescientos símbolos franquistas en Navarra es un error y favorece a los victimarios, en palabras del Comité de expertos sobre los Caídos. Afirmación asumida por PSN, EHBildu y Geroa Bai. Según algún otro revisionista, el derribo de los símbolos franquistas es una política iconoclasta. Por tanto, las leyes actuales son iconoclastas y la Dirección General de Memoria de Navarra, que es quien da las órdenes de retirada, es iconoclasta.
López de Uralde y este grupo de pensadores de la nueva memoria deberían atreverse a llevar a sus últimas consecuencias sus afirmaciones y solicitar pública y oficialmente que el Congreso y el Parlamento de Navarra cambien las leyes de Memoria y protejan los símbolos franquistas. Y que, llegados a este punto, las nuevas leyes, ordenen la reposición de los símbolos que han sido retirados, para facilitar su lectura crítica. En definitiva, que se pongan las placas de las calles de los militares golpistas, como Beorlegui, de los verdugos como Eusa, etcétera. En especial puede ser muy significativo de esta nueva forma de contar la memoria, que el señor Asirón ordene la reposición del monumento a Sanjurjo que el Ayuntamiento de Pamplona retiró en 2018, siendo el alcalde, e incluso reponga en sus sepulturas a Mola y Sanjurjo.
Después de todo, para qué queremos unas leyes de Memoria que casi todos los partidos no quieren cumplir. Aquí se protege y resignifica los Caídos y en las autonomías donde mandan PP-VOX se protegen la Pirámide de los Italianos (héroes de la batalla del Escudo) en Burgos, el monumento al crucero Baleares (asesinos de la Desbandá de Málaga) en Palma, el monumento a Franco (héroe del Rif) en Tenerife, etcétera, en contra de lo dispuesto en las leyes actuales, con el visto bueno del Ministerio de Memoria.
Tal vez algunas seamos un poco quijotes por creer en el derecho a la verdad, justicia y reparación de las víctimas. “Cosas veredes, amigo Sancho”, diría el auténtico Quijote.
El autor es miembro de la Asociación Memorialista Fosas del Perdón / Erreniegako Hilobiak