El concejal de Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030 del Ayuntamiento de Pamplona, Joxe Abaurrea, se reunió este jueves con adjudicatarios de la promoción de vivienda protegida de Maristas y les trasladó la voluntad del equipo de gobierno de respetar el PEAU (Plan Especial de Actuación Urbana) de Maristas, que establece que no se otorgarán licencias de ocupación a las viviendas libres antes que a las protegidas. Durante el encuentro, según explicaron socios adjudicatarios, Abaurrea aseguró que el consistorio “no ha recibido ninguna solicitud de desvinculación entre Maristas I y Maristas II” y remarcó que cualquier modificación del PEAU deberá aprobarse en el pleno municipal.
Abuso y presión ilegítima
La reunión se celebró después de que un grupo de adjudicatarios de la promoción de vivienda protegida solicitara al Ayuntamiento pamplonés “su amparo y mediación” ante lo que consideran una situación de “abuso y presión ilegítima” por parte de Arrasate.
El concejal Abaurrea, en palabras de estos adjudicatarios, se mostró receptivo y comprensivo con la situación y reconoció que aunque es la consejera de Vivienda, Begoña Alfaro, la que está liderando las conversaciones y negociaciones con los distintos agentes, la representante del Ejecutivo cuenta con el respaldo del equipo de gobierno del consistorio.
Mediación
El grupo de adjudicatarios, tal y como ha hecho con el Gobierno de Navarra, solicitó a Abaurrea que “trate de mediar con Arrasate, Obenasa y los Hermanos Maristas para poder aplazar un mes una votación condicionada por las amenazas, y tener un margen de negociación mayor para lograr una vivienda protegida que cumpla con el precio que marca la ley”. Abaurrea les reconoció la complejidad de esta solicitud ya que “no pueden intervenir desde fuera” en una cooperativa.
En lo que respecta al PEAU, el concejal aseguró que el Ayuntamiento no tiene constancia de que se haya recibido ninguna solicitud de desvincular ambas promociones y que la voluntad del consistorio es respetar lo que dice el plan. Asimismo recordó que cualquier modificación del PEAU se tendría que aprobar en pleno y les aseguró que sería plenamente garantista con los derechos de los adjudicatarios de VPO. Estos socios sugieren pedir a Arrasate “un aval económico que respalde la obligatoriedad de construir las viviendas protegidas al módulo que exige la ley”.
