Es imprescindible y urgente la modificación del Artículo 4, titulado “Planificación eléctrica”, de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, que dice así en su primer punto:
“La planificación eléctrica tendrá por objeto prever las necesidades del sistema eléctrico para garantizar el suministro de energía a largo plazo, así como definir las necesidades de inversión en nuevas instalaciones de transporte de energía eléctrica, todo ello bajo los principios de transparencia y de mínimo coste para el conjunto del sistema”.
Prever las necesidades del sistema eléctrico.
Eso es lo que hizo el Departamento de Industria que dirige el señor Irujo cuando cursó a Madrid las peticiones necesarias para el sistema navarro.
Para garantizar el suministro de energía a largo plazo.
Eso es lo que hizo el departamento que dirige el señor Irujo.
Definir las necesidades de inversión en nuevas instalaciones de transporte de energía.
Eso es lo que hizo el departamento que dirige el señor Irujo.
Y, sin embargo, el pasado 16 de diciembre, desgraciadamente, tuvo que presentar una serie de alegaciones para demandar, nuevamente, gran parte de lo que ya se había solicitado en el plazo denominado de “fase de propuestas”. Porque en Madrid habían hecho caso omiso de la mayoría de las peticiones navarras.
“No podemos estar sujetos a estos procedimientos unilaterales por parte del Estado”; “no podemos ir a Madrid a mendigar megavatios, porque nuestro futuro industrial está en juego”, señaló entonces el consejero.
Y lo reitero yo, aquí y ahora, en nombre de Geroa Bai:
“No podemos estar sujetos a procedimientos unilaterales por parte del Estado”; “no podemos ir a Madrid a mendigar megavatios, porque nuestro futuro industrial está en juego”.
Estamos a la espera. Tensa espera.
A la espera de que alguien en Madrid tenga a bien el “conceder”, aleatoriamente, a esta Comunidad, a Navarra, lo que necesitamos.
No es un capricho, no, sino una necesidad, una urgente necesidad. una imperiosa necesidad.
En ese mismo artículo 4, con el que he empezado, en su punto 2 se recoge:
“La planificación eléctrica será realizada por la Administración general del estado”.
Por la Administración general del estado. Ella, consigo misma.
Aunque, es cierto, no quiero obviar nada, curiosamente, añade “con la participación de las comunidades autónomas”. ¿De verdad? ¿Qué participación? ¿Una mera reunión protocolaria para informarnos de lo que habían aceptado, y de lo que no, el pasado 18 de septiembre? Información no es participación. Información no es negociación.
En el punto tres de ese artículo 4 se recogen algunos aspectos que debe incluir la planificación; y en el cuatro, algunas cuestiones referentes a los planes de desarrollo de la red de transporte.
Estamos a la espera, tensa espera, he escrito antes, de que desde Madrid decidan sobre nuestras alegaciones. Sin saber, además, cuándo lo harán, porque la ley no marca plazo alguno.
Once alegaciones en total, divididas en tres ámbitos.
El primero, de “Apoyo a la distribución”, con medidas referidas a varias subestaciones: Tierra Estella; Sangüesa-Tafalla; o Sakana, entre otras.
El segundo, referente a “Sujetos conectados directamente a transporte”, con la ampliación de algunas subestaciones: La Serna, Olite, Orkoien o Muruarte.
Y un tercero, con la interconexión internacional de Urdazubi.
Es relevante destacar que Navarra es la comunidad con mayor peso relativo del sector industrial en su PIB. Numerosas empresas están iniciando ya procesos de descarbonización, o los tienen planificados. Es imprescindible preparar las redes eléctricas para que estas actuaciones puedan llevarse a cabo. Y disponer de una infraestructura mallada es clave para garantizar el acceso a la energía en condiciones de seguridad y fiabilidad.
A su vez, el mallado de la red de transporte permitirá aflorar capacidad para la integración de generación renovable, lo que posibilitará plantear los proyectos de repotenciación, con un aumento de su capacidad actual.
Desde el punto de vista económico, supone una inversión aproximada de 13.500 millones de euros por parte de diferentes empresas, con proyectos ya preparados, y que podrían llegar a crear 3.000 puestos de trabajo de alta cualificación.
Todo ello en espera. En tensa espera… porque hay mucho, muchísimo en juego para Navarra.
Máxime si tenemos en cuenta que la electricidad supone actualmente el 21% del total del consumo energético, y que el objetivo es alcanzar el 30% en 2030.
Máxime si tenemos en cuenta que nuestra industria consume el 38% del total del consumo eléctrico.
Máxime si tenemos en cuenta que las joyas de la corona de esta comunidad –la automoción, la agroalimentación, las energías renovables, los TIC, la industria de la salud o audiovisual– pueden ver comprometido su desarrollo en el futuro.
Y para evitar futuras esperas, tensas esperas, solicitamos la modificación de ese artículo cuatro introduciendo una serie de elementos objetivables.
Se nos antoja esencial en Geroa Bai incluir una serie de condicionantes que doten a ese artículo de principios objetivables –insisto– como: por un lado, la territorialización; y, por otro, elementos objetivos como el peso porcentual de la industria en el PIB de cada autonomía; el peso porcentual de la industria intensiva en el conjunto de su industria; o el peso porcentual de la producción energética renovable respecto al consumo final bruto de energía de cada comunidad.
Creemos que son demandas de mera justicia, de reparto equitativo, de premiar al buen alumno, que, en este caso, se llama Navarra.
En gran parte el estado de bienestar del que disfrutamos en nuestra comunidad es una derivada de la pujanza de nuestra industria, del peso que tiene en el conjunto de la economía foral.
El autor es parlamentario de Geroa Bai