Pamplona - Con la mayoría de las encuestas pronosticando su ascenso, Vox ha logrado imponer su agenda política nacional al resto de formaciones de derechas. PP, Cs y el partido de Santiago Abascal unieron sus votos para aprobar en la Asamblea de Madrid una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno de España a “la ilegalización inmediata” de los partidos separatistas “que atenten contra la unidad de la Nación”. La votación, sin carácter vinculante ni ejecutivo, por lo que carece de efectos prácticos, tiene un fuerte valor político y simbólico. Pese a sus críticas a la propuesta, ya que es el Tribunal Supremo y en última instancia el Constitucional quien decide sobre la legalidad de las formaciones políticas, el PP y Cs, socios de UPN en Navarra Suma, han asumido las tesis de Vox con respecto a las formaciones independentistas vascas y catalanas. Con las elecciones generales en el horizonte, la votación refleja que los tres partidos de derechas compiten por ver quién hace el discurso más duro contra el soberanismo.
Con este acuerdo de la Asamblea de Madrid y bajo el silencio de UPN, formaciones políticas como Geroa Bai y EH Bildu, que tuvieron el respaldo de 390.432 votos en las elecciones de mayo (279.478 votos en las municipales de la CAV, a los que hay que sumar 110.954 de las forales de Navarra), estarían amenazadas. Los datos, correspondientes a las últimas citas electorales en cada uno de los territorios, se dividen de la siguiente manera: EH Bildu obtuvo 279.478 votos en total, sumando los resultados en Bizkaia (122.097), Gipuzkoa (120.488) y Álava (36.893). En Navarra, en las forales, Geroa Bai fue tercera fuerza con 60.323; y EH Bildu, cuarta, con 50.631. En total, más del 30% del electorado y solo a 15.000 votos de las derechas agrupadas en Navarra Suma.
La proposición, promovida por el grupo parlamentario de Vox y que tuvo el rechazo de PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos en pleno, también insta a la UE a que “inscriba a los denominados como CDR (Comité para la Defensa de la República) en la lista de organizaciones criminales y terroristas”, remitiendo a tal fin un expediente con los datos relativos a la investigación judicial seguida por la Audiencia Nacional. Además, han urgido a suspender “cualquier pago y en su caso revocar y ordenar el reintegro de todo tipo de subvenciones o ayudas públicas que pudieran estar percibiendo de cualquier organismo público autonómico, los denominados CDR o cualquier otra asociación u organización que tenga relación directa o indirecta con la misma”.
En el debate parlamentario, el diputado de Vox José Ignacio Arias justificó la presentación de esta iniciativa aludiendo a “las centenares de imágenes y testimonios que desde hace más de dos años se están produciendo en Catalunya”, e hizo especial hincapié en las declaraciones de los CDR detenidos. “La culminación de todos los actos violentos, tenencia de sustancias para fabricar explosivos, la tenencia de armas de guerra con el objetivo de asaltar el Parlamento catalán para que el señor Torra se pudiera atrincherar después de proclamar la República no ofrecen dudas”, dijo.
A pesar de su voto favorable, la diputada de Ciudadanos Araceli Gómez criticó a Vox por su propuesta al decir que “está sobre la mesa el debate de su propia ilegalización por atentar contra el ordenamiento jurídico, contra valores constitucionales como la igualdad y la no discriminación”.
Por su parte, la parlamentaria del PP Yolanda Ibarrola afeó a Vox el “tinte electoralista” de su iniciativa a tres días de los comicios generales del 10-N.. A pesar de que comparten la finalidad perseguida por la iniciativa, a su parecer está presentada con una redacción “de brocha gorda”.
El diputado de Unidas Podemos Tito Morano cree que la proposición, que tildó de “fascista”, se basa en “una normativa legal de Franco y de Mussolini”. “Les pido a PP y Ciudadanos que no sigan bailando al sol que toca Vox porque es un son de marchas militares”, emplazó. Por su parte, el portavoz de Más Madrid Pablo Gómez Perpiyà sostuvo que Vox ha pasado “una línea roja” y calificó al iniciativa “esperpento político y legal”.
Para el parlamentario del PSOE José Manuel Uribes se trata de una proposición “improcedente formal y legalmente”, no solo por el lugar sino por “los valores o los contravalores que esconde”. “En una democracia de verdad las ideas no delinquen, salvo que expresen odio; delinquen los hechos, no las palabras. Esta es la grandeza de nuestra democracia constitucional”, concluyó. - D.N. / Fotos: Efe
