Pamplona - Apenas tres días después de que el macrojuicio del caso Osasuna por presunto amaño de partidos -amén de otros delitos- quedara visto para sentencia, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra informó ayer de que la Sección Primera de la Audiencia foral ha confirmado la existencia de los indicios de delito apreciados por el instructor para juzgar a Pachi Izco, expresidente del club navarro, por la salida de las cuentas del club de 926.611 euros sin justificar durante sus diez años como máximo mandatario de la entidad (entre 2002 y 2012). En sendas resoluciones, contra las que no cabe recurso, también ratifica los motivos esgrimidos en junio de 2019 por el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona para enjuiciar al exgerente Ángel Vizcay -también uno de los once acusados en la vista oral que concluyó el pasado viernes- y al auditor Adolfo Suárez Lopetegui -compareció como testigo en el juicio del caso Osasuna-.
El juez instructor consideró que entre 2002 y 2012, Izco “dispuso o autorizó” que se habilitaran 500.000 euros aproximadamente extraídos en metálico de las cuentas del club sin que se hubieran hallado “evidencias del destino dado” a esa cantidad. Exponía que existen indicios de que parte fue recibido por el investigado, que firmó los correspondientes recibos “en su propio beneficio o en el de terceras personas no identificadas”, así como de que otra parte fue usada “para gastos propios no relacionados con su actividad” de presidente de Osasuna. Según relataba, otra parte fue usada por el imputado, en España y en el extranjero, para gastos propios en hoteles, tiendas de ropa de hombre, mujer y niño, tiendas de lencería, vinotecas y otros establecimientos de alimentación, perfumerías, restaurantes, un crucero por el Caribe e, incluso, en una ITV, gastos no relacionados con su actividad como cabeza visible de Osasuna y para los cuales no contaba con autorización. Añadía que otra parte de dicho dinero fue incorporado a su patrimonio a modo de sueldo mensual, cuando ningún precepto estatuario le autorizaba.
De igual forma, estimó que había indicios de que, en el verano de 2011, “cogió de la caja del club 76.611 euros”, que fueron contabilizados bajo el concepto de “pago a agente”, “sin que exista ninguna justificación documental” de su destino. Con la finalidad de ocultar las “irregularidades”, según el juez, Izco “ordenó e impulsó” actuaciones para que la “contabilidad del club no reflejara la imagen fiel de la situación económica y financiera”.
También apreciaba que el auditor nombrado por Izco, el también investigado Adolfo Suárez, quien conocía la existencia de esas salidas de dinero sin justificación, “aceptó encubrir dichas irregularidades en las sucesivas auditorías que realizó” por las que consideraba que percibió “como gratificación” 325.000 euros de las arcas del club cuando Izco cesó como presidente. Esa cantidad fue recibida a través de una entidad mercantil de nacionalidad holandesa, Castelino BV, con la que Suárez tenía fuertes vinculaciones. En total, Osasuna habría pagado 350.000 euros, de los que 25.000 (un 7 % de esa cantidad) fueron detraídos por parte de la entidad mercantil en concepto de comisión por la intermediación prestada.
Recursos desestimados Las defensas de Izco, Vizcay y Suárez recurrieron las resoluciones del juez instructor ante la Audiencia, pero ayer se conoció que ésta desestimó todas sus alegaciones. Respecto al recurso de Izco, se remitió al relato de hechos imputados por el instructor, que, según indicó, se sustentó en “indicios suficientes del ahora recurrente en las disposiciones patrimoniales referidas”. “A tal efecto debe decirse que incluso se reconoce por el propio investigado que existen recibos que reflejan retiradas en efectivo de dinero, y que fueron firmados por Izco, lo que ha sido ratificado por prueba pericial caligráfica”, resaltó. Abundó en la existencia de evidencias sobre lo que se denomina salario mensual, “pues al margen de la tarjeta corporativa, existen indicios de la retirada por parte del investigado de una cantidad mensual en efectivo” sin justificar.
En relación con la partida correspondiente “a pago a agente”, aseguró que no hay “contrapartida o justificante de ese gasto” y, sobre la transferencia a Castelino, se basó en las declaraciones de dos exresponsables económicos del club para asegurar que, aunque Izco no firmó dicha entrega, “se dispuso su pago por orden expresa del mismo”.
Los acusados
Pachi Izco. Se le acusa de un supuesto delito de apropiación indebida o de un delito societario.
Adolfo Suárez. Se le acusa de supuesto delito de administración desleal o de apropiación indebida o de blanqueo, “a título de cooperador necesario o de cómplice”.
Ángel Vizcay. Se le acusa de cooperador o cómplice en la salida de 350.000 euros a Castelino.
