La Agrupación de Asociaciones Memorialistas y de Víctimas del franquismo de Nafarroa ha elaborado un informe detallado sobre las últimas medidas adoptadas por los partidos PSE/PSOE, EH Bildu y Geroa Bai, firmantes del acuerdo que permite mantener en pie el segundo mayor símbolo de exaltación del franquismo en el Estado: el monumento “Navarra a los muertos en la Cruzada”.
El documento constituye un “llamamiento urgente al colectivo de expertos en memoria histórica”, a quienes se interpela “desde el respeto, pero también desde la exigencia de un compromiso ético con las víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Nafarroa”, explican.
Con esta misma intención informativa, la Agrupación ha remitido una copia del informe a los miembros del Comité de Expertos, “con el fin de que conozcan de primera mano el posicionamiento, los argumentos y las preocupaciones expresadas por las asociaciones memorialistas.
El informe alerta sobre la “deriva involucionista de estos partidos, una línea de actuación que amenaza con socavar décadas de lucha del movimiento memorialista de Nafarroa por la verdad, la justicia y la reparación”.
En particular, advierte que "a la reforma exprés de la Ley Foral 33/2013, la cual vulnera los derechos de las víctimas a la reparación y a las garantías de no repetición, se ha sumado, en una clara huida hacia adelante, la creación del denominado ‘Comité de Expertos’”. Según denuncia el informe, esta figura “pretende blindar, bajo una fachada técnica y cultural, decisiones políticas ya tomadas”, cuyo “objetivo real sería garantizar la estabilidad de la legislatura, utilizando como moneda de cambio los derechos y la memoria de las personas represaliadas por el franquismo”.
El núcleo del conflicto
Las asociaciones memorialistas recuerdan que el monumento fue construido para glorificar a los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos en Nafarroa, y que “su permanencia en el espacio público constituye una afrenta a la dignidad de las víctimas”.
“La pretensión de los partidos implicados de ‘resignificar’ el edificio —utilizando para ello el nombre de Maravillas Lamberto, niña brutalmente asesinada por falangistas en 1936, y cuya familia siempre reclamó su demolición— constituye una muestra flagrante de la falta de respeto y sensibilidad hacia los propios familiares de las víctimas. Esta decisión deja en evidencia cuáles son las verdaderas prioridades de quienes la impulsan: no los derechos de las víctimas ni el fortalecimiento de la memoria democrática, sino el cumplimiento de una agenda política ajena a cualquier enfoque reparador”, argumentan.
Esta estrategia ha provocado “una profunda convulsión social y la oposición de la mayoría absoluta de las asociaciones de víctimas y colectivos memorialistas. En un contexto de involución democrática y de reactivación de discursos y prácticas claramente franquistas, estas medidas amenazan con deslegitimar y poner en riesgo décadas de lucha liderada desde el trabajo altruista, riguroso y comprometido de la sociedad civil de Nafarroa por la regeneración social y democrática”, afirman.
El "último detonante" de la “deriva” institucional
El “último detonante de esta deriva institucional impulsada por el tripartito”, explican las asociaciones memorialistas, ha sido “el anuncio de la creación de un ‘Comité de Expertos’, encargado de diseñar un proyecto museístico en el actual monumento franquista. Su presentación pública tuvo lugar el 31 de enero de 2025, en una rueda de prensa, sin que hasta ese mismo día las asociaciones memorialistas tuvieran conocimiento alguno de dicha iniciativa”.
Según denuncia la Agrupación, este paso “busca legitimar socialmente una estrategia política ya decidida, revestida de un aparente ‘saber experto’ y de una supuesta neutralidad técnica. En realidad, lo que subyace es una decisión estrictamente política, guiada por intereses partidistas y con implicaciones morales y jurídicas de gran calado”, lamentan.
“El saber experto no puede servir de barniz técnico para legitimar el sacrificio de derechos fundamentales”
“El saber experto no puede servir de barniz técnico para legitimar el sacrificio de derechos fundamentales”, afirman desde la Agrupación, en una clara adaptación del concepto de “banalización del mal”, acuñado por la filósofa Hannah Arendt. “La intención de instrumentalizar políticamente el conocimiento a través de la figura del ‘Comité de Expertos’ se vuelve aún más evidente al examinar su composición interna”. En este sentido, el informe expresa su “preocupación por la falta de garantías que aseguren una verdadera independencia de criterio”.
En particular, advierte que “se ha pasado por alto un principio fundamental en toda acción pública con implicaciones éticas y políticas: evitar que integren este tipo de comités personas con responsabilidades relevantes en proyectos específicos o en empresas que reciben financiación pública condicionada por decisiones de los partidos, como los que conforman el tripartito, que —en última instancia— promueven el proyecto que el propio comité debe evaluar y diseñar. Esta situación genera un riesgo evidente de que se establezcan vínculos de interés compartido entre evaluadores y promotores”.
Una propuesta concreta: suspender, debatir, rectificar
La Agrupación plantea con claridad una propuesta inmediata: “suspender el funcionamiento del ‘Comité’ y revisar la orientación de un proyecto que —según denuncian— “nació de un pacto político partidista, no de un proceso reparador”.
Esta revisión “debe realizarse de forma conjunta e integral, en diálogo con las asociaciones de víctimas y memorialistas de Nafarroa, sin cuya participación no podrán cumplirse los principios de respeto al derecho ni las exigencias de la legalidad humanitaria internacional”, aseguran.
La Agrupación considera que esta medida es “urgente y necesaria, en tanto que las asociaciones memorialistas no han agotado aún las vías administrativas y jurídicas para la defensa de sus derechos, cuyo resultado podría ser determinante para el futuro del edificio”.
