El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado con el apoyo de todos los grupos excepto Vox, que ha votado en contra, la modificación la Ley Foral General Tributaria en transposición de una directiva europea que establece nuevas obligaciones de información respecto de los operadores de plataformas digitales.
El consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, ha explicado que los cambios introducidos por la Directiva (UE) 2021/514 en torno a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad busca como fin último "obtener más información fiscal por parte de los operadores digitales" .
A través de la modificación de la Ley Foral General Tributaria se establece que las referencias a funcionarios y administración tributaria se entenderán hechas a los funcionarios o, en su caso, a la Administración tributaria Foral de Navarra de acuerdo con las competencias y atribuciones previstas en el Convenio Económico.
Esta reforma afecta de manera puntual a los mecanismos transfronterizos de planificación fiscal en el sentido de imponer a los intermediarios obligados el deber de comunicar a todo obligado tributario interesado que sea persona física que la información sobre este será suministrada a la Administración tributaria y transferida con arreglo a la Directiva 2011/16/UE.
La Directiva (UE) 2021/514, ha indicado Arasti, tiene como principales objetivos "mejorar el marco existente en el intercambio de información y la cooperación administrativa" en la Unión Europea así como "ampliar la cooperación administrativa a ámbitos nuevos.
De esta manera pretende abordar los "desafíos que plantea la digitalización de la economía" y ayudar a las administraciones a "recaudar los impuestos de una forma más eficiente", ha señalado.
Se establece una nueva obligación de informar respecto a los operadores de las plataformas digitales aplicando procedimientos de diligencia con especial atención a la residencia para verificar y tratar la información de los vendedores que operan en sus plataformas o que prestan servicios a usuarios.
Por su parte las plataformas deberán identificar a los propios operadores y vendedores, las actividades que desarrollan, el pago al vendedor y la identificación de las cuentas de cobro así como los tributos, comisiones, tarifas u otras cantidades.
Esto, ha especificado, se aplicará al arrendamiento y cesión temporal de bienes inmuebles y medios de transporte, servicios personales y de venta de bienes y se presentará en el mes de enero siguiente a la transacción.
Ha aclarado que quedan exentas las administraciones y las cotizadas así como los operadores que prueben que han comunicado la información por vía de otros operadores y las plataformas que están domiciliadas en países con convenios de intercambio de este tipo de datos con la UE.
El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha trasladado que "la digitalización impone unos retos importantes" y "ha abierto agujeros fiscales" generando un "importante opacidad", situación que intenta atajar esta normativa.
Desde Geroa Bai Mikel Asiain ha reconocido que comparten "en líneas generales" los objetivos marcados y que están obligados a la trasposición de esta directiva, si bien ha mostrado sus dudas sobre si esto "conlleva una merma de la capacidad de la normativa para una Hacienda propia" como la Navarra suponiendo una "cesión de competencias".
Por parte de Contigo Zurekin Miguel Garrido ha considerado que este cambio "es un avance" pero "no es suficiente" ya que las empresas están aprovechando la nueva realidad digital para "eludir impuestos o pagarlos en zonas con una fiscalidad mucho más baja".
Por su parte Emilio Jiménez, de Vox, ha manifestado que no está de acuerdo con esta modificación porque "se pueden invadir competencias y potestades tributarias estatales y que la Comunidad Foral" que "deben respetarse".
El resto de grupos se han limitado durante su intervención a trasladar su voto a favor de la modificación.
