Navarra mantiene la distinción de hijos predilectos o adoptivos a 12 franquistas, incluido el dictador

Integran esta ignominiosa lista siete generales que participaron tanto en la sublevación armada contra el legítimo Gobierno de la II República como en la cruenta represión posterior (Francisco Franco, José Solchaga, José Iruretagoyena, Francisco García Escámez, Rafael García Valillo, Ricardo Rada y Luis Orgaz); dos obispos que apoyaron con entusiasmo el golpe militar y justificaron la cruzada (Manuel Arce y Marcelino Olaechea); dos políticos incrustados en la dictadura (Tomás Domínguez, conocido como el conde de Rodezno; y Luis Arellano); y un peculiar orador que no se cansó de hacer propaganda del régimen que salió victorioso de la Guerra Civil (Federico García Sanchís).

Durante los casi 40 años del franquismo (18 de julio de 1936-20 de noviembre de 1975), la Diputación Foral otorgó el honor de ser nombrado hijo predilecto o adoptivo -la única diferencia entre estos dos títulos es que el primero se daba a los navarros o considerados como tales y el segundo a los foráneos- a 15 personas. Los galardonados fueron los 12 mencionados, además del ingeniero Serafín Huici, el cardenal Arcadio Larraona y el empresario y político Félix Huarte, según figura en la relación facilitada por el consejero de Interior, Javier Morrás, al parlamentario de Izquierda-Ezkerra Txema Mauelón. De esta quincena, solo los tres últimos no tienen las manos manchadas de sangre.

flagrante ilegalidad El mantenimiento de estas distinciones es a día de hoy una irregularidad flagrante. La Ley Foral 33/2013, de 26 de noviembre, de reconocimiento y reparación moral de las ciudadanas y ciudadanos asesinados y víctimas de la represión a raíz del golpe militar de 1936, dice en su artículo 11 que “el Gobierno de Navarra tomará las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura”. Y en el artículo 12 ordena a las Administraciones Públicas de Navarra a proceder, “en el plazo de un año, a revisar e invalidar todas las distinciones, nombramientos, títulos honoríficos y demás formas de exaltación de personas vinculadas con el régimen franquista, procediéndose en dicho plazo a realizar las diligencias oportunas que lo certifiquen”.

Superados más de 14 meses desde la publicación de esta ley, el Gobierno de UPN no solo no ha cumplido dentro del plazo de un año del que disponía para anular estas distinciones, sino que lo ha excedido ya en más de dos meses.

En su respuesta a Mauleón, el propio Morrás explica que en el Gobierno “se trabaja para dar cumplimiento a las determinaciones contenidas” en esta Ley Foral, pero no establece una fecha para hacerlo, pese a ser algo muy sencillo de materializar.

Con independencia de la pasividad del actual Ejecutivo regionalista en este tema, llama la atención que estas concesiones honorífcas estén todavía vigentes, y que ninguno de los sucesivos gobiernos navarros constituidos en estas cuatro décadas de democracia haya tomado la iniciativa de acabar con lo que es una humillación para las cerca de 3.500 víctimas mortales, vinculadas al bando republicano, que hubo en la Comunidad Foral y para la inmensa mayoría de la sociedad.

Hay que tener en cuenta que casi todos los condecorados habrían sido juzgados y condenados por sus crímenes a largas penas de prisión si hoy vivieran. Solo a Franco se le responsabiliza de centenares de miles de muertes, pero no es el único con multitud de cadáveres sobre sus espaldas.

Es el caso, por ejemplo, de Luis Orgaz, que entre 1939 y 1941 firmó numerosas sentencias de guerra en Barcelona, ejecutadas en el tristemente célebre Campo de la Bota, donde fueron fusiladas unas 1.700 personas, todos ellas pertenecientes al bando perdedor y a opositores a la dictadura franquista.

De todas formas no hay que irse tan lejos. En Pamplona, el general José Solchaga estuvo al frente de las sanguinarias Brigadas de Navarra, en las que tuvo un gran colaborador en su primo y también general José Iruretagoyena.

El caso de Solchaga al menos ha sido reparado parcialmente. El ambulatorio de la calle San Fermín de Pamplona llevó su nombre desde su inauguración en 1955, si bien en 2008 fue cambiado por el del prestigioso médico navarro Alejandro San Martín.

Menor ha sido la reparación con la plaza Conde de Rodezno, dedicada al influyente político franquista Tomás Domínguez Arévalo. Para espetar la Ley de Memoria Histórica desde marzo de 2009 esta plaza recuerda al conde de Rodezno de forma genérica, un título nobiliario español concedido en mayo del año 1790.

JOSÉ SOLCHAGA

se sublevó a las órdenes de mola

Dio nombre a un ambulatorio. José Solchaga Zala (Muniáin de la Solana, 1881-San Sebastián, 1953) fue uno de los militares navarros que participaron, a las órdenes del general Mola, en el Golpe del Estado contra la II República que provocó la Guerra Civil. Antes, había acumulado méritos en la Guerra de Marruecos (1899) y en la toma de Asturias (1934). Ya en plena contienda bélica, fue nombrado jefe de las sanguinarias Brigadas de Navarra (1937), donde se mezclaban soldados, requetés, falangistas, y ascendió a general. En septiembre de 1943, siendo teniente general, fue uno de los firmantes de la petición de restauración monárquica dirigida a Francisco Franco.

JOSÉ IRURETAGOYENA

primo de solchaga y su mano derecha

Fue alcalde de Pamplona. José Iruretagoyena Solchaga (Lodosa, 1879-Pamplona, 1960) procedía de una familia de tradición militar y de armas. Primo del general Solchaga, quien fue su jefe en la brigada de Infantería, operó en numerosos frentes durante la Guerra Civil. Combatió en Tolosa, dirigió el Frente Norte, mandó una columna en el Guadarrama y participó en las batallas de Brunete y de Teruel. Durante la cruenta contienda acumuló méritos para ser ascendido a general de brigada en febrero de 1939. Nombrado hijo predilecto de Navarra en 1939, fue gobernador militar de Valencia y alcalde de Pamplona desde el 13 de noviembre de 1946 al 15 de octubre de 1947.