Adjudicatarios de Maristas, ante la votación del miércoles: “Nos están llevando al abismo”
Solicitan que se retrase la asamblea, un “ultimátum” para casi cien familias / Instan a Nasuvinsa a que revise el presupuesto antes
Adjudicatarios de la promoción de 108 VPO y VPT en Maristas, cuyas obras siguen sin comenzar, han vuelto a salir a la palestra para denunciar la indefensión en que se encuentran. En una carta remitida a los medios reclaman “ayuda, ante el caos provocado por la gestora Arrasate”, que, según dicen, “nos está llevando al abismo”, y máxime ahora en un momento clave, la asamblea de mañana, en la que tendrán que votar entre tres presupuestos para las obras de sus viviendas, la última oferta de Obenasa: uno cerrado, llave en mano, que según la tabla que se les ha remitido, les supone un sobrecoste medio de 7.872,71 euros; otro mixto (llave en mano al 80% y medición abierta al 20%); y tercero, abierto, es decir, con mediciones abiertas al 100%.
De ilusión a pesadilla
La propuesta, que tildan de “ultimátum” por parte de la gestora, la empresa Obenasa y los Maristas, ya que, según se les advirtió por carta, si uno de los tres presupuestos no prospera, las obras “no se iniciarán” y deberán buscar otra constructora, les sigue generando dudas por la opacidad y la “falta de información”. Indican que “lo que debía ser un proyecto ilusionante para decenas de familias navarras se ha convertido en una pesadilla”, y “viviendas protegidas que debían garantizar un derecho básico están hoy en peligro, atrapadas en un proceso opaco, lleno de irregularidades y marcado por la presión de una gestora privada, Arrasate, que ha impuesto su criterio por encima del interés general”. Los adjudicatarios señalan que la reunión mantenida el viernes entre ellos, “lejos de aclarar dudas, solo ha profundizado el malestar”, ya que en esa asamblea, “Arrasate tuvo voz -a través de los adjudicatarios afines con acceso directo a los ejecutivos de la empresa- para defender unos presupuestos plagados de sombras y sobrecostes que buena parte de las familias rechazan por no haber sido ni explicados ni consensuados”.
Como se les informó, los adjudicatarios de vivienda protegida (quedarían 94 después de varias salidas, incluida la de uno de los tres miembros del Consejo Gestor), han conocido también que “Nasuvinsa ya se ha comprometido a revisar los presupuestos”, por lo que exigen “a Obenasa y el resto de agentes implicados” que “dejen los ultimátums a un lado” y “esperen a que Nasuvinsa finalice esa revisión técnica antes de seguir adelante”. Lo contrario, añaden, “sería irresponsable y podría condenar a estas familias a asumir costes injustos e insostenibles”. Sin embargo, han sabido recientemente que Obenasa no se someterá a tal revisión hasta que no pase la asamblea.
Irregularidades
“¿Qué cuesta esperar unas semanas más para hacer las cosas bien?”, se preguntan, ya que, según dicen, han descubierto “numerosas irregularidades en el mes de febrero” ante las que “no hemos tenido ni tiempo ni herramientas para reaccionar adecuadamente”. Entre ello, por ejemplo, denuncian “la concesión de un derecho de tanteo a espaldas de los cooperativistas”, lo que “bloqueó la entrada de constructoras alternativas y dejó el camino despejado para Obenasa, sin competencia real”. Y entre las dudas, sobrevuela también el pago de la licencia de obras (el impuesto de obras ICIO), que deberán pagar, y en el que difieren del cálculo hecho por la gestora; como discrepan con el valor del local comercial que ésta les calcula como ingreso (439.000 euros), cuando han sabido que el del supermercado, del doble de superficie, “se vendió por la mitad”, dice uno de los adjudicatarios.
“No podemos permitir que una gestora privada, que hasta la fecha ha actuado como promotora, venga a Navarra a decirnos cuánto debe costar un vivienda protegida” y “si las instituciones lo permiten, será una injusticia histórica para todas las familias que han confiado en este proyecto”. Porque “del miedo solo nacen decisiones precipitadas y erróneas”, y si las instituciones no actúan de inmediato, las familias quedarán a merced de una gestora que ya ha demostrado actuar sin transparencia ni respeto por los derechos de los cooperativistas”
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