La publicación del último informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV), en el marco de la Spending Review 2022-2026, vuelve a situar en el centro del debate una cuestión clave para cualquier política pública: sin objetivos claros ni métricas cuantitativas bien definidas, no es posible evaluar con rigor si una medida funciona o no. Y, por tanto, tampoco corregirla ni mejorarla. El propio informe apunta además a un problema de fondo: el crecimiento del gasto no se está traduciendo en reducciones significativas y sostenidas de la pobreza.

La AIReF no cuestiona la legitimidad del objetivo del IMV, faltaría más –reducir la pobreza y la exclusión social–, pero sí su diseño y su capacidad real para generar resultados medibles. Cuatro años después de su puesta en marcha, el debate sigue girando en torno al número de beneficiarios y al volumen de gasto ejecutado, mientras resulta difícil cuantificar su impacto efectivo sobre la pobreza severa, la intensidad de la pobreza o la duración de las situaciones de exclusión. La ausencia de metas operativas cuantificadas y de indicadores de resultado impide saber si el IMV está cumpliendo aquello para lo que fue creado. El mensaje es claro: sin evaluación rigurosa, el aumento del presupuesto no garantiza mejores resultados sociales.

Este diagnóstico enlaza directamente con los últimos datos de pobreza y exclusión social publicados en España, medidos a través de la tasa AROPE. Según estos, alrededor del 25,7% de la población española se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social (frente al 26,2% de 2019), un descenso muy leve pese al notable incremento del gasto social. La mejora es, en el mejor de los casos, insuficiente y revela que las transferencias monetarias, por sí solas, están lejos de resolver un problema estructural.

Navarra ha ocupado históricamente posiciones de liderazgo en los indicadores sociales, pero presenta actualmente una tasa AROPE del 16,5%. Se trata de una cifra inferior a la media nacional, pero que supone una pérdida de posiciones relativas respecto a otras comunidades y confirma que un mayor esfuerzo presupuestario no se traduce automáticamente en mejores resultados.

La evolución de la Renta Garantizada (RG) en nuestra tierra resulta especialmente ilustrativa. El número de personas beneficiarias ha crecido de forma sostenida en los últimos años y se sitúa ya en el entorno de 36.000 perceptores, una magnitud muy relevante para una comunidad del tamaño de Navarra. El gasto asociado ha seguido una tendencia claramente ascendente, hasta los 111 millones de euros en 2024 consolidando esta prestación como uno de los pilares del sistema foral de bienestar. Un pilar, sin embargo, muy cuestionado y que está previsto se reforme en este 2026.

Como Institución Futuro ha venido señalando reiteradamente, el incremento del gasto de la RG no ha ido acompañado de una reducción proporcional de la pobreza ni de un abandono de esta ayuda social por haber entrado en el mercado laboral de manera estable. Se mide con detalle cuánto se gasta y cuántas personas reciben la prestación, pero se dispone de mucha menos información sobre cuestiones clave: cuánto tiempo permanecen los beneficiarios en el sistema, cuántos logran incorporarse al mercado laboral o en qué medida la Renta Garantizada actúa como un verdadero mecanismo de salida de la pobreza y no como una ayuda de carácter permanente.

La experiencia del IMV a nivel estatal y de la Renta Garantizada en Navarra apunta a una misma conclusión: el gasto social, por sí solo, no basta. Cuando no va acompañado de objetivos claros, indicadores medibles y una estrategia global de inclusión, su capacidad para reducir la pobreza de forma sostenida es limitada. Las políticas de bienestar social deben ser más integrales y poner el foco en la integración a través del empleo, que sigue siendo el principal factor de cohesión social y autonomía personal. Sin evaluación rigurosa y sin una orientación clara hacia la inclusión laboral, las políticas sociales corren el riesgo de convertirse en sistemas cada vez más costosos que alivian la pobreza a corto plazo, pero no consiguen reducirla de forma estructural. Esa es la principal asignatura pendiente.

El autor es presidente del Think Tank Instituto Futuro