En su página web, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) se define como una "organización apolítica de carácter benéfico asistencial". Sin embargo, a lo largo de sus 33 años de vida -fue constituida en 1981-, esta asociación no ha estado exenta de controversias que han puesto en entredicho los dos ejes básicos sobre los que pivota su argumentario: apolítica y benéfica.
El último escándalo afecta a la actual presidenta, Ángeles Pedraza, y a su mano derecha Miguel Folguera. Según publicaba esta semana El Mundo, socios de la AVT han denunciado ante la Fiscalía General del Estado irregularidades en la cúpula de la asociación. En concreto, reclaman que se investigue la creación de la Plataforma de Apoyo a la AVT, que está presidida por Folguera, una plataforma que recibe subvenciones públicas como los 30.000 euros que le concedió la Comunidad de Madrid.
La mano derecha de Ángeles Pedraza es un guardia civil que aseguró ser víctima de un atentado de ETA en Madrid en 1987, aunque desde el Ministerio del Interior no se ha podido certificar este hecho. Los denunciantes señalan que según la auditoria de cuentas de la AVT de 2011, "los gastos ocasionados por Folguera ascendieron a 15.806 euros y se incluía una gratificación periódica mensual de 800 euros por sus tareas de coordinación de eventos".
Una dieta mensual que según la asociación no existe. De hecho, la dirección de la AVT aseguró que Folguera no ha recibido ninguna asignación por su parte y emitió un comunicado en el que ligaba estas informaciones con la intención de Pedraza de presentarse a la reelección. "Se trata de un nuevo ataque contra el principal colectivo de víctimas con informaciones falsas que, curiosamente, solo aparecen cada dos años en la antesala de unas elecciones y justo cuando Ángeles Pedraza acaba de hacer pública su decisión de seguir defendiendo a las víctimas del terrorismo al frente de la AVT", señalaba.
Controvertido Alcaraz Peluquero de profesión, Francisco José Alcaraz fue presidente de la AVT desde 2004 a 2008, cuando presentó su renuncia por "motivos personales". Se acercó a la asociación después de que su hermano -guardia civil- y dos sobrinas de tres años perdieran la vida en el atentado de ETA contra la casa-cuartel de Zaragoza.
Nada más llegar a la presidencia presentó una demanda por un presunto quebranto económico próximo al medio millón de euros a las juntas que dirigieron la AVT entre 1997 y 2003, presididas por dos de las socias fundadoras, Ana María Vidal Abarca y Sonsoles Álvarez de Toledo.
Y es que a Alcaraz no tiene ningún reparo en acudir a los jueces "a defender el honor". Un diario digital aseguró que pese a no tener sueldo, cobraba 200 euros diarios en dietas, lo que venía a suponer una gratificación -que no sueldo- de 6.000 euros mensuales. Además, se señalaba que la mujer de Alcaraz, Mari Carmen Álvarez, que antes de integrarse en la AVT trabajaba en una pescadería, pasó a colaborar con el departamento jurídico de la asociación, cobrando 100 euros de dieta al día -3.000 mensuales- . Alcaraz llevó el asunto a los tribunales y tras varias sentencias el Supremo condenó al diario digital a pagar 1.800 euros a él y 900 a su mujer. Ante los jueces, Alcaraz aseguró que solo cobraba los gastos de gasolina desde Andalucía a Madrid y que dormía en una litera instalada en la sede de la asociación.
Daniel Portero, que fue miembro de la Junta Directiva de la AVT, denunciaba en un artículo publicado en mayo de 2006 que Alcaraz anteponía sus intereses personales a los de la asociación. Así , consideraba un "escándalo" que el entonces jefe de prensa -un hijo de Gotzone Mora- tuviera un "contrato blindado" por el que cobraba 3.000 euros mensuales. Asimismo, denunciaba que Alcaraz "ha mentido a los oyentes de bien" de la Cope para recaudar 560.000 euros para la AVT aduciendo que el Gobierno de Zapatero había denegado durante ese año subvenciones del Ministerio de Trabajo, lo que Portero aseguró que era falso.
Queda claro que las supuestas irregularidades en la AVT no son nada nuevo. Así, el 16 de abril de 2002 Ana María Vidal Abarca, que era presidenta de la AVT, dimitió de su cargo y ordenó levantar un acta notarial ante las "supuestas irregularidades" que se habían cometido por parte de algunas de las personas que componían la junta directiva.
Por primera vez en sus 22 años de vida se ordenó la realización de una auditoria de los últimos cinco años (1997-2002). En el punto de mira se encontraba el extesorero de la AVT, Juan Antonio Corredor. Según admitió el entonces secretario general de la asociación, Rafael Villalobos, Corredor había gastado 71.121 euros (12 millones de pesetas) durante un año con cargo a una tarjeta de crédito de la propia asociación.
