Pocas cosas han suscitado más unanimidad en Navarra que la reclamación de una vieja competencia: la de Tráfico para la Policía Foral.

Históricamente, todos los políticos navarros, independientemente del color que fuesen, han estado de acuerdo en reclamar la vuelta de una competencia que arrebató el franquismo en 1962.

Pero la deriva centralista de UPN dentro de Navarra Suma, donde están el PP y Ciudadanos, le ha llevado a Javier Esparza en alguna ocasión a situarse fuera del consenso por mero interés partidista. Una de las últimas veces, después de que el PSOE y el PNV incluyeran el traspaso como un requisito para el pacto de investidura en 2019.

Da igual que se trate de una petición largamente reclamada y precise de un último empujón. Esparza le dio la vuelta al anuncio y en lugar de una buena noticia lo consideró un "escándalo", porque a su juicio suponía que el PSOE accediera a "echar a la Guardia Civil". "Es el colmo de la desvergüenza", dijo en un tuit.

Es cierto que UPN dice que quiere la transferencia. La reclama, pero ve fantasmas por todos lados y es mucho más receloso que antaño.

De hecho, Esparza aboga por que la competencia la tenga Navarra, pero que la gestión siga siendo compartida entre Policía Foral y Guardia Civil.

SANZ, EN EL 94: "PREFIERO QUE EL SERVICIO LO DÉ LA POLICÍA FORAL"

Poco que ver con el discurso de UPN en 1994, cuando Miguel Sanz, de aquellas consejero de Interior, abogaba no solo por el traspaso, sino por el repliegue de la Guardia Civil.

“Como navarro y como creyente en el autogobierno, prefiero que el servicio me lo dé la Policía Foral que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, aseguraba Sanz en una comisión en el Parlamento de Navarra.

“Si el Estado decide replegar sus fuerzas y utilizarlas en otra parte de España, estaremos encantados”, decía, tranquilo, el que luego fue más de una década presidente del Gobierno de Navarra y UPN.

De hecho, esta reivindicación ya estaba presente en el primer Plan Director de la Policía Foral elaborado por el Gobierno de UPN en 1994, entonces bajo la presidencia de Juan Cruz Alli y con Miguel Sanz como consejero del ramo.

El documento, que rige la organización y las funciones que va a tener la Policía Foral en esos años, fue aprobado por el Parlamento el 28 de junio de aquel año.

Lo hizo con una resolución en la que se recoge, con los votos de UPN, EA e Izquierda Unida, y las abstenciones y voto en contra según los puntos de debate de PSN y HB, que la Policía Foral sería "una Policía de Navarra" que ofrecería "un servicio íntegro y completo" en materia policial.

Se subrayaba que, tal y como recoge la ley del Amejoramiento, debe ser "un cuerpo integral", para lo que el Gobierno de Navarra deberá "negociar con el Estado" tanto el ejercicio de las competencias como su financiación vía Convenio Económico.

Todo ello, concluye el Parlamento, "deberá ir produciendo en la misma proporción que la Policía Foral sea desplegada, el repliegue de las Fuerzas de Seguridad del Estado, con la valoración económica y repercusión correspondiente a través del cupo a pagar al Estado".