madrid - La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal contemplará la obligación de que los jueces justifiquen en un auto su decisión de autorizar la detención incomunicada. Esta medida, que se introducirá a través de una enmienda transaccional, acompañará a otras “medidas de garantía” ya previstas, como la grabación de todo el proceso.

La norma incluirá además la obligación de que los arrestados incomunicados sean sometidos a dos revisiones médicas cada 24 horas para comprobar su estado físico y psíquico. El PP ha querido atender de este modo las críticas lanzadas por el grupos parlamentarios vasco, catalán y mixto que consideran que esta reforma legislativa constituye una oportunidad perdida para eliminar la incomunicación.

Consideran que el plazo establecido de cinco días crea “espacios de opacidad” que podrían fomentar los malos tratos o torturas a los detenidos y recuerdan que España ha sido condenada en varias ocasiones por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) por no investigar suficientemente las denuncias de presos por este motivo.

El proyecto de Ley prevé un periodo ordinario de seis meses de instrucción en causas sencillas y de 18 en complejas, con la posibilidad de prorrogarlo hasta los 36 meses. Esta medida ha sido criticada por el PSOE, que argumenta que recortar el tiempo de investigación es ineficaz, provocará dudas jurídicas y servirá para fomentar la impunidad.

La comisión de Justicia del Congreso aprobó la reforma de la ley y ahorá deberá ser debatida y aprobada por el Pleno del Congreso.

La oposición criticó la nueva norma y lamentó que el Gobierno haya optado por una reforma “parcial” de una norma que data de 1882 y que supone un “fiasco”, si bien el PP ha defendido la “modernidad” de su articulado. Entre las más de treinta enmiendas aceptadas, la reforma incorpora una transaccional de CiU sobre la detención y la prisión provisional para eliminar las llamadas penas de telediario.

“Se deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar el respeto a sus derechos constitucionales, al honor, intimidad e imagen en el momento de practicarse, así como en traslados ulteriores”, recoge el articulado.

Fuentes parlamentarias aseguran que esta propuesta no está motivada por ningún caso concreto, como el del exvicepresidente Rodrigo Rato, sino que persigue dar un trato “justo, respetuoso e igualitario” a todos los ciudadanos, pese a que la legislación vigente ya señala que el arresto deberá practicarse en la forma “que menos perjudique al detenido”.

prórroga de la instrucción Otra de las novedades introducidas tiene que ver con la prórroga de los plazos de instrucción que la reforma concedía en exclusiva al Ministerio Fiscal y que ahora también podrán solicitar todas las partes personadas en la causa: acusación popular, acusación particular, defensa y Abogacía del Estado.

El PP atiende así la petición unánime de los grupos de la oposición que durante el debate parlamentario han tachado de “inaceptable” esta medida, puesto que en muchas ocasiones “la Fiscalía conoce los procesos cuando están muy avanzados”. Asimismo, el texto incorpora una enmienda del PP por la cual los jueces estarán obligados a justificar en un auto la detención incomunicada de los detenidos, quienes, además, serán sometidos a dos revisiones médicas cada veinticuatro horas para comprobar su estado psíquico y físico.

De esta forma, el PP ha respondido a las críticas de la Izquierda Plural, PNV, CiU y Grupo Mixto que han denunciado que los períodos de incomunicación generan “espacios de opacidad” que pueden inducir a la práctica de malos tratos y tortura.

Además, se reduce de 24 a 18 meses la duración máxima de la intervención y registro de las comunicaciones durante una investigación judicial y también se establece que cualquier sentencia es susceptible de ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

Finalmente, algunos grupos han criticado la sustitución del término “imputado” por “investigado”, que pasará a “encausado” tras el auto de acusación, como Gaspar Llamazares, de la Izquierda Plural que ha dicho que se trata de “una medida estética para tapar la falta de contenido de la reforma”. “Con ‘investigado’ va a ocurrir lo mismo que con ‘imputado’”, ha aseverado Emilio Olabarría (PNV). “Es una sutileza sin relevancia que va a provocar los mismos efectos perversos”, añadió. - Efe/Europa Press