Colectivos sociales critican que "decenas de personas" duermen en la calle en Pamplona "en condiciones inhumanas"

Las entidades Apoyo Mutuo, Haritu, Salhaketa Nafarroa, Elkarte, Lantxotegi, Punto de Información para Personas Migradas (PIM), Sindicato de Vivienda Sozialista Iruñerria, Oxfam Intermon, Dar Etxea y Sos Racismo Nafarroa han firmado un comunicado en el que señalan que "a nuestra indignación de ver cómo un año más vuelve a repetirse esta situación se une la confirmación de que las normas de acceso a recursos, decididas por las instituciones, dejan fuera a muchas personas, que se ven empujadas a seguir viviendo en la calle".

Según han explicado, "un ejemplo de ello es la exclusión de aquellas personas que no tienen la posibilidad de demostrar un tiempo de residencia de un año".

Los colectivos sociales han subrayado que "es necesario superar todo esto y garantizar los derechos básicos de todas las personas, independientemente de su situación". "Se trata de reconocer a todas las personas como sujetos de derechos, no de redefinir a voluntad de la administración de turno quién merece poder vivir de manera más o menos digna, generando agravios y cronificando la exclusión", han señalado.

Además, las entidades han advertido de que "la dimensión del problema va en aumento" y han explicado que "a quienes se encuentran ahora mismo en situación de calle, sin ningún tipo de acceso a un techo y a alimentación, y cuya situación se está cronificando, hay que añadir el empobrecimiento generalizado que está sufriendo la población, tanto por un mercado de vivienda cada vez más inaccesible, como por situaciones laborales cada vez más precarias".

Los colectivos han añadido que, "mientras tanto, vemos cómo los derechos básicos en lugar avanzar están retrocediendo". "Ante esta situación de violencia estructural, nos preocupa que tanto desde las instituciones, como desde el comunicado recientemente presentado por trabajadoras sociales del Ayuntamiento de Pamplona, se desvíe el foco hacia el señalamiento de los acompañamientos y la labor de los colectivos y entidades sociales", han afirmado.

Además, han señalado que "la realidad que llega a los servicios sociales no es la realidad completa que existe a día de hoy". "Las barreras y laberintos burocráticos que imponen las instituciones se encargan de excluir a cada vez más personas a las que no se les reconoce como sujetos de derechos", han asegurado.

Por ello, han reivindicado "la importancia de los acompañamientos como medio para paliar la desigualdad de oportunidades en el acceso a los servicios públicos". "A partir de aquí, rechazamos firmemente cualquier agresión, amenaza o presión que se haya podido realizar a profesionales en el ejercicio de su labor. Y con la misma firmeza defendemos el derecho de todas las personas a acudir a los servicios sociales acompañadas por personas de su confianza. El respeto y el buen trato tanto a estas personas como a las profesionales y voluntarias es fundamental, y ante todo, ha de ponerse en el centro a las personas que acuden a los servicios sociales, que son la parte más débil y la razón de ser del sistema de protección social", han señalado.

En este mismo sentido, los colectivos han defendido "el derecho a organizarse y protestar fuera de los cauces institucionales, tanto de las personas en situación de exclusión social, como de colectivos y entidades sociales". "Además, defendemos que el derecho de protesta no está reñido con los derechos de las trabajadoras sociales. De hecho, debemos tender la mano a la preocupación de las mismas, y seguiremos trabajando para que estos derechos no sean incompatibles", han subrayado.

Sin embargo, han afirmado que "la forma en que estos derechos convivan no puede ser decidida e impuesta por las instituciones y en ningún caso pueden ser medidas centradas en la criminalización, la represión y la securitización". "Vemos cómo en el actual modelo social, estas instituciones no pueden garantizar el bienestar de toda la población, ya que funcionan en base a criterios excluyentes y recursos limitados. Por tanto, no podemos otorgar a la administración el papel de mediador neutral. Es decir, es necesario que agentes y colectivos planteen una lucha desde fuera de los cauces institucionales. Que ejerzan presión para denunciar la exclusión, los abusos y las realidades invisibilizadas, y para conseguir mejoras más allá de lo que la política institucional ofrece", han reivindicado, para señalar que "a nadie se le ocurriría que la patronal no tuviera un contrapeso en los sindicatos.

En todo caso, han afirmado que "el problema de fondo ante el que nos encontramos es la violencia estructural, la situación de desamparo y vulneración de derechos que sufren un número creciente de personas en situación de calle". "Esta situación es la que tensiona a las personas usuarias, a profesionales y voluntarias. Y todas podemos cometer errores. Reconocerlo es un buen punto de partida para establecer un diálogo constructivo y superar las tensiones que se puedan producir", han indicado.

Los colectivos sociales han afirmado que "alojamiento, alimentación, higiene, empadronamiento y atención social son prestaciones garantizadas según la Cartera de Servicios Sociales que las instituciones responsables han de prestar obligatoriamente y no lo hacen, vulnerando los derechos de personas en situación de exclusión social".

Por todo ello, han exigido al Gobierno de Navarra que "asuma su responsabilidad y garantice de inmediato el alojamiento y alimentación de todas las personas en situación de calle, y que para ello habilite y disponga todos los recursos disponibles, tanto habitacionales como comedores sociales".

Además, han exigido el diseño de un programa integral con implantación en todo el territorio que "garantice los derechos mínimos de todas las personas, y que permita hacer frente a la realidad actual, sin excluir a nadie".

Asimismo, han reclamado al Ayuntamiento de Pamplona y a los consistorios de la comarca que "garanticen y hagan efectivos el empadronamiento y la cobertura a las personas sin hogar, con independencia del tiempo que lleven residiendo en Pamplona o en el municipio correspondiente".

Los colectivos han explicado que "el problema va más allá del protocolo de la ola de frio y que hay muchos condicionantes que provocan que la gente tenga que vivir en la calle, pero no podemos mirar a otro lado, ni evitar indignarnos, cuando el Gobierno de Navarra no es capaz de garantizar ni tan siquiera los derechos más mínimos, dejando a decenas de personas en situaciones miserables".