pamplona - El exministro del PSOE Miguel Sebastián tiene previsto ultimar con sus abogados una demanda judicial dirigida contra el BBVA, a quien acusa de contratar al excomisario José Manuel Villarejo para utilizar sus informaciones con fines ilícitos. “La guerra ha comenzado”, aseguró ayer a un grupo de periodistas en una conversación informal.
El exiministro se refirió a las informaciones publicadas por Moncloa.com y El Confidencial en las que aparecen audios e informes de Villarejo, en concreto una noticia de este miércoles que señala que el excomisario actualmente encarcelado trató de desprestigiar a Sebastián aludiendo a su vida privada. “Lo publicado es sencillamente patético y grotesco. La pregunta es si realmente se han gastado cinco millones de accionistas del banco BBVA en todo esto”, censuró, tras negar que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero hubiera intentado controlar el BBVA.
El banco, con Francisco González al frente, ordenó al comisario que investigara la vida privada de Sebastián y otros altos dirigentes del Gobierno de Zapatero para tratar de volar por los aires la operación de asalto al banco que lanzaron, según los citados medios, el PSOE y la constructora Sacyr a finales de 2004. En la llamada operación Trampa, financiada por la segunda entidad de España con al menos 517.600 euros, el agente encubierto indagó en supuestas relaciones sentimentales del entonces jefe de la Oficina Económica de Moncloa y también rastreó o fabricó conversaciones en las que se realizaban comentarios sobre cuestiones íntimas del ministro de Asuntos Exteriores en aquella etapa, Miguel Ángel Moratinos.
El propio jefe de Seguridad Corporativa de BBVA, Julio Corrochano, habría pedido a Villarejo que pusiera en marcha más “acciones agresivas” y “desestabilizadoras” para provocar que descarrilaran las maniobras del llamado Grupo Hostil (Luis del Rivero, Juan Abelló, Carlos Arenillas, José Pérez, Pedro Solbes, Fernando Martín y Miguel Sebastián, fundamentalmente) para tomar el control de la entidad, como demuestra una grabación realizada por el comisario y desvelada ya por este diario.
Según consta en varios de los informes de la operación Trampa, Villarejo informó al BBVA de que Sebastián, que nunca ha ocultado su condición de homosexual, habría tenido contacto “con un cubano llamado Iván que trabaja en un pub de la plaza de Chueca”. El comisario aseguró que esa relación se habría producido al margen de otra más estable. Lo que Villarejo hizo fue suplantar la identidad del supuesto Iván para enviarle “textos de contenido sexual” tanto a Sebastián como a su pareja en ese momento. Para generar aún más tensión, Villarejo anunció a BBVA que en los siguientes días el supuesto Iván remitiría nuevos mensajes a Sebastián amenazándole “con salir a contar a un programa de telebasura” su relación. El comisario trasladó al banco que esta maniobra estaba generando la desestabilización que buscaba González. “Según parece”, escribió Villarejo en el informe, “esta actuación le está provocando inseguridad y está empezando a ponerse nervioso.
Además inició una campaña de “hostigamiento” que consistió en la difusión de “bulos” y “rumores” sobre los enemigos de Francisco González. En el caso nuevamente de Sebastián, esa campaña llevó al comisario a planear divulgar falsas noticias. Aprovechando su afición por los animales exóticos, quería difundir que poseía en su casa serpientes venenosas sin autorización ni control. - D.N.
Bárcenas ratifica el robo de datos
El chófer y el Gordo. El extesorero del PP Luis Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias, declararon ayer ante el juez del caso Villarejo como perjudicados por el robo de información comprometedora para el PP que sufrieron tras una operación orquestada por el Ministerio del Interior en la época de Jorge Fernández Díaz al frente del departamento. Ambos ratificaron sus sospechas del robo de información como ya hicieron ante el juez de la caja B y Bárcenas precisó los momentos en que su chófer, Sergio Ríos, pudo robar los papeles que acabaron en manos de la brigada política. Además, el juez impuso ayer medidas cautelares tanto al comisario Andrés Gómez Gordo, próximo a María Dolores de Cospedal para quien trabajó como asesor, tras escuchar sus declaraciones y les prohibió abandonar el territorio nacional. Ríos señaló a Gómez, el policía que contactó con él para convertirlo en el topo de la operación Kitchen.
