PAMPLONA. La organización promueve que se prohíba autorizar una transferencia de armas cuando exista riesgo sustancial de que se vayan a cometer violaciones del Derecho Internacional y de los Derechos Humanos.

Asimismo, se solicita que se dé una cobertura exhaustiva que incluya controles sobre todas las transferencias y sobre las armas, municiones, armamento y demás materiales, así como regulaciones sólidas de la concesión de licencias, transparencia y presentación de informes.

Cada año, dice Amnistía Internacional en un comunicado, se cometen unos 300.000 homicidios en conflictos no armados y en más del 60 % de las violaciones de derechos humanos documentadas por esta organización en una década se utilizaron armas pequeñas y ligeras.