pamplona - La Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, junto a otros tres colectivos, presentará hoy en el Congreso de Diputados un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 206 de la Ley Hipotecaria que ha permitido que la Iglesia católica se haya apropiado en los últimos años de miles de bienes (más de mil solo en Navarra) que ellos consideran públicos. El colectivo navarro, junto a Redes Cristianas, Europa Laica y la Plataforma Mezquita-Catedral de Córdoba, entregarán en el registro del Congreso el texto del recurso de inconstitucionalidad para que lo firmen los diputados que lo deseen. Para poder presentarlo al Tribunal Constitucional es preciso que vaya firmado por al menos cincuenta diputados o senadores.
Las asociaciones promotoras aseguran que toman esta iniciativa ante la “pasividad de quienes deberían interponerlo”, los diputados y senadores, y recuerdan que la reforma de la Ley Hipotecaria que se tramita actualmente en las Cortes “consolidará la amnistía registral” de esos miles de bienes “del patrimonio histórico del país”.
La Ley Hipotecaria se aprobó en 1946, en pleno franquismo, y en su artículo 206 daba a la Iglesia católica la potestad de inscribir a su nombre bienes públicos mediante la propia certificación del obispo. No obstante, el Reglamento Hipotecario prohibía la inscripción de los templos, pero en 1998 el Gobierno de Aznar derogó ese artículo con lo que la Iglesia ha podido inmatricular cualquier bien: lugares de culto, viviendas, locales, almacenes, cementerios, frontones, terrenos, etc.
Según los promotores del recurso, la inconstitucionalidad de estas norma es “obvia” que incluso “un ministro como Gallardón ha tenido que tramitar su derogación”, señalan. El problema es que se ha hecho de tal manera que “legaliza el expolio” realizado por la Iglesia, pues cuando ese artículo se derogue “se incrementará la dificultad legal para exigir la anulación de las inmatriculaciones”, señalan. Por ello es necesario presentar el recurso de inconstitucionalidad antes.
De esta forma, la cuatro plataformas buscan “cincuenta diputados /senadores libres” que se liberen “de la obediencia ciega a lo que el partido proponga, que antepongan la libertad de pensamiento y acción al servilismo partidario y que actúen sin miedo”. En definitiva, se trata de que se presente un recurso de inconstitucionalidad en el que se exija “la nulidad de todas las actuaciones realizadas y se retornen los inmuebles a la situación previa a la inmatriculación”. A partir de ahí, la Iglesia, como cualquier otro ente jurídico, debería solicitar el registro a su nombre de los inmuebles que considere que le pertenecen y aportar para ello los documentos legales que lo acrediten. - P.G.
