Pensiones públicas, esa batalla

Resulta lamentable la degradación de la democracia más longeva del mundo en lo que a derechos sociales se refiere. 99 años después de la mítica frase, Trump apuesta en 2026 por que la desregulación sea el precio de la pobreza, la barbarie, los genocidios, las guerras. Por eso ha aumentado el presupuesto en defensa y ha echado por la borda avances en materia sanitaria (como el Obamacare) o educativa.

Nuestro Estado no es ajeno a esta deriva y, ahora más que nunca, están en entredicho los avances sociales que constituyeron el Estado de Bienestar en base a tres principales pilares: sanidad, educación y pensiones. En España, mantener estos tres derechos universales cuesta, al año, 400.000.000 millones de euros.

El pilar de bienestar que más dinero cuesta en el Estado es, con diferencia, el costo de las pensiones. En Navarra, a día de hoy, hay 135.869 personas pensionistas, que cobran, de media, 1.670 euros al año. Pese al ruido constante en esta materia, el derecho de contar con pensiones públicas supone un elemento de certidumbre para las personas trabajadoras, que encuentran tras años de trabajo la recompensa a su aportación constante al tejido productivo y al Estado de Bienestar.

Sin embargo, no todo es bonito. Las mujeres siguen teniendo una pensión notablemente inferior a la de los hombres. La brecha se sitúa en torno a los 640 euros, un porcentaje del 35% (1.837,91 ellos y 1.197,70 ellas). Las brecha salarial entre ellos y ellas es la consecuencia final a salarios más bajos, trabajos menos estables y, sobre todo, a la interrupción de las carreras de cotización por motivos de cuidados.

Las pensiones y el resto de prestaciones sociales son para la clase trabajadora un sustento vital, considerado un derecho fundamental de todas las personas que residen en el Estado. Por otro lado, la estabilidad y la confianza en las pensiones contribuyen a la mejora del consumo interno, minimizando las fluctuaciones del mercado y apostando por modelos de vida más dignos. El sistema de pensiones actúa como herramienta para la redistribución de la riqueza.

Por eso, cuando te bombardeen con críticas al sistema público de pensiones, cuando recibas imputs infinitos de planes de pensiones privados, recuerda que lo que está en juego es algo que va mucho más allá de un simple derecho. Lo que se discute cuando se habla de pensiones es el bienestar colectivo frente al egoísmo personal. El tejido de comunidad frente al individualismo. El apoyo mutuo frente al sálvese quien pueda.

Que las pensiones tengan fecha de caducidad es el sueño húmedo de quienes plantean un mundo sin red. Sin embargo, las pensiones son y serán sostenibles porque se legisla para ello: por eso se ha creado el Mecanismo de Equidad Intergeneracional y por eso se aplica una cuota de solidaridad, mecanismos que responden a las premisas de la solidaridad entre generaciones y equidad. Estos valores buscan garantizar que la jubilación de las personas mayores no sea una carga insostenible para las futuras generaciones, manteniendo el equilibrio del sistema mediante herramientas que ajustan los ingresos y fomentan la sostenibilidad a largo plazo. Y de esto nunca te hablan los que anhelan el fin del modelo público.

Lejos de lo que puede interpretarse, el discurso de la insostenibilidad de las pensiones afecta, especialmente, a las personas jóvenes, a quienes se les arrebata la esperanza de un modelo de vida digna y de certidumbre. Por eso, ante el ruido constante contra las pensiones, CCOO apuesta por la regulación, la protección colectiva y los derechos garantizados sostenidos en el tiempo.

Oliver Wendell Homes Jr. fue un adelantado a su tiempo porque ahora, un siglo después, aún nos queda una gran batalla dialéctica que librar.

Los autores son: secretario general de CCOO Navarra y secretario general de la Federación de Pensionistas de CCOO Navarra, respectivamente