Los partidos que sostienen al Gobierno de Navarra evitaron este lunes cuestionar el nombramiento de Óscar Chivite como consejero de Cohesión Territorial pese a que sigue siendo propietario y administrador de una empresa vinculada al sector de la construcción. Según ha señalado el Gobierno, y ayer reiteró el PSN, Chivite está en proceso de deshacerse tanto de su participación en la sociedad como de sus responsabilidades administrativas en la misma, para lo que tiene dos meses de plazo.
Un argumento que cuestiona UPN, que limita el plazo a la venta de la propiedad, pero no a las responsabilidades de gestión, que debía haber delegado antes de ocupar el cargo. Motivo por el que ha reclamado su cese y ha pedido que la Oficina Anticorrupción del Gobierno de Navarra tome cartas en el asunto, porque “las oficinas anticorrupción se crean para actuar, aunque al Gobierno no le venga bien”. Su portavoz, Javier Esparza, consideró además que Chivite “no ha dado explicaciones suficientes”. “Antes de ser consejero tienes que haber abandonado el cargo. Navarra no es su cortijo, queremos que haya un tercero que diga, esa oficina Anticorrupción que se pronuncie”, señaló.
Sin embargo, los tres grupos que sustentan el Gobierno, PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, así como EH Bildu, abogan por esperar a que el consejero cumpla con la ley en los dos meses de plazo que tiene. “Vamos a dejar que el consejero dé las explicaciones necesarias”, señaló Laura Aznal (EH Bildu).
Los socialistas por su parte restan importancia a una polémica que limitan a un trámite administrativo que está ya en proceso. “Una cosa es la propiedad de empresa, en la que tiene dos meses para deshacerse de ella y otra es la administrativa, en la que no pone en la ley tiempo, pero ya está trabajando para ello”, explicó el socialista Ramón Alzórriz.
