La actualización de los valores catastrales, que lleva pendiente en Pamplona desde 1998 y que es obligatoria desde 2006, cuando el Gobierno foral estableció su obligatoriedad, provocará una segura subida de la contribución urbana el año que viene cuyo importe todavía no ha sido cuantificado, pero que algunas simulaciones sitúan por encima del 30%.
La previsión es que la puesta al día de los valores catastrales está aprobada antes del verano y entrará en vigor el año que viene, a partir de cuando podrán aplicarse las bonificaciones que contempla la legislación para las rentas más bajas.
El asunto ha sido tratado en la Comisión de Presidencia celebrada este martes después de que Diario de Noticias diera a conocer la existencia de una actualización de los valores catastrales desde marzo de 2021, pero que fue ocultada por Enrique Maya y Cristina Ibarrola por intereses partidistas según han coincidido en señalar las formaciones progresistas.
Según explicaron los técnicos de Tracasa que elaboraron dicha actualización, el Ayuntamiento ha dejado de percibir 30 millones, a razón de 10 millones por año desde 2022, cuando debería haber entrado en vigor tras su aprobación.
La iniciativa ha sido presentada por el grupo municipal socialista y ha contado con el apoyo adicional de EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin. UPN y PP han votado en contra.
Constaba de dos puntos. El primero es para “reconocer la gravedad de la situación y tomar medidas inmediatas y transparentes para corregirlo, trabajando en su actualización en comisiones periódicas para su debate e información”.
El segundo es para “urgir a la actuación de manera urgente de la Ponencia de Valoración y poder así aplicar cuanto antes las bonificaciones de la contribución posibilitadas tras la modificación de la Ley de Haciendas Locales”.
Debate en la Comisión de Presidencia
La portavoz socialista Marina Curiel ha sido la encargada de presentar la propuesta, acusando a UPN y PP, socios en la pasada legislatura, de haber ocultado por interés partidista el documento terminado en marzo de 2021.
Ha recordado que la actualización catastral es obligatoria para poder aplicar las bonificaciones de hasta un 90% en la contribución de las familias más vulnerables de Pamplona.
Curiel ha señalado que “la decisión de UPN y PP ha provocado que el Ayuntamiento de Pamplona haya perdido en los últimos años una recaudación de unos 30 millones de euros” y ha lamentado los proyectos que no se han podido realizar: “Asuman sus errores y expliquen por qué no actualizaron la ponencia pese a ser obligatorio cada 5 años”.
Txema Mauleón, de Contigo-Zurekin, ha considerado que la decisión de ocultar los valores catastrales actualizados “roza la prevaricación” ya que es obligatorio desde 2006. “Nos han ocultado, mentido y estafado a los vecinos de Pamplona” ha señalado el edil, quien ha lamentado el perjuicio económico provocado al Ayuntamiento.
Frente a las declaraciones de Ibarrola, quien aseguró que el documento de Tracasa era un borrador, Mauleón ha acusado a la exalcaldesa “de querer tapar una mentira con otra mayor” y se ha remitido a lo que dijeron los técnicos en la reunión en la que desvelaron la existencia de la ponencia actualizada: “Estaba terminado y si ustedes lo guardaron en un cajón es porque les convenía”.
El edil ha señalado que la puesta al día de los valores catastrales obligará a subir la el impuesto de la contribución urbana en un 30% según explicaron los técnicos, al considerar que los precios son similares a los de 2021; y ha lamentado el “socavón” económico que han dejado como herencia, en el Ayuntamiento de Pamplona”.
"Rebelión fiscal a la inversa"
Koldo Martínez, portavoz de Geroa Bai, ha recordado que la ponencia de valoración actualiza los valores catastrales, de lo que depende el pago de la contribución urbana, y que a pesar de que Tracasa presentó su trabajo al Ayuntamiento UPN “lo metió en un armario” porque suponía una subida de la contribución urbana.
El representante de Geroa Bai ha manifestado que la actualización de la ponencia es obligatoria y UPN adoptó “una rebelión fiscal a la inversa”. Koldo Martínez ha aludido a los 30 millones de euros perdidos por las arcas municipales “porque UPN decidió mirar a otro lado para no perder unos cuantos votos”.
Ante la ausencia de Ibarrola, María Echávarri ha sido la encargada de defender la posición de UPN, señalando que el documento de 2021 estaba pendiente de actualizaciones y ha puesto en duda la cifra de 30 millones que señalaron los técnicos de Tracasa. “Son bulos y mentiras”, ha comentado sobre las acusaciones de las formaciones progresistas Echávarri, quien ha vuelto a sacar a relucir la Carta de Capitalidad como un factor decisivo en la pérdida de ingresos de Pamplona.
Garbiñe Bueno, de EH Bildu, ha reiterado el valor de la ponencia porque permitirá bonificar a las rentas más bajas y que cada persona pague lo que le corresponda.
“La paralizaron en 2021 y la metieron en un cajón por sus cuentas electorales”, ha indicado la edil abertzale, quien ha confirmado que ha sido necesario realizar una nueva valoración.
Carlos García Adanero, del PP, ha acusado de demagogia y ha vuelto a señalar al PSN por la moción de censura. “El dinero no llueve del cielo y si se actualiza la ponencia es para que la gente pague más”.
