El juicio por las presuntas irregularidades cometidas en las elecciones a socio compromisario de Osasuna, celebradas el pasado 6 de diciembre, está previsto para este jueves a partir de las 9.00 horas, con las pautas ya marcadas por la titular del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Pamplona en la vista previa celebrada en la mañana del pasado 8 de abril. Como aquel día no hubo acuerdo entre las partes (los representantes legales del socio del club Benjamín Rekarte, el demandante, y los de Osasuna, el demandado), se marcaron los términos para una vista oral en la que, entre otros asuntos, la jueza admitió los 11 testigos propuestos por la parte demandante. Entre estos se encuentran el presidente de la junta electoral encargada de velar por el correcto funcionamiento del proceso, Daniel Salinas. Además, el presidente de Osasuna, Luis Sabalza, también puede ser llamado a declarar como representante de la parte demandada.

Lo que persigue la parte demandante, encabezada por Benjamín Rekarte, presidente de la Federación de Peñas de Osasuna, y auspiciada por un grupo de socios del club integrados dentro de la iniciativa Plataforma Osasunista, es la anulación de las elecciones a socio compromisario del pasado 6 de diciembre, además de su repetición con una mayor garantía jurídica, sobre todo en lo referido al voto por correo, así como la anulación de la última asamblea, celebrada el pasado 31 de diciembre y ya con la participación de sus nuevos miembros elegidos en unos comicios que van a ser juzgados el próximo 27 de mayo.

En Osasuna, la parte demandada, la idea que manejan es la de defender la falta de legitimidad del demandante para acudir al juzgado (lo quieren hacer escudándose en los estatutos del club) y además se van a amparar en la protección de datos para justificar la negativa que dio en su día a algunos candidatos para no facilitar la lista de sus posibles votantes. En este punto resulta conveniente recordar que en las elecciones a socio compromisario de Osasuna se eligen 33 socios por cada uno de los 12 millares en los que se reparten los casi 12.000 socios del club mayores de edad y con al menos un año de antigüedad.

En la demanda, presentada el 30 de diciembre y admitida a trámite el 12 de febrero, se hace referencia a "la falta de información y datos en el censo electoral, y desigualdad de oportunidades con el resto de candidatos al acceder al censo" (el propio Luis Sabalza reconoció públicamente que desde su junta se contactó con socios para recabar apoyos); también a la "extemporaneidad de la publicación de la Normativa complementaria", y además considera que se infringen normativas forales y de los propios estatutos de Osasuna al permitir la participación en los comicios de personas jurídicas, tanto como electores como elegibles -de hecho, algunas de ellas forman parte de la actual-. También se hace referencia en la demanda a la "falta de garantías en la autenticidad de la identidad de la firma del socio votante", así como a la "falta de vigilancia y garantías en la custodia del voto emitido por correo".