Navarra y la CAV caminan de la mano en reparación de víctimas

La consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo, rubricará junto con la consejera de Justicia del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal, y la directora del Instituto Gogora, Aintzane Ezenarro, un documento que, de alguna manera, va a servir para poner negro sobre blanco algo en lo que ambas administraciones trabajan con buena sintonía desde 2015, cuando Navarra y la CAV se pusieron al frente de las políticas de memoria en todo el Estado.

El convenio que se firma este miércoles tiene una duración de cuatro años -prorrogables a otros cuatro si hay acuerdo conjunto- y es la percha jurídica que sujetará la colaboración conjunta en materia de memoria entre Gobiernos, algo que se produce con normalidad y que no se limita a la CAV, sino que se quiere extender también a otros territorios como La Rioja y Aragón cuya colaboración, por cercanía geográfica y buena vecindad, se ve importante para la localización de fosas o el rastreo de casos.

El convenio establece tres áreas de actuación muy concretas en la segunda línea de la administración. Es básicamente un acuerdo de colaboración entre equipos técnicos, que en Navarra han permanecido invariables desde 2015 pese al cambio de Gobierno.

TRES NIVELES

El primer ámbito de colaboración tiene que ver con la memoria. Es el más importante, y supondrá un flujo constante de información entre el Instituto Navarro de la Memoria -al frente del que está el historiador Josemi Gastón- y el Instituto Gogora. La letra del convenio deja claro que lo que harán será "intercambiar información sobre víctimas de la represión franquista, a través del banco de ADN y centros de documentación"; desarrollar "proyectos de investigación" de forma conjunta; organizar exposiciones; y compartir el fondo audiovisual de víctimas del terrorismo, siempre que se tenga autorización de los afectados. Hay otro aspecto que establece el convenio: la CAV está interesada en el programa navarro de Escuelas con Memoria, y el convenio establece implantación.

El segundo pilar de colaboración se hace en materia de atención a las víctimas. La CAV ha sido pionera en este servicio, y en Navarra lo desempeña desde 2015 Blanca Burusko. Concretamente, el convenio propone trabajar en reparaciones integrales de víctimas, con la adopción de medidas conjuntas en materia de indemnizaciones y prestaciones. Además, Navarra y la CAV trabajarán para fomentar la presencia de víctimas en centros educativos, donde se quiere sensibilizar sobre los derechos de las víctimas.

La última pata tiene que ver con el servicio de Convivencia, al frente del que en Navarra está Txema Pérez. Hay varios puntos de trabajo que se quieren hacer conjuntamente. El primero, apoyarse entre ambas administraciones para desarrollar planes de convivencia, ahora que Navarra trabaja en el suyo propio -del que la derecha se ha autoexcluido-.

La colaboración conjunta comienza ya. O, mejor dicho, continúa desde ya. En el plazo máximo de tres meses, ambas administraciones crearán una comisión de seguimiento. Y aunque el convenio no recoge de forma expresa cómo será la financiación, sí que se establece que los proyectos conjuntos se negociarán en cada caso y se hará un reparto acorde a la participación de cada órgano.

"EN NAVARRA EMPEZAMOS A TRABAJAR ANTES QUE EL RESTO Y AHORA SOMOS UNA REFERENCIA"

¿Cuáles son las prioridades de la dirección de Paz y Convivencia?

-Sobre todo en memoria crítica, atención a víctimas y convivencia. Usamos la memoria crítica, y en los últimos 50 años quienes más han vulnerado Derechos Humanos ha sido ETA, para que no se repitan esos horrores. La columna vertebral es esa, y a todo esto le queremos sumar el trabajo con instancias internacionales. Vamos a trabajar con el relator de la ONU y la Unión Europea.

¿Por qué Navarra y la CAV están a la cabeza de las políticas de memoria en todo el Estado?

-La represión se produjo en todo el Estado, pero cada territorio es singular. Ahora hay una actuación en el cementerio de Sevilla, que la está haciendo la Sociedad de Ciencias de Aranzadi con colaboración económica del Gobierno de España, en la que hay 3.000 cuerpos. Lo que pasa es que en muchas comunidades no hay una legislación específica. Ahora empieza a haberla. Aquí tenemos una ley de memoria, pero en la CAV no, precisamente se está trabajando ahora. Cada territorio es singular. Otra clave es que hasta ahora no ha habido una coordinación por parte del Gobierno central. Navarra fue pionera porque como no lo hacía el Estado, lo hacían territorios como Navarra. Aquí tenemos la experiencia de la legislatura pasada.

¿Cómo se ha recibido el aval del Constitucional a la ley de abusos policiales?

-Con satisfacción, por supuesto. Es una sentencia sin fisuras. La ley es válida y es un instrumento para trabajar, y no la teníamos por bloqueos judiciales. Vamos a trabajar desde ya en el desarrollo. El primer paso es crear la comisión de víctimas, eso es un paso que corresponde al Parlamento. La comisión está compuesta por 9 personas: 5 de la Administración, dos forenses, un psicólogo, y yo como director. Pero luego hay cuatro miembros que los elige el Parlamento. Hay que elegir a esos cuatro, y lo vamos a hacer sí o sí.

¿Cómo interpreta la creación, por parte de UPN, de una asociación memorialista propia?

-Vivimos en un país democrático y que cada quien se reúna como quiera. Es verdad que para nosotros es muy importante que la memoria no sea oficial, sino plural. Pero siempre tenemos que partir del respeto a unas reglas mínimas, que es reconocer que hubo una vulneración de Derechos Humanos contra un colectivo solo porque pensaban diferente. Bienvenidos los que quieran trabajar por la memoria histórica. Los que no son bienvenidos son los que usen asociaciones para atacar la memoria histórica. Estamos expectantes de ver por qué línea va a ir. Si es una voz más en medio de la memoria, bienvenidos. Si se usa para atacar la memoria y la dignidad de las víctimas, no será bienvenida. Pero no quiero juzgar qué van a hacer.