BARCELONA. Más difícil les resultó consensuar el texto que aparecerá en las papeletas, aunque al final los partidos firmantes han optado por una doble pregunta encadenada: "¿Quiere que Catalunya se convierta en un Estado?" y en caso afirmativo, daría opción a una subpregunta que interrogaría a los catalanes sobre si quieren que "este Estado sea independiente".
Fue el presidente Artur Mas el encargado de anunciar el histórico acuerdo en un acto solemne en el Palau de la Generalitat junto a la vicepresidenta del Gobierno catalán, Joana Ortega, el portavoz Francesc Homs; Jordi Turull (CDC), el consejero Ramon Espadaler (UDC), Oriol Junqueras, Marta Rovira (ERC), Joan Herrera (ICV), Joan Mena (EUiA), David Fernández y Quim Arrufat (CUP), cuyos partidos deberán ratificar este acuerdo.
la pregunta Conocedor de las dificultades que la iniciativa va a encontrar en Madrid, Mas explicó que la pregunta pactada es "inclusiva" y "muy mayoritaria", a la vez que destacó que en solo dos días de negociación "discreta" se ha logrado consensuar la pregunta, la fecha y el procedimiento que se utilizará para pedirla, que abordará el Parlament la próxima semana.
El presidente catalán, que quiso agradecer el "sentido de país" de los partidos presentes en la reunión, afirmó que le hubiera gustado que el PSC hubiera estado en un acuerdo del que destacó su "trascendencia histórica y de futuro". Dijo que "todo el que quiera un cambio de estatus político de Catalunya lo podrá votar, y el que quiera que sea de forma independiente lo podrá votar". Asimismo aseguró que con este acuerdo se "rinde honor" a una demanda popular "que quiere ser expresada", a la vez que se cumple con el compromiso político de convocar una consulta para 2014.
respuesta a un clamor Respecto a la fecha elegida, Artur Mas comentó que se trata del día que entre todos han concertado como el que más convenía "al éxito del proceso democrático" y afirmó que "habrá tiempo" hasta entonces para que el Estado y sus instituciones y las instituciones catalanas convengan "la forma de hacer la consulta" de acuerdo con los marcos legales. En este sentido invocó a un "Estado de raíz democrática" que esté atento a un "clamor catalán", a una "mayoría parlamentaria y política sólida" y a un "pueblo que quiere votar en libertad y de forma pacífica".
Desde el Congreso, el líder de UDC, Josep Antoni Duran Lleida, consideró que sería "una barbaridad, un despropósito y un desacierto" que el Gobierno optara por aplicar el artículo 155 de la Constitución para suspender la autonomía. El portavoz de CiU admitió que ahora hay que buscar el amparo legal para que la consulta pueda celebrarse, y eso depende por una parte "de esta casa", en alusión al Congreso, y por otra del Gobierno, e insistió en que hay dos artículos de la Constitución que lo permiten.
Citó el artículo 150.2, que permitiría transferir a la Generalitat la competencia de la convocatoria de un referéndum, y el 92.2, referente a la autorización por parte del Congreso, para señalar que ambos permiten que haya un marco legal. Desde ERC, su presidente, Oriol Junqueras, reconoció que la pregunta no es la que hubiera querido su partido pero señaló que es la que representa y recoge "las sensibilidades de la mayoría de la sociedad catalana".
La respuesta del Gobierno español y del PP, secundada por el PSOE, no se hizo esperar. El primero en hacerlo fue el ministro de Justicia, Alberto Alberto Ruiz-Gallardón, quien en nombre del Ejecutivo garantizó que no se celebrará una consulta en Catalunya y advirtió de que la Constitución no autoriza someter a referéndum cuestiones que afectan a la soberanía nacional y corresponden a todos los españoles.
