pamplona - El Govern ha sacado a concurso público la adquisición de papeletas y sobres para procesos electorales en los próximos cuatro años, después de sacar ayer adelante en el Parlament los presupuestos para 2017, que aluden a la celebración de un referéndum este año. La licitación del Departamento de Gobernación, que aparece publicada con fecha del miércoles en el portal de contratación de la Generalitat, señala que el encargo es para proveer en un periodo de cuatro años “el material electoral necesario para la celebración de elecciones al Parlamento de Cataluña”. En concreto, se refiere a la compra de sobres, papeletas, un manual de instrucciones para los miembros de las mesas e impresos electorales, todo ello con un presupuesto de licitación de 775.714,26 euros.
La licitación llega en plenos preparativos por parte del Govern para la celebración, como muy tarde a principios de otoño, de un referéndum sobre la independencia de Cataluña, una cita que la oposición ve inviable y que estima que acabará transformándose en unas elecciones anticipadas al Parlament antes de finalizar el año. Fuentes del Govern niegan que la licitación esté relacionada con el referéndum o se haga pensando en unas elecciones anticipadas y recuerdan que el ejecutivo ya no licita para cada cita electoral concreta, sino que establece un acuerdo marco durante cuatro años para tener seleccionadas las empresas a las que la Generalitat recurriría en caso de convocatoria electoral durante dicho periodo.
Después de que el miércoles el Parlament aprobara los presupuestos para 2017 con los votos de Junts pel Sí (JxSí) y la CUP, el portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, confirmó ayer que la próxima semana su grupo recabará las firmas de 50 diputados para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra las cuentas por dedicar una partida a la convocatoria de un referéndum.
En cambio, el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, defendió la constitucionalidad de los presupuestos, incluida la disposición adicional sobre el referéndum, ya que a su juicio “en la Constitución se recoge la posibilidad de hacer referendos”.
El grupo parlamentario de Catalunya Sí Que Es Pot ha presentado un escrito a la Mesa del Parlament para que suspenda la publicación de la ley de presupuestos y solicite un informe a los servicios jurídicos, ya que cree que las dos enmiendas aprobadas ayer sobre el referéndum, la suya y la de la CUP, son “contradictorias”.
Ambas fueron aprobadas con el apoyo de JxSí, pero mientras la de la CUP aludía a un referéndum sin mencionar ningún marco legal en concreto, la de Catalunya Sí Que Es Pot sí estipulaba que la convocatoria debe hacerse bajo las “condiciones establecidas” por el Consejo de Garantías Estatutarias, que consideró inconstitucional la disposición adicional que hacía alusión al referéndum.
Por otra parte, las fuerzas independentistas salieron al paso de unas declaraciones del exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo en las que destacó las dificultades de los soberanistas para encontrar apoyos internacionales a su causa: “Ellos han reconocido, cosa que me ha gratificado, que en la escena internacional han perdido en todo”. “Nadie sabe el esfuerzo que ha costado eso y los favores que debemos a una cantidad de gente por haber logrado las declaraciones que han hecho, porque lo normal, cuando te plantean un tema de otro Estado, es decir: ‘Oiga, esto es una cuestión interna, resuélvalo usted’. Y esto ha costado mucho trabajo”, dijo el exministro.
El presidente catalán, Carles Puigdemont, consideró muy grave la afirmación de García-Margallo y exigió que dé explicaciones “de los recursos usados, las promesas hechas y con qué autoridad y legalidad las hizo”. “Espero que la indignación aumente hasta tal punto que mañana mismo exijan la comparecencia de Margallo, hagan una comisión de investigación y, si conviene, lleven el caso a la Fiscalía”, afirmó Puigdemont. - D.N.
13
meses de inhabilitación
El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, dio traslado ayer a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, de la sentencia que inhabilita al portavoz del PDeCAT en la Cámara baja, Francesc Homs, durante un año y un mes por desobediencia en el 9-N.
