La Gamazada fue una movilización modélica por su origen, naturaleza y objetivos, no así por sus consecuencias, que se vieron mermadas por el caciquismo imperante en la Navarra recién convertida en provincia, donde las carteras públicas fueron a menudo impuestas o elegidas a dedo.
La oposición de Navarra a las medidas del ministro de Hacienda Germán Gamazo constituyen la respuesta de un pueblo a un Gobierno que pretendía financiar la defensa de un imperio que se hundía y que finalmente se hundió― mediante el incremento de los impuestos a la ciudadanía. Los diputados de todo el arco político navarro consideraron el decreto de Gamazo como un contrafuero, una medida injusta y contraria a las leyes e intereses de los navarros.
Pero la Gamazada fue, sobre todo, un movimiento popular. Todo el pueblo navarro se unió en torno a la defensa de los últimos vestigios de la independencia del reino. Este esfuerzo demostró ser efectivo y útil, y los navarros lograron frenar los excesos de una presión fiscal excesiva y una política fiscal injusta. El carácter unitario, interclasista y masivo de la Gamazada, confirió a los hechos que tuvieron lugar entre mayo de 1893 y febrero de 1894 una dimensión aglutinante, la imagen de un pueblo reunido frente al abuso del gobierno de Madrid.
Es preciso entender la Gamazada en su contexto histórico. A pesar del Estado de excepción impuesto al término de la Segunda Guerra Carlista en 1876, de las medidas extrajudiciales y del vasto exilio resultante, 1876 estaba aún muy fresco en el alma del pueblo en 1893. Gamazo quiso imponer a Navarra las contribuciones, rentas e impuestos que regían “en las demás provincias” tan sólo 17 años después de la última carlistada, cuando el pueblo navarro no había asumido aún la pérdida de la administración privativa de sus asuntos internos.
Por ejemplo, el primer código civil del Estado español precede tan sólo en cuatro años las medidas de Gamazo. Con anterioridad había regido sólo la ley foral.
En 1893, los navarros querían seguir siendo lo que habían sido durante mil años, lo único que eran, navarros. Sólo en ese contexto se entiende su reacción, y la de “sus hermanos, los valientes alaveses, vizcaínos y guipuzcoanos”. Es preciso entender que los naturales del reino nunca habían servido en el ejército español ni pagado impuestos a un gobierno español hasta 1878. Así lo afirmó Nicolás Vicario y de la Peña en su Memoria acerca del servicio militar de los vascongados al afirmar que durante todo el siglo XIX la cuestión foral estuvo sobre el tapete, siendo objeto de continuas y opuestas discusiones. En especial, durante la segunda mitad del siglo, “se vino hablando en España, con insistencia, de los privilegios odiosos e irritantes que disfrutaban los vascongados, la exención de contribuciones y la exención de quintas; se clamó contra ellos, se ponderó la necesidad de abolirlos y se suprimieron en los primeros días de la restauración”. El propio Cánovas del Castillo entendía que los navarros poseían su propia ordenación legal, y entendía que el carlismo había pretendido “imponer” este orden al resto de los pueblos del Estado: “No falta quien diga, y con razón, que es cosa irritante el que ciertas provincias por sí solas, y más siendo privilegiadas, quieran imponer rey y leyes al resto de la nación”.
Pero lo que desde Madrid se veía como “la necesidad de abolir esos irritantes privilegios”, desde Navarra se consideraba como “la defensa de la independencia del reino”. Y así era: Los fueros de Navarra constituían los pilares jurídicos de un Estado soberano. No lo digo yo, lo dijeron, escribieron y publicaron los síndicos de ambos reinos de Navarra, el peninsular y el continental, en 1789 y en 1840.
Pago de impuestos
La exención de pagar impuestos en Castilla y “la sabia organización militar” de los navarros desapareció cuando ciertas leyes dispusieron que la constitución política había impuesto “siempre” a todos los ciudadanos acudir al servicio de las armas y de contribuir en proporción de sus haberes a los gastos del Estado. Pero ese “siempre” constitucional significaba “nunca” en el vocabulario legal y político foral. Los deberes impuestos por las diversas constituciones españolas no habían regido en Navarra: sus naturales “siempre” habían tenido el deber de contribuir a las arcas del Estado navarro; y durante ese “siempre” de mil años rindieron el servicio de armas según la legislación del reino y bajo una única bandera, la de Navarra.
Cánovas del Castillo especificó las razones de la abolición de los fueros en el preámbulo de la real orden de 6 de abril de 1876. Impuso sus condiciones sin concesiones. Cánovas entendía que los costes que la guerra había provocado a las arcas del Estado los debían pagar Navarra y el resto de los territorios carlistas; y se hizo eco de “las manifestaciones inequívocas de la opinión pública española”, que se pronunciaba para que “se corone inmediata y definitivamente la grande obra de la unidad nacional”. En este sentido, Cánovas entendía que era preciso aplicar el articulado de las leyes de 1839, 1841 y 1876 y abolir los fueros de Navarra para resolver “en toda su plenitud” el problema de la unidad del estado. En términos jurídicos eso significa que para que España se convirtiera en un Estado Navarra debía de dejar de serlo. Y significa que Cánovas era consciente de que Navarra era un Estado soberano.
Ley abolitoria
Dicha ley abolitoria “tronchó el frondoso árbol de las instituciones forales”, y fulminó la independencia del reino. Nadie puede dudar que los navarros nunca habían servido en el ejército español ni habían pagado impuestos a las arcas del Estado por dos razones fundamentales: Con anterioridad al siglo XIX, los navarros eran únicamente naturales del Estado navarro y, como naturales de un Estado soberano con territorio, aduanas, legislativo, judicial y ejecutivo propios, y una administración, moneda y política fiscal privativa, los navarros pagaban sus impuestos dentro de las fronteras de su nación, que era el reino de Navarra. Y esto fue así desde 824 hasta 1841. Después de diez siglos de independencia, y 17 años después de la última guerra carlista, el artículo de Gamazo no era algo que el pueblo estaba dispuesto a digerir.
Sólo así, dentro de este contexto histórico, se entiende la tenaz oposición de este pueblo a pagar impuestos a las arcas del Estado y su profundo deseo de independencia. Simplemente, eran y se consideraban naturales de un estado navarro. Un sentimiento que aún sigue vivo.
Este hecho explica asimismo que la Gamazada es, sobre todas las demás cosas, un movimiento popular que unió al conjunto del pueblo. Todo el arco político se soldó en torno a la defensa de dos de los pilares de la independencia del reino, y demostró que la unidad resultaba efectiva, útil y satisfactoria. La Gamazada fue, además, un movimiento popular que unió a los habitantes sin distinción en términos de identidad social, ideológica o política demostrando que un pueblo unido puede vencer las más adversas circunstancias políticas.
Una lección histórica para la reflexión: La división entre bandos enfrentados en 1512, en 1833 y en 1872 generó catastróficos corolarios de los que seguimos siendo víctimas: somos hijos de un pueblo sin Estado. Sólo el acuerdo nos permitirá recuperar la soberanía que nos corresponde como pueblo y el espacio político que nos corresponde como nación.
